La aplicación parcial del 155 no solo es un instrumento necesario para recuperar la normalidad democrática y el autogobierno, sino que con la celebración de elecciones el próximo 21D, debería ser un punto de partida para recuperar la estabilidad económica y relanzar el crecimiento. El nuevo escenario post 21D debería permitir a los sindicatos catalanes liberarse de la tela de araña secesionista que los tiene atrapados desde hace más de un lustro y recuperar su agenda reivindicativa.
Es muy preocupante que la llamada "nueva izquierda" catalana, instalada en una ambigüedad calculada que siempre beneficia al secesionismo, haya convertido la denuncia a la aplicación del 155 en el eje de su acción política, ocultando las repercusiones profundamente negativas del procés soberanista sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad catalana.
Es urgente que los sindicatos abandonen cualquier tipo de colaboración con el secesionismo y se posicionen a favor de recuperar sus señas de identidad, asumiendo las reivindicaciones de los centros de trabajo
Por estricto sentido de la responsabilidad, los sindicatos CCOO y UGT deberían atreverse a plantear que el 155, con una aplicación limitada en sus contenidos y en el tiempo, es la manera más rápida y eficaz de acabar con las nefastas consecuencias de un procés que ha tenido un importante impacto negativo sobre diferentes sectores industriales y de servicios de la economía catalana, sin que hasta ahora los sindicatos lo denunciaran. La paralización de nuevas inversiones en la factoría de la Seat en Martorell, las incertidumbres que se añaden al proceso de fusión de los dos gigantes ferroviarios europeos Alstom y Siemens con importantes centros productivos en Cataluña, la afectación sobre el crecimiento de mercados claves en la era digital (cloud computing, comercio electrónico, dispositivos móviles, publicidad online, inteligencia artificial, plataformas sociales), los interrogantes sobre el futuro del Mobile World Congress 2018 en Barcelona, la caída de la actividad en el sector de la hostelería y de las ventas en los principales nudos comerciales de la ciudad, los graves daños causados a la industria turística... son sin duda algunos de los efectos económicos más negativos de la non-nata declaración unilateral de independencia (DUI).
Como constatan diversos medios de comunicación, "el liderazgo del PIB a nivel autonómico puede trasladarse de Cataluña a Madrid si no cesa el goteo de empresas huyendo de la tensión secesionista, hasta la fecha, siete de cada diez empresas que han anunciado su traslado a raíz del 1-O han elegido la Comunidad de Madrid para ubicar su sede social".
Se trata de reformar la Constitución para que se encuentren cómodos los trabajadores, no solo los territorios
Ha llegado el momento de que los sindicatos catalanes recuperen sus agendas reivindicativas y pongan encima de la mesa propuestas creíbles e inteligentes. Sugiero entre otras exigir la puesta en marcha del Pacto Nacional por la Industria (PNI), superando los aspectos puramente propagandísticos del Govern destituido (una verdadera máquina de agit-prop), e impulsar nuevas inversiones en infraestructuras y material ferroviario, como los 1.500 millones de euros anunciados por Fomento para la modernización de regionales y cercanías que afectarían muy positivamente al funcionamiento del transporte ferroviario en la Región Metropolitana de Barcelona. Es urgente que los sindicatos abandonen cualquier tipo de colaboración con el secesionismo y se posicionen a favor de recuperar sus señas de identidad, asumiendo las reivindicaciones de los centros de trabajo. Los sindicatos deben denunciar con toda claridad que el independentismo ha sido un factor que ha dificultado la recuperación económica e impedido la inversión en determinados sectores clave de nuestra economía.
Algún día el sindicalismo catalán liberado de sus complejos patrióticos debería atreverse a liderar ante sus respectivas confederaciones sindicales propuestas para impulsar una reforma constitucional que no solo contemplara la cooperación federal entre los territorios, sino también un nuevo marco de relaciones laborales que respondiera a las exigencias del nuevo paradigma de la sociedad de la innovación y del conocimiento. Se trata de reformar la Constitución para que se encuentren cómodos los trabajadores, no solo los territorios.