Ese día, Puigdemont y su Govern volvieron a escenificar otra siniestra burla a Tribunal Constitucional (TC) y, sobre todo, a los grupos parlamentarios de la oposición, que --no se olvide-- representan a la mayoría de los ciudadanos catalanes. Después del discurso del president, la apretada mayoría que gobierna --es un decir--, y una vez concluida la sesión parlamentaria, llevaron a cabo, con evidente vileza y deslealtad, el plan oculto que tenían previsto.

Pero del anterior debate cabe destacar que la portavoz de Ciudadanos citó un escrito de Junqueras en el que se refería a que la genética de los catalanes estaba más próxima a la de los franceses que a la propia de los españoles, ante el silencio del vicepresident (¿racismo?).

La mayoría aprobó una declaración que significaba lo que, precisamente, había querido impedir el TC y que ellos eludieron con esa maniobra antidemocrática. Solo que por haberse hecho fuera del Parlament, carece de validez jurídica inmediata, pero ya sienta las bases de la independencia de Cataluña y de la ruptura con el Estado español.

La mayoría aprobó una declaración que significaba lo que, precisamente, había querido impedir el TC y que ellos eludieron con esa maniobra antidemocrática

La parte, vamos a llamar dispositiva, de la declaración es una simple reproducción de los preceptos de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica. Y, por tanto, reiteran la voluntad política de cumplir ya aquellos preceptos. "Constituyen la República catalana como Estado independiente y soberano..." (artículo 1 de la ley 20/2017), "disponen la entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica..." (Disposición Final Tercera de dicha ley) e "inician el proceso constituyente..." (artículo 85 de dicha ley y artículo 4.4 de la Ley de referéndum). Está claro lo que pretenden los que firman como "los legítimos representantes del pueblo de Cataluña", como si fueran los únicos. No es de extrañar, dado el carácter dictatorial de todo el proceso.

Para a continuación, entre la provocación y el sarcasmo, afirmar "la voluntad de abrir negociaciones con el estado español..." (esta vez con minúscula). Eso sí, "en pie de igualdad". Es decir, que, hoy, un gobierno autonómico plantea negociar con el Gobierno del Estado como si estuvieran, en el marco constitucional, al mismo nivel. Pero el disparate es aún mayor si se analiza cómo el Gobierno actual es tratado por los firmantes de dicha declaración.

Es una verdadera aberración. La declaración constata "que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación" y han "aplicado de facto el estado de excepción". ¿Cómo puede llegarse a mentir tanto? ¿Dónde están las detenciones policiales de hasta diez días, los registros domiciliarios e intervención de las comunicaciones sin autorización judicial? Cuanto afirman es rotundamente falso. Como lo es igualmente que "miles de personas, entre los que hay centenares de cargos electos e institucionales..., han sido investigados, detenidos, querellados, interrogados y amenazados con duras penas de prisión". Señor president, ¿quiénes son esas miles de personas? Y, en cualquier caso, ordene que sean identificadas para desenmascarar sus mentiras.

Es tan indignante como inviable que planteen la posibilidad de negociar nada con la Unión Europea y la comunidad internacional

Para continuar insistiendo, pese a ser contrario a la verdad, que "los ciudadanos de Cataluña han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana". Una constatación más de que la terquedad y ofuscación de los dirigentes independentistas no parece tener límites.

Esta es la que definen, en un ejercicio más de cinismo, como una futura república con "la mano abierta al diálogo".

Con estos antecedentes, es tan indignante como inviable que planteen la posibilidad de negociar nada con la Unión Europea y la comunidad internacional, que en modo alguno pueden aceptar que una comunidad, de alto nivel de desarrollo, como la de Cataluña, invoque el derecho de autodeterminación.

Es ya una indeclinable exigencia de democracia que el actual Govern convoque cuanto antes elecciones autonómicas, especialmente ante la multitudinaria manifestación del pasado día 8, y que el nuevo Govern, salido limpiamente de las verdaderas urnas, derogue cuanto antes las leyes independentistas aprobadas, de forma vergonzante, los días 6 y 7 de septiembre. Es la hora del final de esta etapa política tan errónea como desviada de los principios democráticos.