"¿Y ahora?", me preguntaban ayer. "¿Después de esto, qué?".

"¿Después de qué?", respondí. "¿Después del seísmo en México que ha provocado 200 muertos?".

"No, hombre".

"¿Después de que el huracán María haya devastado Puerto Rico?".

Porque eso fue lo más importante que sucedió ayer: seísmos, huracanes, los signos ominosos del cambio climático que va a cambiar el mapa del mundo y de nuestras preocupaciones globales, y no dentro de veinte ni dentro de diez años, sino antes de lo que quisiéramos.

"No hombre, no te hagas el loco, sabes perfectamente que me refiero a después de lo nuestro".

Ya, pero sobre eso, ¿qué podría yo decir? Como vidente estoy al nivel de Sandro Rey o de Pilar Abel, la pitonisa que vio en su bola mágica que es hija de Dalí pero el ADN la contraría y desmiente. El futuro no está escrito y siempre cabe esperar que suceda lo peor, pero supongo que una vez se haya desactivado la sedición y restaurado la legalidad democrática, llegará la hora de restablecer el diálogo, las negociaciones políticas entre el Gobierno y las fuerzas separatistas.

El diálogo es imprescindible, pero es de elemental justicia que de él queden excluidos --salvo que se quiera burlar más aún a los ciudadanos-- todos los protagonistas del pronunciamiento: Puigdement, Forcadell, Rull, Turull y los demás miembros del Govern sedicioso. Incluido el autodenominado "moderado" Santi Vila.

¿Qué se habría tomado Santi Vila anteayer cuando, poniendo la venda antes que la herida, reclamaba que los consellers como él no fuesen inhabilitados, para no romper los puentes del diálogo? Él y sus colegas estaban muy apercibidos de las consecuencias de sus actos y debe comprender que el golpe de Estado de los días 6 y 7 de este mes no puede considerarse una travesura intrascendente y premiable con la apertura de un diálogo. En conversaciones futuras, ni él ni sus compañeros pueden ya figurar. Son parte del problema, no de la solución, y el prusés los ha achicharrado.

El diálogo es imprescindible, pero es de elemental justicia que de él queden excluidos todos los protagonistas del pronunciamiento

Sería de justicia, y una medida ejemplarizante, que se les impusieran responsabilidades económicas severas: pues activar, y luego desactivar, los caprichos independentistas --embajadores de pegolete movilizados por todo el mundo para predicar la maldad de España, y embajadores de verdad movilizados para contrarrestarles; apariciones en la prensa internacional debidamente pagadas; el despliegue de cientos de guardias civiles para desmontar el golpe, etc., etc.-- ha sido un despilfarro cuantioso del que deben responder los golpistas, y no los contribuyentes.

Éste es un momento tan bueno como otro cualquiera para abrir, por encima o por debajo de los gritos y cánticos de la calle, una reflexión sobre el prusés: ¿ha sido éste el imprevisible desatino, el derrape de un grupo de incontrolados? ¿O por el contrario, lo que ha sucedido estos años y desembocado en estos días es la consecuencia lógica y hasta fatal de una grieta en el ordenamiento constitucional que fomenta la formación de cacicatos y el aventurerismo?

Si es lo segundo, sería deseable un acuerdo entre los grandes partidos para abordar una reforma de la Constitución. Pero no en el sentido que reclaman los separatistas sino en el sentido diametralmente opuesto. En ningún país civilizado deben tener representación en las Cortes ni acceso a los fondos estatales las formaciones políticas que explícitamente se proponen destruir el Estado.

Las competencias que el Gobierno autonómico ya ha perdido, y las que perderá en los próximos días si, contumaz en el error, prosigue en su deriva, habrá que ir devolviéndoselas cautamente, cuando sean otros gobernantes --¡quita, bicho, tú no!-- los que paseen por el patio de los naranjos y celebren sus cónclaves al pie del horrendo cuadro de Tàpies. Pero sería oportuno considerar alguna salvedad.

Por ejemplo, las competencias de Interior. Las bochornosas desconexiones y recelos entre los cuerpos de seguridad del Estado que salieron a la luz después de los atentados islamistas en la Rambla y en Cambrils no deberían volver a producirse. Ni debe ser posible sospechar, como tantos han sospechado y temido --quiero creer que injustamente--, que los Mossos, dirigidos por un conseller grotescamente talibán, pudieran ponerse al servicio del golpe. Es la ocasión, también, de homologar las condiciones laborales de los agentes de todas las policías; las diferencias salariales actuales suponen un agravio comparativo.

Por ejemplo, las competencias en educación. En manos de los sucesivos gobiernos de la Generalitat, el sistema escolar y universitario ha sido una maquinaria para el adoctrinamiento que ha (mal)formado generación tras generación de separatistas. Para no encontrarnos con el mismo problema que ahora dentro de cinco o diez años, convendría reconsiderar los planes de estudio y la siniestra inmersión lingüística.

Es el momento, como decíamos, de la reflexión. Hay mucho en que pensar, y mucho que enmendar.