El Parlament de Cataluña ha puesto en marcha el mecanismo de confrontación con el Estado de derecho que va a resolver el procés, rematando definitivamente el pobre Estatut nacido con fórceps hace diez años y malherido posteriormente por el Tribunal Constitucional. Al final habrá sido la Cámara catalana quien se haya encargado del entierro del texto estatutario para abrir un período de excepción de final incierto. El final previsto del bienio negro del Parlament, caracterizado por la desobediencia y buscando la ruptura.

Pocos parlamentos del mundo democrático habrán maltratado con tanto énfasis su propio reglamento y los derechos de los diputados de la oposición como lo ha hecho en estos dos últimos años la Cámara catalana. Es todo un éxito de la CUP y sus diputadas, muy despreocupadas de las formalidades democráticas de los parlamentos democráticos. Ya saben, la maldita democracia parlamentaria, también conocida como la democracia burguesa, la que dispone de las garantías democráticas que les procura su presencia en el hemiciclo.

La manera de actuar de esta etapa de prisas políticas y excusas de mal pagador (lo hacemos democráticamente mal porque el Estado también lo hace democráticamente mal) se resume con una frase de Anna Gabriel: lo importante es combatir la demofobia del Estado, todo lo demás son trámites. JxS se apuntó hace meses a esta carrera por degradar al Parlament de Cataluña, forzando las normas hasta extremos desconocidos para cumplir con sus promesas; al fin y al cabo, deben pensar, si triunfamos, se creará una nueva asamblea que nada tendrá que ver con esta cámara autonómica.

Da igual que los asesores jurídicos y la secretaria adviertan de la ilegalidad de las decisiones. Desde la perspectiva de la mayoría parlamentaria, el fin justifica los medios

¿Por qué consultar al Consell de Garanties Estatutàries si ya sabemos lo que va a decidir, sabemos que no nos va a gustar lo que va a decir y además no pensamos hacerle caso? La republicana Marta Rovira lo explicó de forma tan transparente y en su tono habitual de ingenuidad impostada que casi sorprendió tanta sinceridad. La verdad es que esta deslegitimación del procedimiento parlamentario tiene su sentido desde la perspectiva de quien pretende crear una legislación ad hoc para sus objetivos.

Si se va a saltar la mayor, no van a ser los detalles quienes se lo impidan. En esto, JxS y la CUP demuestran a diario la máxima coherencia, alegando siempre que la culpa es de Madrid y aunque el inmovilismo del Gobierno de Rajoy tiene su parte de responsabilidad en todo este conflicto, difícilmente puede obligar a los diputados de la mayoría a actuar como lo hacen.

Da igual que los asesores jurídicos y la secretaria adviertan de la ilegalidad de las decisiones. Desde la perspectiva de la mayoría parlamentaria, el fin justifica los medios. Convertidos todos ellos en seguidores fieles de Maquiavelo, han demostrado tanta astucia en estos últimos meses que han hecho coincidir el pleno de la ruptura con una sesión ordinaria del Tribunal Constitucional, se supone que para sorprenderlos. O para provocar una reacción exprés de los magistrados (todos ellos recusados por parciales por la presidenta Carme Forcadell en un recurso extemporáneo) para llenar las calles de Barcelona de indignación independentista el próximo 11 de setiembre.

A la espera de lo que suceda en los próximos días, lo único seguro es el entierro del Estatuto, la depreciación del Parlamento y la declaración en Cataluña de una excepcionalidad legislativa, una especie de preindependencia que no va aceptar el Estado español. Ya estamos pues viviendo en el desafío.