En el país de la “pertinaz sequía”, el apellido Entrecanales expresa un deseo de sostenibilidad que a menudo incumple. A modo de la geografía primitiva de Estrabón, Acciona ha desparramado desaladoras, depuradoras, parques eólicos, sumideros de dióxido de carbono y demás arquitrabes de distribución de agua y energía limpia de punta a punta del planeta. Es el mundo verde de su presidente, José Manuel Entrecanales, un vendedor de imágenes impolutas, pero marcado por el beneficio del ladrillo, porque Acciona es, ante todo, una constructora levantada sobre la burbuja inmobiliaria. Su pecado original pesa demasiado; no puede ser expiado por las dulces imágenes de arquitectura industrial con encaje antropológico, que lucen en la web de la empresa.
Acciona distribuye agua de boca a más de cuatro millones y medio de personas en el área metropolitana de Barcelona gracias al contrato de la concesionaria Aguas Ter-Llobregat (ATLL), ganado al comienzo de 2012 con absoluta falta de pulcritud. Fue la mayor privatización de la historia de Cataluña; una privatización vestida de concesión administrativa con un usufructo de ocho décadas. Aquella operación vertiginosa, valorada en casi mil millones de euros, supuso para las cuentas de la Generalitat un primer pago de más de 300 millones de euros. La administración autonómica estaba en el límite de la quiebra de las cuentas públicas y la entrada de dinero fresco, cuando ya el FLA se había consagrado como la palanca única de una administración cuya deuda está calificada de bono basura. Fue así como el entonces consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, complementó su drástico ajuste en materia de gasto social. A costa del concesionario histórico, Agbar, la antigua Aguas de Barcelona controlada hoy por Suez Environnement.
La privatización de ATLL ha sido el golpe más duro de la guerra del agua. Todo empezó en 2010 con el interés de Ignacio González, hoy reo y entonces presidente de la Comunidad de Madrid, que trató de negociar con la Agencia Catalana del Agua (ACA), la entrada en el mercado catalán del Canal de Isabel II. Dos años después, bajo la presidencia de Artur Mas (dispuesto a disparar el canon en la tarifa que pagan los consumidores), Acciona se llevaba la concesión compitiendo con las plicas de FCC, Sacyr y OHL. La constructora, apoyada por las sociedades patrimoniales de sus accionistas mayoritarios, dio entrada en el proyecto al núcleo Torreblanca-Godia (Gopa Consulting) y a los Rodés, fundadores de Havas Media. El sesgo de catalanidad civil que requiere un proyecto de esta envergadura estaba asegurado. El heredero de una de las principales empresas de origen familiar, que hace 13 años sustituyó a su padre en la presidencia, demostró que su casa se había abierto a las voces del mar. El toque periférico de una blue chip del Ibex 35 creada en el interior del país mostraba a la luz las conexiones de Entrecanales con la endogamia barcelonesa. No es un dato gratuito para un líder de segunda generación con sede social en La Moraleja y bar musical de propiedad instalado en el Viso, un local de culto protegido por un toque artificialmente clandestino.
Pero la elegancia no encubre las malas prácticas. Recientemente, Acciona se ha hecho con un nuevo contrato millonario procedente de su principal concesión en el suministro de ATLL. Esta sociedad ha adjudicado a la propia matriz la rehabilitación de la arteria general de la planta del Ter-Trinidad DN 3000, un proceso que se abrió en marzo pasado con un presupuesto de 15,79 millones de euros. Entrecanales se ha concedido a sí mismo un tramo del tratamiento integral del agua.
El presidente de Acciona es un operador que pone en valor su capacidad de maniobra; toma un camino alternativo para evitar su origen de mayorista de hormigones
El presidente de Acciona es un operador que pone en valor su capacidad de maniobra; toma un camino alternativo para evitar su origen de mayorista de hormigones. Desaladoras como la de Iman Adelaida (Australia), Beketeon (Gran Bretaña); Tampa en Florida (EEUU) y plantas de tratamiento como Etap Saint John (Canadá) y Ototonilco (México) o el parque eólico de Reynosa (México) componen hoy el escaparate de la nueva Acciona. Un portafolio encuadernado en tafilete, con explotaciones de alto valor medioambiental y plástico, aunque de rendimiento discutible. Su fulgor eléctrico tocó techo el día de 2007 en que fue nombrado presidente de Endesa, gracias a su participación en la compañía desnortada por Manuel Pizarro. Dos años más tarde, Acciona vendió su paquete eléctrico a la italiana Enel, en una operación inconcebible dada la riqueza implícita del balance de Endesa. Los italianos nombraron presidente a Borja Prado, un buen camarada de Entrecanales en los verdes de Sotogrande.
El líder de la constructora se formó en el Colegio Estudio de Madrid, heredero intelectual de la Institución Libre de Enseñanza, pero fajó su alma en los despachos de Merrill Lynch en Nueva York y Londres. En los negocios, los cuellos italianos resumen décadas de urbanidad y agudeza de espíritu, pero en el Grand Tour de Acciona no figura con letras de molde la polémica ATLL. Y es que la formación anglosajona de Entrecanales, aunque culmine con el francés de Reims y el arte de Florencia, no protege del cinismo.
Convertida en la licitadora de los soberanistas, Acciona se reproduce a sí misma en los acuíferos, que repercuten en la altísima tarifa de hoy. La empresa llegó a recibir una sanción pretexto (¡800.000 ridículos euros!) por maquinación contable de sus facturas. Y es que la pólvora del rey encubre los vicios de la corona: los monopolios naturales en los caminos del agua.