"Aunque lo intente, el Estado español no dispone de tanto poder para parar a tanta democracia". La frase, pronunciada en su conferencia en Madrid por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, encierra dos de las grandes mentiras o errores del procés: en primer lugar, la subestimación del poder del Estado, y, en segundo, la consideración de que se enfrentan dos partes en las que una practica la democracia y la otra no.

El poder del Estado se ha visto ya en la actuación de la justicia, en las decisiones unánimes del Tribunal Constitucional o en el vacío internacional a los promotores del proceso independentista, y se verá aún más en los graves acontecimientos que nos esperan si ninguna de las dos partes enfrentadas pisa en freno y rebaja los planteamientos actualmente incompatibles.

En cuanto a la "tanta democracia" a la que se refería Puigdemont, lástima que el mismo día que daba la conferencia se hiciera público un borrador de la secreta ley de transitoriedad jurídica que por sí solo rebajaba al mínimo la cantidad de democracia de la que alardeaba el president. El contenido de esa ley de ruptura, que Oriol Junqueras ha desmentido y Jordi Turull ha calificado de "desfasado", es tan creíble que, el día en que se haga público, será aplaudido por los mismos que ahora lo minimizan.

Como la ley se elabora en secreto, con urgencia, nocturnidad y alevosía, hemos de remitirnos a lo publicado por El País, aunque, si el contenido final será tan distinto, ¿por qué no publican el texto? Los desmentidos tienen tanta fiabilidad como los que se hicieron sobre las conferencias adoctrinadoras del juez Santi Vidal o del diputado y excantante Lluís Llach.

Todo son en realidad fuegos de artificio para cargarse de razones ante el choque que se prepara

Solo unos cuantos apuntes de la ley bastan para poner los pelos de punta: control absoluto del poder judicial (por los que hablan siempre de la judicialización de la política, qué ironía), con el nombramiento por el president del presidente del Tribunal Supremo y del fiscal del Estado catalán; apropiación de los bienes del Estado en Cataluña; discriminación entre los funcionarios; control de los medios de comunicación públicos y de los privados; tratamiento de las subvenciones y los espacios de la campaña del referéndum dependiendo de la mayoría parlamentaria, es decir, sin igualdad para el sí y el no; inquietante régimen lingüístico, con circunloquios para no admitir que muy probablemente el catalán sería la única lengua oficial del nuevo Estado (¿a quién le puede sorprender después del manifiesto Koiné?), etcétera.

Todo eso, además, aprobado sin la mayoría cualificada de dos tercios del Parlament exigida para modificar el Estatut o la ley electoral y con el estrambote final de que si no se puede celebrar el referéndum de autodeterminación se declararía unilateralmente la independencia.

Para imaginar la igualdad de oportunidades ante el hipotético referéndum, solo hay que reparar en que la campaña de los partidarios del sí (ERC y PDeCAT) ya se ha iniciado o va a empezar en los próximos días cuando la consulta ni siquiera ha sido convocada. En el primer acto de esta campaña, el sábado 20 de mayo, Junqueras pidió la incorporación al proceso de los partidarios del no, y el PDeCAT emitirá en su web a partir del 1 de junio lo que llaman La ràdio del sí, un programa diario conducido por el inevitable Mikimoto.

Esta semana ha sido también aquella en la que el choque de trenes ha quedado reflejado por escrito en sendas cartas de Puigdemont a Mariano Rajoy pidiéndole un acuerdo para celebrar el referéndum, y de Rajoy a Puigdemont respondiéndole de nuevo que él no puede autorizar algo para lo que no dispone de mandato, que corresponde a la soberanía del pueblo español en su conjunto. Todo son en realidad fuegos de artificio para cargarse de razones ante el choque que se prepara porque Puigdemont sabe que el Estado nunca aceptará un referéndum inconstitucional en el que se vote su desmembración y Rajoy conoce también a la perfección que solo con sus afirmaciones de que está dispuesto a hablar de lo que interesa a los catalanes la otra parte no se va a dar por satisfecha.

La única salida sigue estando en una tercera vía en la que, con reforma constitucional o no, se vote una nueva relación entre Cataluña y el resto de España. El Gobierno de Rajoy debería presentar una propuesta en esa dirección, no para convencer a los independentistas, que nunca se convencerán, sino para atender los deseos de una mayoría de catalanes que, según todas las encuestas, aceptarían mantener el vínculo con más cotas de autogobierno para Cataluña.