Pero no se van. Seguirán lo que haga falta. Y no desde una esquina, porque la refriega no se disputa en un cuadrilátero de boxeo o en un octógono de lucha libre, sino en el ring de unas mesas de negociación secretas (técnicas y políticas) montadas en torno a la Operación Chamartín. En ellas deciden los asuntos de la operación el Ayuntamiento de Madrid, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Distrito Castellana Norte (DCN). En una especie de riña compleja que no es a patadas ni a puñetazos, sino con mamporros de otro tipo. Y con unos segundos que no están para curar heridas, limpiar sangre o maquillar moratones sino para convertirse en actores, que encarnan (sin suplantar) a los que manejan un cotarro en el que, entre ofertas e inquietudes, se decide el reparto bajo el disfraz de acuerdos. Unos acuerdos que se explican, cada uno como quiere, para persuadir a todos de que se busca el beneficio general y no las pretensiones de los que negocian.

En esta situación, parece que los segundos son más útiles que los primeros, los que cortan el bacalao sin que nadie se entere de que lo cortan. Estos quedan inmaculados frente a los tinglados económicos que se manejan, los beneficios que se reparten y los intereses (personales y de otro tipo) que se pactan. Se consigue así una división de temas: unos, angelicalmente etéreos y dedicados al bien común, de los que se ocupan todos, aparezcan o no ante focos y pantallas; y los más tangibles y materiales, de los que sólo se encargan los que aparecen con nombres y apellidos, cargo y encargo; sobre todo con encargo.

En esta situación, parece que los segundos son más útiles que los primeros, los que cortan el bacalao sin que nadie se entere de que lo cortan

Nombres, apellidos y cargos. Conviene recordarlos; y, usando la lógica, una vez vistos, tratar de centrarse en los encargos hechos a los que ocupan la primera línea de atención; y de pantalla. Aparece así el trío BBC, o Bravo, Béjar y Calvo, que referimos en Operación Chamartín (IV): la BBC entra en juego. Con las titulaciones y ocupaciones que mostramos en Operación Chamartín (V): la Triple A. Y con los cargos que ocupa cada uno al sentarse a la mesa, que expusimos en Operación Chamartín (VIII): la mesa puesta.

Pero en una situación como la presente, de silencios interesados, parece oportuno entrar en el proceloso mundo de los encargos y de quién los hace. Unos encargos que, visto lo visto, pueden dividirse en dos clases: los fáciles de entrever, de Ayuntamiento de Madrid y DCN, porque se conoce casi todo lo que hay alrededor de ellos; y el difícil, de una ADIF hermética en el que hay que tener en cuenta las circunstancias que afectan a personas y clanes, cuyos intereses marcan tendencias y determinan resultados.

Repasemos los primeros.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, es el concejal Calvo, miembro del equipo de Gobierno, quien, como delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, tiene el encargo municipal de hacer lo que corresponde en su área de competencias. Es lo que hace, con el afán de salvar las figuras de la alcaldesa y de sus asesores en asuntos urbanísticos; y de forzar una solución propuesta por la llamada arquitectura de la izquierda y sólo esbozada. Por lo visto, eso se concreta en el ánimo de impedir que la operación se desarrolle según el concurso que adjudicó RENFE en 1983, prescindiendo de las responsabilidades y circunstancias que comporta. Pero eso, ahora, parece que no es motivo de negociación, ya que, según fuentes, aquello "está muerto" (expresión literal) y obliga a prescindir del "proyecto cadáver" (del decano del Colegio de Arquitectos, Ezquiaga) que lo desarrolló para buscar una salida (impuesta por el ayuntamiento) en la que no se sabe si, como parte del encargo, el concejal Calvo ha tenido en cuenta (y llevado a las mesas de negociación) los efectos de una pretensión que, de consumarse, tendría consecuencias en aspectos tan relevantes como indemnizaciones, financiación, paralizaciones y  litigios.

En Distrito Castellana Norte, el encargo hecho a su presidente, Antonio Béjar, no puede tener otro origen que la cúpula del BBVA para el que trabaja

En Distrito Castellana Norte, el encargo hecho a su presidente, Antonio Béjar, no puede tener otro origen que la cúpula del BBVA para el que trabaja. En el contenido del encargo, por lógica, han de caber los hechos, principios e intereses por los que se debe regir la entidad mercantil. Entre ellos, aunque no en orden de importancia, cabe citar: el prestigio de DCN, que afecta a sus dueños, especialmente a BBVA que es socio mayoritario. El beneficio económico que la operación pueda reportar. Los derechos adquiridos en la licitación en la que resultó adjudicatario. La relación entre los socios (BBVA y Constructora San José). La proyección que la solución puede reportar: rentable si llega a buen término; o gravosa si resulta un fiasco y se pierden las inversiones y derechos consecuencia del concurso. La imagen de futuro. Y un conjunto de líneas de negocio que, en estos momentos de la negociación, aparecen (deben aparecer) convertidas en motivos de trueque, señuelo o meta.

Y adentrémonos en el último de los encargos, el que anima (o paraliza) la actividad en ADIF.

Como cuestión previa, admitamos que Administrador de Infraestructuras Ferroviarias depende del Ministerio de Fomento, que es sucesor y heredero de RENFE (desde 2005), y que, como tal, es responsable de los compromisos que RENFE contrajo, entre ellos los que existen en la Operación Chamartín. Añadamos, también, que, en ADIF hay que tener en cuenta su condición de empresa pública y su capacidad para marcar directrices y tomar decisiones.

Aunque se sepan los recovecos de la administración estatal por los que se mueve la acción (y algunas decisiones) en el Ministerio de Fomento, no es fácil precisar en qué persona se concentra la capacidad para hacer el encargo con que acudir a la mesa de negociación, ya que, aunque el silencio dentro y fuera no sea absoluto, los que se atreven a opinar no precisan lo que importa: ¿Quién da órdenes en las negociaciones sobre la Operación Chamartín en el Ministerio de Fomento? ¿Qué capacidad tiene cada uno para actuar (ministro de Fomento y Presidente de ADIF incluidos)? ¿Hasta qué punto las decisiones obedecen a intereses públicos (estatales, autonómicos o locales) o privados (de partido, clanes o personas?

¿Qué capacidad tiene cada uno para actuar (ministro de Fomento y Presidente de ADIF incluidos)? ¿Hasta qué punto las decisiones obedecen a intereses públicos (estatales, autonómicos o locales) o privados (de partido, clanes o personas?

Existe un organigrama en el Ministerio de Fomento con competencias explícitas (aunque no en todos los casos). Por eso, a priori, se ha tenido por sentada la relación del ministro (De la Serna) con el presidente de Adif (Bravo) y la escala de mando en el organigrama. Sin embargo, la importancia de la Operación Chamartín (en los ámbitos nacional, autonómico y local) y las circunstancias políticas que hay alrededor (generales, partidistas, de grupos de poder y personas) obligan a prescindir de apriorismos y fijar la atención en algunas facetas que son decisivas para quien decide lo que ADIF lleva a las mesas de negociación. Eso obliga a fijarse en quién está en cada puesto y  qué trascendencia tiene su acción en la operación como hechos relevantes. También conviene no olvidar quién hizo los nombramientos (es conocido) y por qué y para qué fueron nombrados (no sabido, ha de quedar a consideración de cada uno).

Llegamos así a dos personas: ministro de Fomento y presidente de ADIF.

El primero, Iñigo de la Serna, sucede en el Ministerio de Fomento a Ana Pastor y Rafael Catalá, la primera con peso propio por su proximidad a Rajoy, y el segundo con solvencia por su vinculación con personajes importantes en el PP (Arenas, Aznar, Ana Pastor, Sáenz de Santamaría). La trascendencia de su acción podría quedarse en la que le corresponde como titular de la cartera de Fomento. Sin embargo, es tal la importancia de Operación Chamartín que, por lo que apuntan en varias fuentes (del propio ministerio, parlamentarias y del PP), no parece acertado colocarle en la cúspide de unas decisiones que, por lógica, deben ser conocidas, acaso consentidas o tomadas por sus superiores en el Gobierno (Rajoy en último caso, o la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, en decisiones inmediatas) y en el PP (Rajoy, Cospedal --secretaria general-- y Cristina Cifuentes --presidenta autonómica--) según se entienda.

El segundo, Juan Bravo, preside ADIF con De la Serna de ministro después de una carrera política hecha en las áreas local (Ayuntamiento de Madrid), autonómica (CAM) y estatal (subsecretario de Justicia) y a la vera de Alberto Ruiz-Gallardón. La trascendencia de su acción podría reducirse a la que corresponde al presidente de ADIF. Sin embargo, su proximidad a Ruiz-Gallardón, ahora vinculado a una empresa constructora francesa tras pasar el periodo de incompatibilidad de su cargo de ministro, hace que merezcan atención las noticias, de estos días, que recuerdan la sintonía entre ambos, la posición de Ruiz-Gallardón (en los círculos de influencia empresariales y políticos), la posibilidad de que en lo relacionado con la Operación Chamartín Bravo sirva a Gallardón o se sirva de él, y alguna maledicencia no contrastada que no merece reproducción.

Bravo, Béjar y Calvo. En este orden u otro. Son los responsables de la gestión para impulsar la Operación Chamartín. Por lo sabido, pueden ser (son) los segundos (de ADIF, DCN y Ayuntamiento de Madrid) en una gestión oculta y lenta que provoca un deseo en los ciudadanos de Madrid que esperan soluciones: segundos fuera.

Pero no se van. Seguirán lo que haga falta. Y no desde una esquina...