En febrero de 2012, recién llegado al Ministerio de Economía, Luis de Guindos aprobó un decreto de saneamiento bancario. Según el ministro la banca española necesitaba 50.000 millones de capital adicional para asumir las pérdidas derivadas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

La mayor parte de las pérdidas se concentraron en créditos a promotores inmobiliarios, principalmente para financiar la compra de suelo. El decreto determinaba por ley que la banca debería aplicar un recorte en la valoración del suelo adjudicado en sus balances del 60% y tener un 20% adicional en un colchón de capital por si las pérdidas superaban esa cifra. El ministro y el presidente Mariano Rajoy nos prometieron a los españoles que no meteríamos ni un euro en el sistema bancario.

Nadie les creyó y provocaron la mayor fuga de capitales y de depósitos de la historia de España. Con el sistema bancario desangrado, sin capacidad para emitir deuda pública y para pagar el sueldo de los funcionarios y las pensiones Rajoy pidió el rescate a nuestros socios europeos, la mayor humillación internacional de nuestro país desde 1957.

La Comisión Europea, en colaboración con el Banco de España y el BCE, asumió el liderazgo del saneamiento. Se hizo una valoración de activos, se estimaron las pérdidas, se metió capital en varias entidades y se creó un banco malo que compró activos --principalmente créditos de promotores y suelo--. Las pérdidas se registraron como déficit público y las nuevas aportaciones de capital a bancos como un activo financiero y deuda pública valorada al precio de adquisición. Y permitimos a las entidades contabilizar como capital los créditos fiscales de las pérdidas registradas pero con el aval del Estado.

En el caso de Bankia, compramos acciones a un precio próximo a 1,5 euros por acción. Y el BMN que no cotizaba en bolsa se valoró en 2.000 millones y los españoles metimos 1.645 millones tomando una partición del 65% del capital, el mismo porcentaje que en Bankia, y el Estado tomó el control de ambas entidades. En el Memorándum del rescate el Gobierno de Rajoy se comprometió a vender a mercado BMN antes de 2017.

De no meter ni un euro, Rajoy inyectó unos 60.000 millones, 6% del PIB, de dinero público en el sistema bancario. Entonces nos dijeron que estuviéramos tranquilos porque los contribuyentes íbamos a recuperar todo el dinero. Ahora, el Gobierno anuncia que la mejor oferta privada por BMN era de 1.000 millones. Ha decidido integrarla con Bankia. La clave de la operación es saber a qué precio va a comprar Bankia el BMN. En los medios dicen que la valoración podría ser incluso inferior a esos 1.000 millones.

Cuando fue intervenido, el Gobierno valoró BMN en 2.000 millones, pero ahora quizá no llegue ni a la mitad

O sea no sólo no vamos a recuperar el dinero invertido sino que las pérdidas siguen aumentando. Luis de Guindos debería comparecer inmediatamente a dar explicaciones en el Parlamento y explicar qué ha sucedido para que su plan de 2012 haya fracasado y su error nos haya costado a los españoles 1.000 millones, lo cual supone casi la mitad del presupuesto de infraestructuras del ministerio de Fomento. Tiene que explicar también por qué nos dijo en 2012 que el banco malo daría una rentabilidad del 15% y el año pasado perdió 3.000 millones y para no reconocer la quiebra y aumentar aún más el déficit y la deuda pública cambiaron las normas contables internacionales dejando la entidad en un limbo jurídico.

El ministro como siempre culpará a Zapatero y a las manchas solares. Zapatero nunca fue rescatado y el Memorándum de rescate en 2012 lo firmó Luis de Guindos. Zapatero no dio ninguno de los créditos que forzaron la nacionalización de la entidad. La única crítica que se le hace a Zapatero es que confió en las instituciones. Confió en el consejo de BMN que tiene la misión legal in vigilando y falló. Confió en el comité de auditoría interna que era presidido por supuestamente un profesional cualificado llamado Luis de Guindos y falló. Confió en los auditores externos privados y fallaron. Y confió en el Banco de España supervisor público y falló.

Podemos culpar al PP y al PSOE pero había consejeros de su coalición Izquierda Unida de consejeros en las entidades rescatadas y fallaron. Dirán que ellos nunca habrían metido dinero en los bancos. Eso es lo mismo que dijeron en Syriza y seis meses después metieron 10% del PIB de dinero público en sus bancos, casi el doble que Rajoy. Y todavía no hemos visto a Podemos ni a IU criticar a Syriza por hacerlo. Ciudadanos también dirá que la culpa fue del PP y del PSOE pero miembros de su ejecutiva también eran consejeros de cajas rescatadas y fallaron.

El rescate fue un desastre y como nos enseñó Adenauer “la historia son aquellas cosas que se pudieron evitar”. Ahora toca mirar al futuro desde el presente. El propio gobierno y la Comisión aceptan ahora que no se deben vender ambas entidades en pérdidas. El equipo de Gorigolzarri evitó el desastre en 2012. Si Bankia hubiera tenido un mal equipo gestor podría incluso haber provocado la salida de España del euro y muchos más desempleo e infelicidad.

Pero gestionan Bankia como si fuera un banco privado con criterios puramente financieros y rentabilidad para el accionista. La banca gestiona riesgo de crédito y cuando el dinero es público la gestión de riesgos debe ser más estricta que en un banco privado para proteger el dinero de los contribuyentes. Pero la gestión debe tener visión económica y no sólo financiera.

En España el principal problema es la financiación de innovación con financiación a largo plazo a tipos razonables para poder acometer proyectos de inversión sin el temor a que el banco no te renueve

La banca pública por concepto debe cubrir segmentos del crédito que los bancos privados no cubren. En España el principal problema es la financiación de innovación con financiación a largo plazo a tipos razonables para poder acometer proyectos de inversión sin el temor a que el banco no te renueve cada año la póliza de crédito, que es lo que le sucede a la mayoría de nuestras pymes innovadoras. Si tienen éxito aumentarán el empleo y los beneficios y el estado obtendrá mayor recaudación de impuestos, reduciendo el coste del rescate bancario. Un banco privado no puede conseguir esa plusvalía vía ingresos públicos. Por eso la gestión de Bankia debe tener visión económica, no sólo financiera.

Los bancos tardaron en reaccionar pero en 2014 frenaron los desahucios de primera vivienda. Pero la situación jurídica de muchas familias sigue muy vulnerable a la exclusión financiera, una de las principales causas de exclusión social. Hay que reestructurar esas deudas. El PSOE presentó dos proposiciones de ley en el Congreso la pasada legislatura para hacerlo y el PP las rechazó. Ahora en minoría debería aceptarlas, no por el PSOE sino por las familias que sufren el problema. La prioridad es que las familias siguen en sus casas y que la cuota mensual se ajuste a los actuales ingresos del hogar. Si no hay ingresos y la familia está en exclusión social deben intervenir los poderes públicos y buscarles un solución habitacional. El banco malo debe colaborar activamente con las diferentes administraciones.

Bankia debe concentrar también sus créditos en la promoción de viviendas en alquiler, especialmente en las ciudades con mayor demanda. Los elevados precios del alquiler junto a los bajos salarios retrasan la emancipación de nuestros jóvenes provocando problemas demográficos que ponen en riesgo nuestro sistema público de pensiones.

El pasado no se puede cambiar pero es posible hacer una España mejor y más humana. Esperemos que nuestros parlamentarios concentren sus esfuerzos en aportar propuestas y soluciones, especialmente para las familias más damnificadas durante la crisis.