Tres magistrados de la Audiencia Nacional han declarado delincuentes y condenado a penas de entre tres meses y seis años de prisión a los 65 acusados del caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia por un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012. Los motivos de tal condena es el haber gastado 12,5 millones de euros, que deberán devolver con intereses. Entre los condenados, empresarios, sindicalistas, banqueros y bancarios, políticos de todo el arco parlamentario, todos ellos encabezados por el último presidente de Caja Madrid y el primero de Bankia, Blesa y Rato, respectivamente.
En total, los 65 acusados han sido condenados a más de 120 años, lo que pone de relieve que delinquir les ha salido caro a estos, por el momento, delincuentes, por mucho que gran parte de ellos hayan devuelto el dinero.
La cuestión que se plantea es si los 65 condenados son delincuentes y como tales deben ser considerados por el hecho de haber aceptado una tarjeta de crédito y haber hecho uso de la misma de la forma y manera en que cada uno consideró más conveniente
La cuestión que se plantea es si los 65 condenados --la totalidad de los mismos va a recurrir al Supremo-- son delincuentes y como tales deben ser considerados por el hecho de haber aceptado una tarjeta de crédito y haber hecho uso de la misma de la forma y manera en que cada uno consideró más conveniente, ya que parece probado que quienes las repartieron no pusieron condiciones a su uso y muchos entendieron que formaban parte de sus emolumentos. Tanto es así que alguno de los condenados, y por lo tanto declarado delincuente por gastar algo más de cincuenta mil euros, lleva perdidos entre él y su familia varios millones de euros que invirtieron en la salida de Bankia a bolsa.
Sutilezas. Los jueces hoy en día no están para ellas, lo que nos permite recuperar de los textos antiguos los conceptos que de justicia podían tener Platón, Aristóteles, Ulpiano o Tomás de Aquino y comprobar cómo la Justicia se ha ido alejando de conceptos como el de atribuir "a cada uno lo suyo", como señalaba Cicerone o de acoplarse a la máxima de que "lo fácil es hacer justicia y lo difícil es hacer lo justo".
La sentencia, hecha pública el mismo día que la del caso Nóos, quizá por aquello de buscar un equilibrio imposible entre las reacciones de de la sociedad española --a través de las redes sociales-- y sus representantes políticos, puede que suponga el primer eslabón de un cambio de paradigma en el mundo de la justicia y que, como señalaba hace unos meses Manuela Carmena --juez ella--, ha llegado un momento en que la justicia, que tendría que ser un servicio útil, no lo ha sido y que, hoy por hoy, no es el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios.
La sentencia abre un rayo de esperanza para los muchos que esperamos que la justicia obre en consecuencia con los que pusieron en jaque a la economía española, llevando a las cajas de ahorro españolas a la quiebra
Mientras la sentencia de la Audiencia Nacional declara delincuentes a los 65 acusados de usar las tarjetas negras, lo cuál puede resultar para muchos un exceso, por parte de los magistrados que parecen haber buscado la ejemplaridad más allá que la justicia, nadie duda de que esta sentencia no se hubiera dictado hace una década. Eso no significa que entonces los delincuentes no hubieran actuado de la misma manera. Simplemente, la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, era diferente.
La sentencia, pese a la carga de subjetividad que comporta, puede que abra un rayo de esperanza para los muchos que esperamos que la justicia obre en consecuencia con todos aquellos que directa o indirectamente pusieron en jaque a la economía española, llevando a las cajas de ahorro españolas a una situación de quiebra que ha costado, no 12,5 millones de euros, sino decenas de miles de millones que han sido necesarios para reflotar un sector como el de las cajas, víctimas de la mala gestión de indeseables que, hoy por hoy, se han entregado al dolce far niente. Son legión.