Próximamente se espera que comience el juicio por uno de los mayores casos de fraude tributario acaecidos nunca en España. El protagonista es José María Aristrain de la Cruz, un personaje desconocido para el común de la gente.
La acusación pide para él la friolera de 60 años de prisión y 1.400 millones de euros por la cuota escamoteada más las multas. Un auténtico récord. La abogacía del Estado, que representa al erario, se muestra algo más moderada. Le reclama los mismos 60 años a la sombra pero solo 660 milloncejos de sanción.
El busilis del asunto radica en la residencia habitual del caballero. Él afirma que vive en el hermoso y opulento pueblo suizo de Gstaad desde 2006. En cambio, los inspectores de Montoro sostienen que su empadronamiento en los Alpes es un simple artificio para escabullir impuestos y que en realidad ha vivido siempre en España.
Los inspectores de Montoro sostienen que su empadronamiento de Aristrain en los Alpes es un simple artificio para escabullir impuestos y que en realidad ha vivido siempre en España
El padre de José María Aristrain acumuló montañas de dinero con el negocio del acero durante el franquismo. En los años 70 del siglo pasado ya era el segundo español más rico. Su hijo acrecentó el fortunón. En los 90, ya a los mandos del grupo familiar, se hizo con el 10% de la privatizada Aceralia, sucesora de Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa. Luego Aceralia se fusionó con sus homólogas Arbed, de Luxemburgo, y Usinor, de Francia, para dar lugar a Arcelor. Finalmente, ésta fue absorbida por el grupo indio Mittal y nació el coloso Arcelormittal.
Aristrain posee una conspicua participación en este titán mundial del acero. La mantiene a buen recaudo por medio de sociedades de cartera sitas en Luxemburgo. Nunca pagó por ella gabela alguna al fisco español.
El paquete de Arcelormittal es solo un apéndice de su inmenso patrimonio inmobiliario. En él figuran, por ejemplo, una de las fincas más extensas de la península Ibérica y bloques enteros de casas en la mejor zona de Madrid.
El escándalo saltó a la luz pública el año pasado, cuando la fiscalía denunció a Aristrain ante un juzgado de Pozuelo de Alcorcón (Madrid) por elusión impositiva. Por lo que se va sabiendo, dispone para ello de una densa red de empresas tapadera desperdigada por Luxemburgo, Suiza, Malta, Chipre, Islas Vírgenes y otros enclaves opacos.
Es de prever que ahora se abra el consabido turno de negociaciones y chalaneos subterráneos entre los acusadores y los juristas que asesoran al imputado, a fin de plasmar un acuerdo por el que este último evite pisar la trena
El ministerio público y la abogacía del Estado ya han presentado oficialmente sus cargos. Es de prever que ahora se abra el consabido turno de negociaciones y chalaneos subterráneos entre los acusadores y los juristas que asesoran al imputado, a fin de plasmar un acuerdo por el que este último evite pisar la trena.
Así ha ocurrido recientemente con otros acaudalados prebostes a quienes la Agencia Tributaria pilló con las manos en la masa. Ninguno de esos potentados dio con sus huesos en el correccional, pese a que la cuantía de los chanchullos era enorme.
El código fija el delito fiscal, castigado con cárcel, a partir de los 120.000 euros de cuota defraudada. Pero si el infractor posee recursos multimillonarios, las perspectivas cambian de forma diametral. La ley deviene papel mojado. Y aquello de Hacienda somos todos se desmorona a pedazos.
Tengo para mí que el tamaño del gatuperio perpetrado por Aristrain es tan grande que no cabe en la minúscula celda de un presidio.