En casi todo, pero particularmente en cuestiones históricas, a los separatistas se les puede aplicar el sentido de la expresión "mentir como bellacos" porque cuentan grandes mentiras, de una manera cobarde, astuta y sin avergonzarse de hacerlo. Lo comentaba ayer Ramón de España cuando denunciaba que Lluís Companys se había convertido en otra figurita más del pesebre nacionalista, en otro ariete a usar contra la democracia española. Cada 15 de octubre montan un numerito en Montjuïc para, entre otras cosas, exigir que se anule el proceso que condujo a su vil fusilamiento y que el Estado español pida perdón al pueblo de Cataluña. Pero esta vez han superado todos los límites de la mentira cobarde y astuta. La portavoz y consellera de Presidencia, Neus Munté, afirmó que "ningún gobierno del Estado, independientemente de su ideología, había avanzado en la justicia o reparación con las personas que lucharon por la libertad y la República". Y anunció que el Govern llevará en breve al Parlament una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo para conseguir que se declaren nulos los juicios sumarísimos como el que sufrió Companys. Se trata de otra gran mentira porque, afortunadamente, esta cuestión está resuelta desde hace años en España, y el honor de las víctimas, como el del presidente asesinado, ha sido reparado. Otra cosa es que el nacionalismo no quiera enterarse y pretenda engañar a la ciudadanía haciéndole creer falsedades para excitar la calumnia de que el franquismo sigue vivo.

La exigencia de nulidad del juicio a Companys es otra gran mentira del nacionalismo porque, afortunadamente, esta cuestión está resuelta desde hace años en España, y el honor del presidente asesinado ha sido reparado

El 15 de octubre de 2009, el Govern de la Generalitat presidido por José Montilla solicitó al entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la nulidad del juicio contra Companys. En marzo del año siguiente, la Junta de Fiscales de Sala tras un largo debate estimó que no hacia falta porque "las sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Barcelona de diciembre de 1939 y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales de octubre de 1940, relativas al Presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys i Jover, son inexistentes y nulas de pleno derecho sin que subsista actualmente apariencia alguna de legalidad o validez de las mismas, al haber sido expulsadas del ordenamiento jurídico". El decreto del fiscal que fue comunicado a la Generalitat y a la nieta de Companys, y cuyos argumentos vale la pena leer con atención, concluía que la Ley de Memoria Histórica 52/2007 declaró la ilegitimidad "por vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo" de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa así como la ilegitimidad de sus resoluciones y concretamente, "por vicios de forma y fondo", de las condenas y sanciones dictadas durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad republicana. Y que pretender la revisión en el sentido técnico-jurídico de la causa contra Companys, o de las miles de sentencias que por idénticos motivos hubo bajo la dictadura franquista, sería tanto como reconocer la vigencia de esas condenas "pese a la radical declaración de injusticia e ilegitimidad" que contienen los artículos 2 y 3 de la Ley de Memoria Histórica.

Puesto que todos esos juicios han sido declarados injustos e ilegítimos en bloque no tiene ningún sentido revisarlos uno a uno. En derecho comparado, los casos de Alemania y Austria muestran idéntico camino al español. Los nacionalistas saben que su pretensión carece de sentido, que la anunciada ley catalana no tiene ningún recorrido, pero con ello buscan construir un argumento para la confrontación y el victimismo. En el caso de Companys, el Gobierno español emitió en 2009 una declaración específica de reparación y de reconocimiento personal que hizo llegar a su nieta, Maria Lluïsa Gally, y a la propia Generalitat. Es un gesto que la citada ley incorporaba para casos significativos. Pero no solo eso, en 2004, el propio Gobierno, representado por la figura de la entonces vicepresidenta, la socialista María Teresa Fernández de la Vega, participó en el homenaje a Companys en Montjüic junto a Pasqual Maragall. Así, pues, cuando el año próximo los separatistas vuelvan a sacar de paseo a la figura del pobre Companys, reclamando la "reparación de una injusticia histórica" porque según ellos nada se ha hecho, recuerden que mienten como bellacos.