Decía Voltaire que es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. El filósofo francés del siglo XVIII se dio cuenta del riesgo que comportaba mantener tesis distintas a las del poder ejecutivo. Transcurridos tres siglos, su reflexión no sólo está vigente. Diríase, incluso, que desde el periodismo aún es más exacta hoy que cuando la formuló.

En septiembre de 2014, tres periodistas, un historiador y una filóloga escribimos de urgencia una obra que se va conformando como una de las más exactas sobre lo acontecido en Cataluña alrededor del declive del pujolismo y el inicio de un nuevo periodo político. Pujol KO ¿y después del pujolismo qué? fue un libro escrito de urgencia, en apenas un mes, nada más conocerse la declaración del líder político catalán, del patriarca del clan familiar que gobernó el país durante décadas.

Tuve el placer de coordinar aquel trabajo y hoy, a la luz de los hechos, reconozco como un mérito indiscutible haber incorporado al análisis un capítulo dedicado a lo acontecido en Andorra, el espacio territorial que es origen de buena parte de los acontecimientos posteriores. La connivencia de un gobierno que intentaba salir del feudalismo para alcanzar prácticas democráticas, pero bisoño en el ejercicio de buenas actitudes políticas fue determinante para que se conociera la mentira de la familia Pujol-Ferrusola, pero también para ver cómo se desmoronaba como un castillo de naipes la economía de un país que había hecho de la banca especializada y del turismo su modus vivendi una vez superada la etapa en la que se hizo rico gracias a su condición de paraíso fiscal.

En aquel libro se habló de reuniones entre el gobierno español y el andorrano, entre sus principales líderes, sobre las sospechas de connivencia entre sus estructuras para dar salida a una información que parecía sellada en una caja fuerte blindada por el secreto bancario y la protección institucional mutua. Se habló de algún personaje que decidió ofrecer información, de los orígenes de esos datos y de su paradero final. No les escondo que nos costó a algunos una demanda (que, por cierto, acabó en nada), la forma legal más usual para intentar amedrentar a un periodista.

Al gobierno andorrano, el caso del dinero de la familia Pujol les vino grande

Andorra tenía un gobierno con poca experiencia, recién salido de las urnas y más parecido a una alcaldía de una ciudad segundona en España que a lo que puede esperarse de un organismo equivalente en cualquier país desarrollado. El asunto del dinero de los Pujol les vino grande. España presionó, Estados Unidos remató en colaboración y Andorra cantó. Ya ven que la ecuación no posee incógnita alguna, pero sí muchas derivadas.

La primera y más determinantes es que la colaboración del ejecutivo andorrano ha finiquitado el papel del país como plaza financiera internacional. La intervención de uno de sus bancos tras la nota de un estadounidense Fincen que amagó pero no golpeó fue un mayúsculo error de la administración que dirige Antoni Martí. Con BPA se diluyen todos los demás, que han perdido la principal condición de cualquier entidad crediticia que se precie: credibilidad y seguridad en su propia plaza.

Es obvio que Andorra debía colaborar con todo Occidente en evitar las malas prácticas criminales en materia de blanqueo de dinero, narcotráfico y mafias. Tan obvio que hoy no habrá chorizo alguno de categoría internacional que mantenga sus fondos en aquel país. Choricetes tributarios sí que quedan bastantes, en buena parte españoles de Cataluña. Los bancos del Principado aún guardan fondos opacos a Hacienda, aunque por escaso tiempo. Los grandes bufetes de la capital catalana están regularizando fondos con la Agencia Tributaria a velocidad de vértigo. Los más arrojados movieron sus capitales con anticipación a otras plazas que todavía mantienen distancia con el Fisco español para procurar que se mantengan lejos del control y posterior pago de impuestos.

Andorra debía colaborar con España y con Estados Unidos, es obvio. Cómo sucedió fue el grave error. La nacionalización de BPA se ha demostrado un despropósito: nada de lo que se sospechaba se ha hallado en su interior y lo único conseguido es que el resto de los bancos, el sector financiero del país en conjunto, permanezca herido de muerte ante la comunidad internacional y la clientela de siempre.

Los hermanos Cierco, hartos del pillaje del que han sido objetos, han iniciado una contraofensiva para restituir su honorabilidad empresarial y dignidad personal

Ni todos los recursos que los banqueros andorranos han destinado a mejorar su imagen ante la opinión pública española ni los esfuerzos del gobierno pirenaico han logrado darle la vuelta al calcetín. La justicia del país sigue investigando, pero sin encontrar responsables sobre los que descargar unas prácticas bancarias toleradas por su legislación y que ahora pretenden ser criminalizadas. Hay un directivo de BPA que batirá el récord de permanencia en prisión preventiva, condición propia de prácticas bananeras que ningún defensor mundial de los derechos humanos sostiene. Y, en todo ese magma, los hermanos Cierco, accionistas del banco afectado, hartos del pillaje del que han sido objeto por razones políticas, han decidido dar un paso al frente y explicarle a la justicia del país que todo lo acontecido sobre su banco fue una presión política a la que cedió el gobierno de Martí, aunque la patada en el trasero la recibieran ellos. Algunos andorranos ya lo han entendido: si los propietarios hubieran vulnerado la ley hoy estarían silenciosos y protegidos, no preocupados por defender ante los tribunales su honorabilidad empresarial y dignidad personal. La justicia de Andorra ha decidido certificar esos dos conceptos.

La declaración en sede judicial de Higini Cierco de los últimos días pone de manifiesto que la inteligencia española quería a toda costa desnudar a los Pujol y a cualquier otro que, vinculado con el incipiente independentismo, tuviera secretos económicos inconfesables. Hubo voluntades fuertes, otras más endebles (algún chivato, incluso) y un banco que se fue por el desagüe de la intervención pública. España podía buscar eso y también cualquier otra información relevante, pero el gobierno andorrano tenía la obligación de defender sus intereses propios sin dañar la economía del país. No supo hacerlo y hoy ya no se aprovechan las huestes del ministro condecorador de vírgenes Jorge Fernández Díaz, sino que hasta el independentismo más casposo utiliza lo acontecido en su favor político apelando a una alianza facha contra Cataluña...

Antoni Martí y su ministro de Finanzas, Jordi Cinca, deberán explicarse a fondo por el lío del que son directos ejecutores. Socialdemócratas y liberales del país solicitan información, pero eso es ya insuficiente a todas luces. Sus paisanos tienen la obligación de decidir sobre su continuidad al frente de un gobierno vendido a la mínima presión, irrelevante como garantía de los principios políticos, sociales, económicos y cívicos que sostienen su territorio. De la contrario, su continuidad en los respectivos cargos será la prueba más evidente y fehaciente de que el país se ha contaminado del virus de la insignificancia en apenas dos años.