"Tiempo muerto" para la economía española
De forma sistemática, no hay declaración pública ni análisis relevante sobre la economía española en los últimos meses que no termine señalando la imperiosa necesidad de que en España se continúe con el proceso de reformas de las que tan orgulloso se siente Rajoy, a fin de dejar la crisis "definitivamente atrás". Sin embargo, el calendario electoral, con la consiguiente disolución de Las Cortes y el conflicto catalán, anuncian el final del proceso reformista con todas las consecuencias y la aparición en la agenda de los inversores del conocido como “riesgo político” que empieza a cotizar a la baja y que tiene su máxima expresión en el pulso que el independentismo catalán está dispuesto a mantener con el gobierno de Madrid.
El calendario electoral y el conflicto catalán anuncian el final del proceso reformista con todas las consecuencias y la aparición en la agenda de los inversores del conocido como “riesgo político” que empieza a cotizar a la baja
En ello han coincidido desde Lagarde a Juncker pasando por Draghi o De Guindos, aunque algunos de ellos, cuando hablan de continuar con la necesidad de seguir con las reformas, apuntan, básicamente, a adoptar “acciones adicionales” en lo relativo a las políticas de empleo y, sobre todo, a “la reducción de la aún elevada dualidad” en el mercado laboral “para hacer sostenible la reactivación del empleo”.
En definitiva, en el fondo de las declaraciones de todos ellos referidas a la necesidad de continuar con las reformas, subyace, entre otras, la implantación del denominado contrato único, un imposible con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, aunque, en opinión de los analistas internacionales, está "dañando la productividad" de las empresas españolas.
En este sentido, los informes elaborados por la Comisión Europea mantienen que "los nuevos tipos de contratos introducidos y los incentivos para alentar a las empresas a contratar personal de forma indefinida, no parecen estar siendo utilizados a pleno potencial".
Sin embargo, hay medidas en el aspecto laboral --hoy paralizadas-- que no necesariamente pasan por el contrato único y la reducción del coste del despido y que tienen que ver con la promoción de la alineación de salarios y productividad y las divergencias en la economía de las distintas regiones, sectores y empresas; el incremento de la calidad y la mejora de la efectividad de las medidas para reducir el desempleo juvenil; la promoción de la movilidad regional de los trabajadores o la optimización de los sistemas de salario mínimo y de apoyo a las familias. Todo ello en un estado de desigualdad regional cada vez más notorio y preocupante.
La Comisión Europea mantiene que "los nuevos tipos de contratos introducidos y los incentivos para alentar a las empresas a contratar personal de forma indefinida, no parecen estar siendo utilizados a pleno potencial"
En Bruselas inquieta que los esfuerzos realizados hasta ahora y que han tenido la virtualidad de propiciar un cierto relanzamiento de la economía española y la creación de empleo, entren en un proceso de estancamiento, cuando no de retroceso y que pasen al olvido medidas ya pactadas con la Comisión Europea, como puedan ser el asegurar una corrección duradera del excesivo déficit, tomando las medidas estructurales necesarias y utilizando cualquier ganancia imprevista para acelerar la reducción del déficit y la deuda; el reforzar la transparencia y la responsabilidad de las finanzas públicas regionales; la mejora del coste-eficiencia del sector sanitario y la racionalización del gasto farmacéutico hospitalario; el completar las reformas y reestructuraciones del sistema financiero o la eliminación de barreras que impiden el crecimiento de las empresas, entre las que se incluyen regulaciones que constriñen su tamaño y que hacen difícil mejorar los ratios de I D e innovación de la economía española y el incremento de la internacionalización de la misma.
