Empresarios y ejecutivos ante el 'proceso'
Una pregunta recurrente, dentro y fuera de Cataluña, es saber qué piensan los empresarios catalanes del 'proceso' soberanista y, más concretamente, por qué no hay más voces críticas con el mismo.
Los empresarios, por definición, son poco amantes de las incertidumbres y, aún menos, de los "choques de trenes". Objetivamente, a ningún empresario le interesa prolongar situaciones de inestabilidad e inseguridad, especialmente cuando están en juego temas tan sensibles como la pertenencia a la UE, el cambio de moneda, aranceles con el resto de España, problemas para financiarse, situaciones hipotéticas de violencia, etc. Muchas empresas tienen la mayor parte de su facturación en el resto de España y/o en la UE.
¿Por qué no hay apenas manifestaciones públicas de empresarios en contra del 'proceso soberanista'?
Por tanto, por motivos de aversión al riesgo y de conservación de mercados, la mayoría de empresas no están objetivamente interesadas en la independencia. Sus cuentas de resultados se resentirían gravemente si los mercados percibieran riesgos ciertos de secesión, y ya pierden oportunidades por la mera prolongación de la actual situación de incertidumbre: la caída de la inversión extranjera en Cataluña en un 45% o el hecho de que el crecimiento del PIB en Cataluña en 2014 (1,2%) haya sido inferior al de la media española (1,5%) así lo indican.
Es cierto que existe un número reducido de empresas que pueden pensar que un Estado propio no les perjudicaría o, incluso, podría beneficiarles. Son aquellas cuyo mercado es exclusivamente Cataluña, o las que creen que así eliminarían competencia del exterior. También aquellas que viven de sus relaciones con la administración catalana y confían en el incremento del peso del sector público en caso de independencia. Hay ejemplos evidentes en los medios de comunicación locales, las constructoras, las productoras de televisión, las cadenas de distribución de ámbito local, los contratistas de obras y servicios, o los colegios concertados, entre otros.
Ante esta situación repito la pregunta inicial: ¿Por qué no hay apenas manifestaciones públicas de empresarios en contra del 'proceso soberanista'? Hay varios motivos. El primero, lógico, es que las empresas, como ha ocurrido en Escocia, solo se mojan cuando el riesgo de secesión es elevado, y, por ahora, nadie cree que la independencia sea algo inminente. Con más motivo aún cuando mantener posiciones ambiguas no penaliza en el resto de España y, en cambio, manifestarse contra el 'proceso' tiene costes elevados en Cataluña. Las represalias están a la orden del día. El segundo motivo es la convicción de que, aunque no haya independencia, el nacionalismo continuará mandando en Cataluña. Si no hay en el horizonte una mayoría de gobierno no nacionalista, ¿quién quiere enfrentarse al poder presente y futuro?
El tercer motivo es la ideología nacionalista de algunos empresarios. Nada que objetar si un empresario sacrifica sus intereses por sus ideas. Tampoco si piden diálogo y acuerdos, que es lo que deben hacer. Pero es más criticable la actitud de algunos ejecutivos. Ejecutivos, sobre todos de empresas sin un 'dueño' concreto, vinculados al nacionalismo y designados, directa o indirectamente, por sus relaciones políticas. Y es que durante cuarenta años se ha ido tejiendo un entramado de ejecutivos en lugares de decisión vinculados, esencialmente, con CiU pero también con ERC, con ICV y con el sector nacionalista de los socialistas. En este caso es censurable que antepongan su ideología y/o intereses personales a los de las empresas de las que cobran y cuyos intereses, es decir, el de los accionistas y los empleados, deberían anteponer a los suyos. Afortunadamente no todos actúan igual, ni mucho menos, pero sigue habiendo algunos a los que pueden más sus vínculos o sus sentimientos que sus obligaciones.
Esta "crosta nacionalista", utilizando las palabras de Joan Ferran referidas a TV3, o esta "casta", si prefieren a Pablo Iglesias, no solo no se manifiesta contra el 'proceso' -lo que ya he dicho que me parece razonable desde la defensa de los intereses empresariales- sino que continúa priorizando los intereses del nacionalismo en su actuación cotidiana.
Esta contradicción de intereses no es irrelevante ni política ni jurídicamente. Quizás algún accionista acabará planteando casos concretos en una junta de accionistas y veremos qué ocurre.
