En mi época estudiantil, allá por los 90, una de las consignas más repetidas en cánticos y pancartas era “el hijo del obrero, a la universidad”. Estábamos, sin duda, ante uno de los mayores logros de la democracia en España, un país que llevaba siglos sumido en el atraso y en el que, por fin, personas de cualquier clase social podía acceder a la Educación Superior.

En Cataluña, por ejemplo, subió el 66,7% de 2012 a 2013 convirtiéndose en el tercer lugar de Europa en el que resulta más caro ir a la Universidad

En aquella época, la matrícula en las universidades públicas solía estar alrededor de las 50.000 pesetas, es decir, 300 euros y, además, se podía pagar en dos plazos. No recuerdo a nadie que quisiera hacer una carrera y no pudiera por motivos económicos, entre otras cosas, porque era relativamente fácil compaginar estudios y trabajo.

Después llegó el Plan Bolonia, la crisis y el aumento desproporcionado de tasas. En Cataluña, por ejemplo, subió el 66,7% de 2012 a 2013, convirtiéndose en el tercer lugar de Europa en el que resulta más caro ir a la Universidad. Por otra parte se dificulta el acceso a las becas y la posibilidad de trabajar y estudiar a la vez por lo que muchas personas están siendo expulsadas de los estudios por motivos económicos, una cifra que el Sindicato de Estudiantes cifra en 45.000.

Por si todo esto fuera poco, el Gobierno del PP va imponer Decreto 3 2 para cambiar la estructura de la enseñanza universitaria a partir de septiembre 2015. De entrada, resulta difícil de entender una nuevo cambio cuando este es tan solo el sexto curso que se aplica el Plan Bolonia, es decir, este año saldrá la tercera promoción bajo este plan que tanta oposición generó. Eso sin contar con el trabajo ingente que supuso implementarlo para el profesorado y la cantidad de papeles y fichas ANECA necesarias para ello. Burocracia que cayó sobre el personal docente gratis et amore, por supuesto.

Con el nuevo decreto, tramitado sin ruido en Consejo de Ministros por el Gobierno, desaparecen los actuales Grados de cuatro años que pasan a ser de tres y se puede obtener una titulación universitaria con 180 créditos pero con la desventaja que esta no es capacitadora para el mercado laboral dado su carácter generalista. Para poder trabajar de la profesión elegida, el alumno deberá cursar un máster de 2 años. Si tenemos en cuenta que el precio de estos oscila entre 4.000 y 7.000 euros, parece evidente que serán muchos los jóvenes que no pueden acceder a ellos. Creo que estamos ante un gran retroceso en materia de igualdad de oportunidades y, por lo tanto, en cohesión social, esa misma que se utiliza alegremente para justificar cualquier cosa.

Esto es, sin duda, lo más terrible, pero el decreto tiene otros efectos colaterales como la disminución de contratación de profesorado ya que al eliminar un año desaparecerán muchas plazas docentes. Pese a todo esto, ¿dónde están los sindicatos? ¿Y los partidos políticos? Llama poderosamente la atención que semejante atropello haya pasado desapercibido, sobre todo si lo comparamos con el estruendo que originó la LOMCE.

¿De verdad es más terrible que haya una presencia un poco más que testimonial de una lengua que el hecho de que para poder trabajar haya que pasar por un carísimo máster?

Vaya por delante que la conocida como Ley Wert me parece pésima y que soy una firme defensora de llegar a un pacto por la educación con el máximo consenso posible que garantice una ley que dure una generación y no lo que un partido esté en el poder. Pero, aun así, me parece bastante más grave el Decreto 3 2 y de ahí mi extrañeza ante la actitud beligerante de partidos y sindicatos ante y caso y su mutismo absoluto ante el otro.

Hasta donde yo he podido averiguar, ningún partido ni sindicato ha dicho ni una palabra sobre el tema a excepción del ya citado Sindicato de Estudiantes y una breve pregunta del diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa en una sesión de la Comisión de Enseñanza y Universidades. En esta misma Comisión, Josep Anton Ferré, rector de la Universidad Rovira i Virgili, reconoció el impacto económico en las universidades y como este acaba recayendo sobre los alumnados así como el correlato en los puestos de trabajo ya que las nóminas son, con diferencia, la partida de gasto más importantes en las universidades.

¿Dónde están los que organizaron manifestaciones y todo tipo de actos porque se intentó poner una hora más de lengua española en primaria pasando de las 2 actuales a 3? ¿Y los que gritaban desobediencia ante la ley Wert? ¿De verdad es más terrible que haya una presencia un poco más que testimonial de una lengua que el hecho de que para poder trabajar haya que pasar por un carísimo máster? ¿Los sindicatos no piensan decir nada por la merma de puestos de trabajo que va a significar reducir un año los grados y reagrupar alguno de ellos?

De verdad, cada día entiendo menos el país en el que vivo.