Ésta tercera parte se dedica a examinar el concepto de balanza fiscal, déficit fiscal y el dividendo fiscal de la independencia. Como todos los análisis indican que la independencia tendría efectos negativos sobre la base económica de Cataluña, sus exportaciones de bienes y servicios al resto de España, al resto de la UE y al resto del mundo, y sobre la estructura de su sistema financiero, la única posibilidad de compensar dichas pérdidas es asumiendo que el déficit estimado de la balanza fiscal de Cataluña, 16.000 millones es la cifra que suelen manejar los independentistas, se convertirá automáticamente en el dividendo fiscal de la independencia con el que podrán enjugar las pérdidas y hasta mejorar los servicios públicos y aumentar las pensiones una vez lograda la independencia. ¿Qué hay de verdad en estas afirmaciones? La verdad: nada de nada.

El saldo de la balanza fiscal de Cataluña y el dividendo fiscal de la independencia

Comencemos por aclarar algunas cuestiones básicas. La balanza fiscal de Cataluña (BFC) con la Administración Pública Central (APC) es una estimación de las aportaciones que realizan los catalanes a la APC y de las compensaciones que reciben de la APC. La diferencia entre ambas es el saldo fiscal y cuando es positivo se dice que Cataluña tiene un déficit fiscal con la APC. La BFC se elabora siguiendo dos procedimientos. El primero denominado flujos monetarios (FM), considera sólo las aportaciones y compensaciones de carácter monetario. En este caso, el gasto realizado por la TGSS o el Ministerio de Exteriores o Defensa, aunque sirva para pagar las pensiones de los catalanes o produzca bienes o servicios públicos que benefician a los catalanes, no se consideran contraprestaciones. La segunda metodología denominada flujos costes-beneficios (FCB) considera todas las aportaciones (costes) y contraprestaciones (beneficios), monetarias o en especie. Casi todos los economistas razonables consideran que el método FCB arroja un saldo significativo. Los economistas partidarios de la independencia se empecinan en utilizar, sin embargo, el saldo del método FM porque así minimizan las contraprestaciones de la APC y maximizan el déficit fiscal de Cataluña.

Todos los análisis indican que la independencia tendría efectos negativos sobre la base económica de Cataluña, sus exportaciones de bienes y servicios al resto de España, al resto de la UE y al resto del mundo, y sobre la estructura de su sistema financiero

Utilizar el término expolio fiscal, tan utilizado por los economistas partidarios de la independencia, cuando las aportaciones de Cataluña a la APC son superiores a las contraprestaciones recibidas de la APC es totalmente inapropiado e intelectualmente deshonesto. Para empezar, los catalanes están sujetos a los mismos tipos impositivos estatales y sus bases impositivas se determinan igual que la del resto de los españoles. Además, la financiación recibida, como demuestra De la Fuente en su reciente artículo “Maltrato fiscal”, es igual a la media de todas las CCAA, lo cuál no justifica que algunas comunidades (La Rioja, Cantabria o Extremadura) hayan recibido una financiación bastante superior a la media mientras la financiación de otras (Baleares, Valencia, Murcia y Canarias) haya sido sensiblemente inferior a la media en el período 2002-2011. Los casos más extremos de sobrefinanciación los constituyen El País Vasco y Navarra como resultado del régimen foral y el concierto. A lo que el gobierno catalán tiene todo el derecho del mundo es a exigir al gobierno español que todas las CCAA, incluidas las forales, dispongan de la misma financiación homogénea para cubrir los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.

Volviendo a la BFC, conviene explicar algunos ajustes que sus elaboradores realizan al elaborarla y que tienden a inflar el déficit fiscal de Cataluña. Al calcular las aportaciones y contribuciones de los catalanes se excluyen determinados ingresos y gastos de la APC que aumentan artificialmente el déficit fiscal de Cataluña. El efecto medio en el período 2006-2009 es un aumento del déficit fiscal de Cataluña en 625 millones. Menciono éste hecho, porque aunque uno pueda asentir a que se depuren los ingresos y gastos de la APC, lo que no puede hacerse es decir que esos 625 millones en que se aumenta el déficit fiscal son ingresos detraídos de los catalanes, como se hace en la BFC.

En segundo lugar, la estimación de aportaciones y compensaciones se basa en supuestos de incidencia cuestionables tanto por el lado de las aportaciones como de las compensaciones. Lo que quiero subrayar aquí es que tanto los supuestos de incidencia utilizados como los indicadores empleados para calcular las aportaciones de Cataluña no pueden interpretarse como aportaciones soportadas por los catalanes y no pueden emplearse para decir que los catalanes están expoliados. Por ejemplo, cuando un murciano o un gallego compra un coche SEAT es el comprador quien está soportando las cotizaciones sociales que gravan el trabajo incorporado en el automóvil, así como otros impuestos. Cuando como ocurre en la BFC, esos ingresos se atribuyen a Cataluña y se consideran ingresos detraídos de los catalanes, es obvio que esto no es así porque ni las empresas ni los trabajadores catalanes los han soportado.

Los elaboradores de la BFC recurren con frecuencia a indicadores muy burdos para territorializar las aportaciones de Cataluña a la APC y las compensaciones recibidas de ésta. Con frecuencia, los indicadores empleados para estimar las aportaciones son el PIB o variables relacionadas con él (consumo, remuneración asalariados, excedente bruto de explotación, etc.) donde la participación de Cataluña en el conjunto del Estado se sitúa entre el 19-20%. Sin embargo, cuando se territorializan los gastos de la APC se utiliza sistemáticamente la población (15%) o simplemente se excluyen completamente como ocurre con frecuencia cuando se emplea el método FM. Resultaría imposible que con estos indicadores no saliera un déficit fiscal de Cataluña superior al 4 % (20 ó 19 por ciento de los indicadores de aportaciones menos 15 por ciento o menos para los indicadores de contraprestaciones).

Incluso aceptando las exclusiones mencionadas y los criterios de imputación utilizados, resulta que Cataluña presenta en el año 2009 un déficit fiscal de 792 millones según el método FM y un superávit fiscal de 4.015 millones según la metodología FCB. Sin embargo, el Sr. Mas-Colell cuando presentó los resultados afirmó que Cataluña tenía un déficit fiscal de 16.409 millones, equivalente al 8,3 % del PIB de Cataluña. Para convertir un pequeño déficit (792 millones) en otro enorme (16.409 millones), los elaboradores de la BFC neutralizan el déficit de la APC y aumentan ficticiamente las aportaciones de Cataluña en 15.617 millones. No sólo olvidó Mas-Colell decir que el déficit fiscal según el método FCB era bastante inferior, 11.261 millones, sino que olvidó también decir que, cuando se neutraliza el déficit de la APC recortando el gasto de la APC en lugar de elevando los ingresos, el déficit fiscal de Cataluña siguiendo las metodologías FM y FCB se sitúa en el 6,35 y 4,36 por ciento, respectivamente. Mis propios cálculos empleando las cifras de ingresos y gastos de la APC sin depurar lo sitúan en el 4,36 y 4,15 por ciento, respectivamente.

Por último, la identificación del saldo de la BFC con el dividendo de la independencia es completamente gratuita. Cuando le visiten en su domicilio los “Testigos de Jehomás” y le pregunten en qué deberían gastarse los 16.000 millones de euros adicionales con los que contaría el gobierno catalán tras la independencia, sáquenles una cabeza de ajos y un crucifijo, porque le están engañando. No sólo se incluye en esas cifras aportaciones ficticias como acabamos de ver a causa de la depuración de las cifras de ingresos y gastos de la APC y la neutralización del déficit de la APC, sino que además se presupone que los ingresos tributarios imputados en la BFC se mantendrán inalterados después de la independencia. Regresando al ejemplo de un automóvil: que se mantengan los ingresos por cotizaciones sociales imputados en la BFC dependerá de que el andaluz o el gallego sigan comprando automóviles fabricados por SEAT o Nissan, o incluso que esas empresas no desplazan su producción a otros estados miembros de la UE. Por otra parte, de esos ingresos que perciba la agencia tributaria catalana habrá que deducir los gastos adicionales en que tendría que incurrir la Administración catalana para proporcionar los servicios que ahora da la APC que están sistemáticamente infravalorados en la BFC.

A modo de conclusión, afirmo que el déficit de la BFC utiliza criterios de incidencia arbitrarios e indicadores burdos y sesgados para territorializar las aportaciones de los catalanes a la APC y las compensaciones recibidas de ésta. También sostengo que no hay una única cifra de déficit fiscal sino muchas, todas ellas poco fiables, y que si tomamos las más razonables llegamos a la conclusión de que el déficit fiscal de Cataluña está en torno al 4% del PIB, una cifra que se corresponde con lo que cabe esperar de una región cuyo PIB per capita es casi el 25% superior al del resto de España.