Se rebela mi alma germana...

Les quiero introducir a los señores Carl Schmitt (1888-1985) y Hans Kelsen (1881-1973). Eran contemporáneos, de lengua materna alemana, ambos trabajaron en los años 30 del siglo pasado en Alemania y ambos eran prominentes juristas. Coincidieron como profesores en la Universidad de Colonia. Por lo demás eran muy diferentes. Debatieron sobre qué instancia debería ser el garante de los derechos constitucionales, un tribunal o un líder.

Alemania desarrolló el concepto de la wehrhafte Demokratie, que se puede traducir como democracia militante, o fortificada, basada en la idea de que ni siquiera una mayoría absoluta podría abolir el orden constitucional

Schmitt rechazó el estado de derecho liberal, criticando que su legalismo no daba respuesta a cuestiones tales como qué es justo y qué es moral. Estos factores sociológicos, los valores y, efectivamente, la voluntad del pueblo, como también la razón de estado, estarían mejor guardados por el Reichspräsident.

Kelsen era positivista. Hoy y aquí algunos dirían que para él la Constitución era un libro sagrado, interpretable, como dicen y defienden otros, sólo por un tribunal independiente de todos los poderes excepto de uno, del Derecho. Dicho esto, para Kelsen, nunca tan grandilocuente como Schmitt, la protección de la minoría era esencial para la democracia. Por supuesto.

Schmitt se hizo admirador del movimiento fascista y finalmente apologeta del nazismo. Cuando los nazis echaron de la universidad a Kelsen, judío converso y de orientación socialdemócrata, Schmitt fue el único de entre los compañeros que no movió ni un dedo a favor suyo.

Alemania extrajo sus conclusiones de este periodo de su historia. Para que no se repitiera una dictadura, que en el caso de los nazis precisamente se sirvió de la ley y la democracia para destruirlas, Alemania desarrolló el concepto de la wehrhafte Demokratie, que se puede traducir como democracia militante, o fortificada, basada en la idea de que ni siquiera una mayoría absoluta podría abolir el orden constitucional. (En consecuencia, en Alemania se pueden ilegalizar partidos que trabajen por la abolición del orden constitucional, y así ha pasado en dos ocasiones.)

Soy alemán, y es por esta socialización mía que me alarmé cuando entre algunos altos representantes catalanes se empezaba a extender la idea de que la Constitución ya no valía y que las sentencias de los tribunales no eran de obligado cumplimiento, anteponiendo a todo ello la pura e ilimitada voluntad popular. La voluntad popular por encima de la ley. ¡Otra vez!

No se puede construir un nuevo país a partir de falacias étnicas, jurídicas y sociológicas, ni tampoco se puede mantener un país unido a base de la mera aplicación de las normas. Pero antes de nada, ¿quién quiere vivir en un país sin ley?

Ahora ya encontramos esa flexibilidad jurídica, por decirlo con mucha ironía, en todos los sitios. En el "sí o sí" ya histórico de Artur Mas, en su "nada [nos] para" más reciente, o en la actitud desafiante de la consellera Rigau. Como complemento, indispensable y para mí nada nuevo, están las varias (pero muy parecidas) definiciones de lo que constituye un buen catalán, y los diversos llamamientos a que todas las instituciones, organizaciones y actividades de la sociedad se pongan "al servicio de Cataluña", editorial único mediante, y mil cosas grandes y pequeñas más, día a día. Evidentemente, existe un movimiento.

También está esta flexibilidad jurídica en el último informe del CATN, esta vez como proyección. Cree ver en la Unión Europea un pragmatismo -excesivo- que salvaría todos los obstáculos legales con el fin de hacer realidad las aspiraciones del nacionalismo catalán.

La arrogancia divierte, la ignorancia provoca vergüenza ajena, y la prepotencia asusta. Entre Schmitt y Kelsen, el mundo ha tirado claramente hacia el último. Se da reglas para cumplirlas, lo hace de manera imperfecta (el fenómeno Guantánamo es muy Schmitt), pero no se conforma con dejar ninguna voluntad particular al mando de ellas. Los que quieren aplicar Schmitt, que no se quejen de que quedarían fuera no sólo de España, de la UE y de la ONU, sino también y fundamentalmente del mismo principio de legalidad.

Conozco bien la experiencia eslovena, necesidad de romper el marco legal para llegar a la democracia, nuevas fonteras incluidas. Pero la rotura de la legalidad tal y como se propone aquí, al ser legalidad democrática, me parece una barbaridad. Se rebela mi alma germana, y mi alma eslovena se ve insultada.

La ausencia de violencia en Cataluña es el gran factor positivo. Los anhelos de más democracia son muy sinceros en la gente, a bando y bando, pero el abuso por parte de muchos líderes, sean políticos o de opinión, es tan patente como chocante es la influencia que tiene en la gente su discurso bobalicón. No se puede construir un nuevo país a partir de falacias étnicas, jurídicas y sociológicas, ni tampoco se puede mantener un país unido a base de la mera aplicación de las normas: la política sí es necesaria. Nadie quiere vivir en un país de juristas. Pero antes de nada, ¿quién quiere vivir en un país sin ley?