Los presupuestos sanitarios de las diversas Comunidades Autónomas para el año 2014, son un buen exponente del interés que la Sanidad Publica merece a los responsables de cada una de ellas puesto que, al tratarse de una competencia transferida, ellos son los que deciden el dinero que invierten en el sistema sanitario público de su ámbito territorial, cifra que permite conocer y comparar el funcionamiento previsible de esa prestación social.

Los recortes sistemáticos que se han venido produciendo en todos los servicios públicos durante los últimos años, han alcanzado una especial intensidad entre 2010 y 2013. En ese periodo, la media del presupuesto per cápita anual que dedican las CCAA a la Sanidad Pública se ha visto reducida en un 11,4%, lo que en cifras absolutas supuso que el presupuesto del año 2013 destinado a Sanidad en toda España fuera 7.500 millones de euros inferior al del año 2010.

Una de las razones que explican la prácticamente nula respuesta por parte de los profesionales del sector, radica en el peculiar modelo sanitario catalán: El 74% de los hospitales y centros sanitarios de Cataluña son privados

Pero hay que hacer especial referencia a que estos recortes no se han distribuido de forma homogénea entre todas las CCAA puesto que el diferencial de gasto sanitario por habitante y año entre las CCAA supera los 500 €. Los presupuestos per cápita tienen una gran variación y oscilan entre 980 € para Andalucía y 1.541,72 € para el País Vasco, con un diferencial de 561,72 € por habitante y año entre ambas CCAA. El presupuesto sanitario per cápita de la Generalidad de Cataluña no ha dejado de disminuir anualmente: de los 1.298,84 € del año 2010, se ha disminuido en más de 200 € , para pasar a ser de 1.091.57 € en el año 2014; una de las cifras más bajas de toda España y que sitúa Cataluña entre los “colistas” de la Unión Europea.

Según repiten insistentemente los responsables de la sanidad catalana, la devaluación presupuestaria en sanidad no influye en la calidad asistencial ni en la cartera de servicios y, según afirma el Consejero Ruiz, los ciudadanos no han perdido derechos, a pesar de que el incremento de las listas de espera parece demostrar lo contrario. Según nos dicen, tanto los responsables políticos como algunos de sus asesores y directivos de sus centros concertados, la “clave” que permite unir esas supuestas realidades -una asistencia sanitaria que mantiene la calidad y un presupuesto menguante- se apoya en tres hechos: el esfuerzo de médicos y enfermeras para que los servicios mantengan o ganen eficiencia con menos dinero, el recorte salarial que soportan esos mismos profesionales y el notable aumento de las listas de espera. A pesar de que durante el pasado año la opinión generalizada de los diversos actores del sistema sanitario era la de considerar que los recortes habían llegado al límite, el decremento presupuestario no se ha detenido, acumulando ya una disminución de 1.400 millones de euros en los últimos tres años. Debe tenerse en cuenta que parte de lo presupuestado para este año deberá destinarse a pagar deudas acumuladas de ejercicios anteriores.

Los salarios del personal sanitario se han visto reducidos, como media, en un 20% desde el año 2011, aunque en algunos centros y exclusivamente respecto a los facultativos, el decremento se aproxima al 50%. A pesar de que los responsables de la Consejería y los directivos de los centros, designados y dependientes de la misma, insisten una y otra vez en pretender convencer a propios y extraños de que parte del “ahorro” se debe a su gran labor mejorando la gestión y optimizando los recursos, lo único verdaderamente cierto, objetivo y demostrable es que el “ajuste” se ha hecho exclusivamente en base al recorte sobre salarios y plantillas, y a expensas de una notable disminución de la actividad asistencial. Se han cerrado camas, quirófanos y unidades enteras de hospitalización; se han disminuido plantillas y costes de personal; se ha reducido el número de intervenciones; se han eliminado los turnos de tarde que daban salida a las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas; se han establecido criterios restrictivos para la prescripción de algunos medicamentos y de pruebas diagnósticas de coste elevado; se han cursado instrucciones para disminuir la estancia media y “agilizar” las altas hospitalarias... y, lo que es más relevante y explica en gran parte todo lo anterior: se ha derivado actividad asistencial a centros privados, se ha establecido un acceso preferente a la atención asistencial privada pero financiada con dinero público, y se ha puesto en manos privadas la gestión de algunos centros y servicios públicos sanitarios. Y todo eso se ha hecho, consciente e intencionadamente, de forma autónoma en cada centro, permitiendo eludir así el control parlamentario y utilizando diversas estrategias para conseguir la colaboración o, cuando menos, la posibilidad de eludir o minimizar cualquier tipo de oposición o crítica por parte de los profesionales.

Una de las razones que, a diferencia de lo que ha ocurrido en Madrid, explican la prácticamente nula respuesta por parte de los profesionales del sector, radica en el peculiar modelo sanitario catalán, tan loado por algunos y tan nefasto, vistos los resultados, para el conjunto de ciudadanos de Cataluña. El 74% de los hospitales y centros sanitarios de Cataluña son privados, tanto los hospitales sociosanitarios y psiquiátricos como los hospitales universitarios y generales de grandes comarcas catalanas como Granollers, Manresa, Martorell, Terrasa… no disponen de una sola cama de gestión pública estricta. La asistencia sanitaria de otras áreas, como Sant Boi o Esplugues de Llobregat, está casi en su totalidad en manos de la Iglesia. De los casi 70 hospitales de Cataluña, únicamente ocho pertenecen al Instituto Catalán de la Salud (ICS) y son de titularidad al 100% pública: Vall d’Hebron, Bellvitge, Can Ruti y Viladecans en Barcelona; Josep Trueta, en Girona; Arnau de Vilanova, en Lérida, y Joan XXIII y Virgen de la Cinta, en Tarragona. Suman 4.027 camas, lo que representa tan sólo un 12% del total de Cataluña.

Debe recordarse que el pasado mes de febrero, el Gobierno de la Generalidad aprobó la fragmentación del organismo público ICS en las comarcas de Lleida, como inicio del ambicioso plan que tiene previsto la Consejería para acabar definitivamente con el ya residual sistema público de salud en Cataluña. Ese plan permitirá desagregar el único organismo sanitario público catalán en diversas empresas filiales, con autonomía de gestión y personalidad jurídica propia, de forma que puedan eludirse los mecanismos de control del gasto público y que los puestos de trabajo puedan ser asignados digitalmente, sin sujeción a los principios de publicidad, concurrencia, capacidad y mérito, exigidos normativamente para la provisión de empleo público. Esa decisión se ha tomado sin participación ni consenso alguno con los agentes sociales; CiU y ERC rechazaron en sede parlamentaria la moción de ICV que reclamaba detener ese proceso hasta acordar con profesionales, sindicatos, dirección de los centros y grupos parlamentarios el desarrollo de una normativa específica sobre la cuestión.

La paz laboral que reina en el Hospital Clínico, y gracias a la cual se mantiene “el negocio”, ha sido facilitada mediante la preservación de las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores, prorrogando los Convenios Colectivos laborales y privados de la entidad

Esos centros públicos dependientes del ICS son, en este momento, gestionados directamente por la Generalidad, aunque están incluidos en la Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP). La XHUP es un organismo constituido por 64 centros hospitalarios de Cataluña, la mayoría generales, que forman una maraña heterogénea, con distinta dependencia patrimonial (ICS, Generalitat, Diputaciones, Ayuntamientos, consorcios entre diversas administraciones, Iglesia y diversas órdenes religiosas, Cruz Roja y empresas privadas) y con diferente complejidad, tamaño, función y gestión, pública o privada, con o sin ánimo de lucro.

La situación del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona es el paradigma de la transparencia y coherencia reinantes en este peculiar modelo catalán. En el mes de febrero del 2008, ese Hospital fue transferido a la Generalidad desde la Administración del Estado, que era su titular. A pesar de ser uno de los centros sanitarios más importantes de Cataluña, no tiene ni se conoce su forma empresarial ni su personalidad jurídica concreta; las actuaciones de la dirección del centro, e incluso de la Administración catalana, hacen dudar de que la consideren una entidad de derecho público. ¡El Hospital Clínico! ¡Que dependía directamente del delegado del gobierno! ¡Una entidad tan pública, o más, que la Guardia Civil!. Claro está que, esa sorprendente “duda” sobre la naturaleza pública del Hospital, permite seguir desviando recursos públicos en beneficio privado, a través de la “joya de la corona” del sistema, espejo donde se miran con envidia otros centros y algunos profesionales, que es “Barna Clínic”, gracias a cuyos suculentos beneficios se consigue la adhesión incondicional de la casta profesional dominante.

El aquietamiento de los profesionales del sector tiene también otras explicaciones. Así, por ejemplo, la paz laboral que reina en el Hospital Clínico, y gracias a la cual se mantiene “el negocio”, ha sido facilitada mediante la preservación de las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores, prorrogando los Convenios Colectivos laborales y privados de la entidad, y no aplicando la totalidad de las normas reservadas a los empleados del sector público que, sin reparo alguno, han sido impuestas en otros centros, incluso en algunos de titularidad indudablemente privada.

Pero hay todavía más razones. En contraposición a la progresiva y creciente precarización laboral que se viene imponiendo a los profesionales jóvenes aunque sobradamente experimentados, se ha puesto un excelente cuidado en mantener y potenciar privilegios y prebendas de la élite profesional, especialmente la vinculada a los actuales poderes públicos, la que tiene mayor visibilidad social y más fácil acceso a los medios de comunicación. Así, se mantienen las retribuciones por carrera o promoción de los profesionales con mayor antigüedad, pero no se permite el acceso a los más jóvenes; mientras se impide el acceso a puestos de trabajo estables a los profesionales que desarrollan exclusivamente tareas asistenciales, se incrementa el número y retribución de los cargos directivos, ejecutivos, de asesoramiento, supervisión, coordinación…. con escasa o nula dedicación asistencial. A los más fieles y fervorosos devotos al dogma imperante, se les permite el acceso a la actividad privada en el mismo centro de trabajo e incluso se finge ignorar que la realizan en otro centro durante la jornada ya retribuida. A los “mejores”, a los que forman parte de la “piña”, se les confía la prestación sanitaria de los pacientes que no pueden ser atendidos por “insuficiencia presupuestaria” derivándolos a los centros privados de los que son titulares.

En declaraciones a la prensa, el Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona aseguraba que la sanidad catalana y la madrileña “no tienen nada que ver” y, según decía, no sólo porque en Cataluña la mayoría de los profesionales son laborales y no estatutarios, sino “por la existencia de una cultura del pacto y la negociación”. En su opinión, esa supuesta cultura del pacto, junto con el origen y dependencia no gubernamental de los centros, es lo que permite que el sistema tenga un "elemento identitario" propio y diferenciado. Es decir: libertad de pacto sin control público; eso se llama “economía de libre mercado” y tiene bien poco de “identitario”, pero ni los neoliberales más osados se han atrevido jamás a postular que, como ocurre en el “modelo catalán”, el riesgo del negocio y el coste de la inversión corran a cargo del erario público.

Queda claro: en Madrid “marea blanca”, en Cataluña “marea negra” (*)

 

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(*) Marea negra: Se denomina marea negra a la masa oleosa que se crea cuando se produce un derrame de hidrocarburos en el medio marino. Se trata de una de las formas de contaminación más graves, pues no sólo invade el hábitat de numerosas especies marinas, sino que en su dispersión alcanza igualmente costas y playas destruyendo la vida a su paso, o alterándola gravemente, a la vez que se generan grandes costes e inversiones en la limpieza, depuración y regeneración de las zonas afectadas.