Durante mi experiencia profesional en la UE en el ámbito de las relaciones internacionales tuve que tratar con diversas situaciones donde minorías (étnicas, culturales, etc.) reclamaban su "reconocimiento" dentro del Estado del que formaban parte, cuando no directamente su secesión del mismo ya fuera para formar un Estado independiente o unirse a otro preexistente. Lo habitual era que dentro de esas mismas minorías existiera una variedad de posiciones en cuanto al camino a seguir y a las "reclamaciones" a plantear. El monolitismo era raro, lo que, evidentemente, complicaba la búsqueda de soluciones.

Se hace muy difícil, por no decir imposible, atisbar una solución cuando el eje fundamental del planteamiento tiene su base en cuestiones identitarias

Pero hay una cuestión que era de aplicación a todas ellas: se hace muy difícil, por no decir imposible, atisbar una solución cuando el eje fundamental del planteamiento tiene su base en cuestiones identitarias. Cuando las reclamaciones se plantean desde este punto de vista, la racionalidad se deja de lado y la discusión se hace prácticamente imposible. Es muy sencillo: si un ciudadano se siente exclusivamente catalán, no tiene mucho sentido que acepte formar parte de un Estado que le "impone" otra identidad (en este caso ser "español"). Sin embargo, y dicho sea de paso, todas las encuestas señalan que existe una mayoría de ciudadanos en Cataluña que se sienten catalanes y españoles en mayor o menor grado.

Por otro lado, plantear la discusión en términos abstractos (como por ejemplo, elegir entre un Estado federal, un Estado confederal o un Estado independiente), si bien es atractivo por la simplificación conceptual que supone, tampoco facilita la búsqueda de soluciones, pues cada cual suele interpretar dichos conceptos en función de sus intereses u objetivos políticos y, por lo tanto, no queda claro a priori cuál sería la formulación de dichos sistemas de organización territorial en la práctica y las consecuencias derivadas. Es como abrir la Caja de Pandora, sabes dónde empiezas pero no sabes dónde acabas.

La alternativa a los dos planteamientos anteriores (identitario y conceptual) es partir de los problemas o de las reclamaciones concretas, es decir, de la lista de supuestos "agravios" existentes. Pero cuando hablo de agravios, necesariamente, me refiero a los actuales y no a cuestiones que se hayan podido producir en el pasado, particularmente en un pasado lejano. A menos que los agravios pasados puedan ser individualizados y, por lo tanto, afecten directamente a personas todavía vivas (o sus descendientes directos) y demanden una reparación, como por ejemplo la confiscación de bienes a personas que fallecieron hace ya tiempo y cuyos descendientes debieran ser resarcidos. En cuanto a los "agravios" históricos, lo mejor es excluirlos directamente o acordar la creación de un grupo de expertos de reconocido prestigio que pueda proponer un relato del pasado objetivo sobre la base de pruebas documentales.

En la búsqueda de una solución a través de este enfoque "pragmático", lo primero de todo es la existencia de unos prerrequisitos para que las personas pertenecientes a esta minoría puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones como cualquier otro ciudadano del Estado. Primero de todo, que no reciban un tratamiento discriminatorio y puedan participar en el proceso político en pie de igualdad con el resto de ciudadanos; por ejemplo, que gocen de derecho de sufragio activo y pasivo, que puedan acceder a cualquier tipo de responsabilidad en las instituciones del Estado, que tengan el mismo tipo de acceso a los servicios públicos (educación, sanidad, etc.), en definitiva que sean ciudadanos de pleno derecho del Estado. Segundo, el respeto de sus especificidades culturales y lingüísticas, siempre y cuando no trasgredan los valores democráticos y los Derechos Humanos fundamentales, lo que suele ir acompañado en numerosas ocasiones de un sistema de autogobierno más o menos amplio. Y, tercero, el ejercicio del poder por parte del Estado (incluidos los tribunales de justicia) sobre la base del respeto de la ley y del interés general. En mi opinión, este es el caso en España para todos los ciudadanos de Cataluña.

Para llegar a una solución justa y duradera no se puede tampoco caer en la trampa de la concesión de privilegios con el fin de tratar de comprar las voluntades de las personas pertenecientes a la minoría

A contrario, es también importante destacar que para llegar a una solución justa y duradera no se puede tampoco caer en la trampa de la concesión de privilegios con el fin de tratar de comprar las voluntades de las personas pertenecientes a la minoría; primero, porque sería una forma de sentar un precedente para futuras exigencias y privilegios adicionales de la misma minoría o de otras existentes y, segundo, por lo que supone de injusticia para el resto de ciudadanos del Estado.

En el caso de Cataluña, la lista de supuestos "agravios" planteados por el nacionalismo se podrían agrupar en tres categorías: los referentes a la financiación autonómica, los referentes a la regresión del autogobierno y los referentes al maltrato de la lengua y cultura catalanas. Como dije anteriormente, los supuestos agravios históricos es mejor dejarlos para una comisión de historiadores de la que deberían formar parte tanto defensores y detractores del nacionalismo como historiadores internacionales de reconocido prestigio.

En cuanto a la financiación autonómica, recordar que todos los sistemas, incluido el actual, fueron negociados entre la Generalidad y el Gobierno español y posteriormente extendidos al resto de CCAA de régimen común. La posible solución a este capítulo es, a grandes rasgos, bastante sencilla: un nuevo sistema de financiación donde todos los ciudadanos paguen en función de su renta (independientemente del lugar donde residan) y las CCAA reciban el mismo nivel de financiación per cápita para sufragar los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y servicios sociales). Evidentemente, en el caso de Cataluña deberían incluirse también la financiación de los gastos derivados de la policía autonómica y otros similares inexistentes en otras CCAA. El resto de gastos autonómicos (TV autonómicas, representaciones en el exterior, etc.) deberían ser financiados con impuestos o recargos autonómicos específicos para que los ciudadanos conozcan el coste de dichas políticas y puedan exigir responsabilidades a sus gobernantes. En este contexto, una solución (pero hay muchas otras posibles) podría ser que todos los impuestos de carácter personal (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, etc.) fueran gestionados por las CCAA y que los impuestos con un impacto en la unidad de mercado (Sociedades, IVA, etc.) fueran gestionados por el Estado, con las correcciones que fueran necesarias. Se trataría de simplificar el sistema y hacerlo más transparente, asegurando el mantenimiento de la solidaridad con los ciudadanos y territorios de niveles de renta inferiores. Por definición, el problema de la "ordinalidad" quedaría resuelto.

En este contexto, evidentemente, las comunidades forales deberían aportar también su parte alícuota a la solidaridad (que no es el caso actual); incluso diría más, lo verdaderamente importante no es tanto el sistema de concierto económico en sí mismo (que es fundamentalmente un modo de recaudación de impuestos), sino la forma de cálculo del cupo a pagar al Estado que debería incluir la parte correspondiente para asegurar la solidaridad con los otros ciudadanos del Estado. De hecho, yo soy de los que piensan que un sistema de concierto económico sería generalizable a todas las CCAA si el cálculo de los respectivos cupos se hiciera de una manera transparente y correcta en base a criterios económicos objetivos y bien determinados y no sobre la base de una negociación bilateral politizada.

Un sistema de concierto económico sería generalizable a todas las CCAA si el cálculo de los respectivos cupos se hiciera de una manera transparente y correcta en base a criterios económicos objetivos y bien determinados

En cuanto a la financiación de las infraestructuras, la cuestión es más complicada pero no imposible, ya que dependería de aspectos tales como la existencia o no de las mismas en cada territorio, la necesidad de concentrar los esfuerzos en determinados puntos para mejorar la eficiencia de su utilización, la necesidad de asegurar las interconexiones entre infraestructuras situadas en diferentes territorios, la competencia internacional, etc.

En cuanto a la supuesta "recentralización" o regresión del autogobierno, creo que hay una parte de razón en las reclamaciones del nacionalismo catalán, ya que el actual Gobierno de Rajoy ha utilizado las llamadas leyes de bases y otros mecanismos para proceder a una armonización en determinados sectores cuando no era estrictamente necesario. Pero, asimismo, también se han producido exageraciones, como por ejemplo con la Ley de Unidad de Mercado uno de cuyos objetivos fundamentales es el asegurar que una empresa que haya obtenido la autorización para operar o vender sus productos en una Comunidad Autónoma pueda hacerlo directamente en el resto de las CCAA sin tener que someterse a nuevas autorizaciones o procedimientos administrativos; en definitiva, es la aplicación en España del principio de "reconocimiento mutuo" que se aplica en la UE. Curioso que el nacionalismo catalán se queje de la aplicación de un sistema cuando proviene del Gobierno español y lo acepte cuando proviene de la UE; es decir, una empresa de un país europeo puede operar y vender sus productos en Cataluña directamente (filosofía del Mercado Único Europeo), pero debería someterse a los controles de la Generalidad si proviene de otra Comunidad.

En cualquier caso, en esta cuestión la solución también es sencilla: delimitar de una forma clara las competencias del Gobierno central y de las CCAA. Si ello significa un cambio de la Constitución, hacia un sistema federal o de "perfeccionamiento" del actual Estado de las autonomías, pues adelante. Si, además, hubiere que cambiar el actual Senado hacia una cámara realmente territorial, donde las CCAA o los estados federados estuvieran representados directamente y pudieran debatir sobre las cuestiones y aprobar leyes que les atañen, también adelante. Pero, ello significaría con toda seguridad, asimismo, el "cierre" del sistema, lo que no estoy seguro sería del agrado del nacionalismo catalán.

Finalmente, el supuesto maltrato a la lengua y la cultura catalanas, cuyo elemento de crítica fundamental son las sentencias de los tribunales de justicia en contra de la utilización del catalán como única lengua vehicular en las escuelas. Esta es una generalización que no aguanta un análisis objetivo. Primero, porque la situación de la lengua y culturas catalanas es la mejor de, al menos, los últimos cien años, tanto en número de hablantes como en difusión. Segundo, porque muchos ciudadanos tenemos la percepción de que están siendo utilizadas por el nacionalismo como instrumentos para su particular "construcción nacional". Y, tercero, porque se trata también de una cuestión de respeto de derechos individuales, es decir de los derechos de los ciudadanos de Cataluña a utilizar el castellano como lengua de comunicación con las administraciones catalanas, a utilizarla en sus actividades empresariales ("rotulación" en castellano) y a que sus hijos puedan recibir una educación bilingüe, entre otras cosas para asegurar que adquieren el "registro culto" de la lengua que solo es posible en la escuela; en este sentido, por ejemplo, tildar de ataque a la lengua catalana la última sentencia del TSJC que impone que al menos un 25% de las asignaturas sean en castellano es insostenible.

El otorgamiento de privilegios o concesiones que lo único que conseguirán es "comprar tiempo" y crear nuevos problemas

Asimismo, la solución podría ser un acuerdo por el cual el enfoque sobre la lengua catalana pasara de una actitud de "imposición" (incluso sobre la base de sanciones, como es el caso actual en demasiadas ocasiones) a una actitud de "promoción" (sobre la base de incentivos), incluyendo la aceptación del bilingüismo en las escuelas; por su lado, el Estado podría considerar el catalán y las otras lenguas de España como oficiales en todo su territorio, asumir el compromiso de proponer que lleguen a convertirse en lenguas oficiales también en la UE, promover la cultura catalana en el mundo con los mismos mecanismos e incentivos que actualmente se utilizan para la promoción del español (por ejemplo, el Instituto Cervantes), etc. Yo me atrevería incluso a añadir la doble capitalidad del Estado en Madrid y Barcelona como elemento adicional de implicación de Cataluña en un futuro común, a la vez que de reconocimiento de su importancia dentro de España.

En definitiva, sí es posible una solución a la situación actual en Cataluña a raíz del llamado proceso soberanista. Pero para ello, hay que tener voluntad política, abandonar las actitudes identitarias e intentar buscar acuerdos para subsanar los posibles "agravios" existentes de una manera racional y sobre la base del interés general, un arma formidable desde el punto de vista político y ético. Y no del otorgamiento de privilegios o concesiones que lo único que conseguirán es "comprar tiempo" y crear nuevos problemas (como incentivos para futuras reclamaciones y como discriminación hacia otras CCAA). En cualquier caso, el nacionalismo nunca estará satisfecho, ya que si así fuera desaparecería, le va la subsistencia política en ello.