Respuestas socráticas a Borja de Riquer

En un escrito recientemente publicado, el profesor de Riquer interpelaba a los "demócratas españoles" con preguntas retóricas, con carácter de chantaje emocional, que reforzaba con la introducción de ciertos "datos" preliminares. Empecemos por ahí. Constataba: 1) el corrimiento de la percepción de la identidad por los catalanes, en las encuestas de opinión, hacia las fórmulas del tipo "sólo o mayoritariamente catalanes", 2) el hecho de que la mayoría del Parlamento autonómico haya solicitado la "consulta" y 3) el nutridísimo grupo de entidades y asociaciones que han suscrito el "Pacte Nacional pel Dret a Decidir".

Es preciso decir que están por determinar los instrumentos de medida del "agotamiento" de una forma de organización política y que es difícil que se agote un sistema que está abierto al cambio y fija los mecanismos para su propia reforma

Los dos últimos son hechos innegables cuyo peso, sin embargo, se puede matizar con algunos otros. Por ejemplo, tomando como referencia la misma encuesta de la que extrae el profesor sus datos (barómetro del CEO, noviembre de 2013), puede observarse igualmente que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña se encuentra bastante (53,6%) o muy (30,6%) insatisfecha con el funcionamiento de la democracia, lo que bastaría para poner en cuestión la fuerza de la mayoría parlamentaria a la que alude. En cuanto al listado de las entidades y asociaciones que se han pronunciado por el "derecho a decidir", cabe preguntarse en qué medida dependen del erario público y si ello no habrá influido en su decisión. Es posible que también pudiera atribuirse su decisión a la "burocratización" de sus equipos de dirección, como dice el autor acerca de la ejecutiva del PSC, de forma no argumentada y, por ello, bastante venenosa.

Y en cuanto al "hecho principal", el cambio de tendencia del sentimiento de pertenencia (y no queremos entrar a valorar la fuente), hay que hacer notar que, de nuevo en la misma encuesta, las relaciones entre Cataluña y España sólo alcanzan a ocupar el cuarto lugar entre las principales preocupaciones de los catalanes (para un exiguo 9,3% de los encuestados) y que la "excesiva presión fiscal" o la "crisis de la identidad catalana" se encuentran mucho más abajo (0,5 y 0,4% respectivamente; 9 personas de 2000).

A continuación, hace una somera enumeración de las causas de estos fenómenos en la que se echa en falta algo más de profundidad, por cuanto se ciñen a un listado de tópicos que se vienen repitiendo sin análisis, como una especie de lección aprendida, en todos los debates sobre la cuestión de la secesión: el agotamiento del sistema político surgido de la Constitución del 78, la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatuto y las "medidas centralizadoras y anticatalanas" del gobierno Rajoy.

Es preciso decir que están por determinar los instrumentos de medida del "agotamiento" de una forma de organización política y que es difícil que se agote un sistema que está abierto al cambio y fija los mecanismos para su propia reforma. Las deficiencias de funcionamiento del sistema institucional español (perfectamente reformable, a su vez) y, muy probablemente, la mala voluntad política de quienes tenían interés en convertir el Estatuto en un trágala, explican el proceloso camino que este documento tuvo que recorrer. Los recortes que sufrió no pueden justificar el crecimiento de la voluntad secesionista, siendo así que los catalanes no debían sentirse muy preocupados por él cuando –pese a una machacona campaña institucional– no acudieron a votar ni siquiera la mitad de ellos. Por último, no es imaginable que ningún gobierno español dicte nada contra sí mismo, no caben pues medidas "anticatalanas" (tal vez sí "anticatalanistas", aunque tampoco es probable). Este lenguaje, y es triste tener que decírselo a un académico, suena a propaganda política. Si no hubiera detrás una mala voluntad, no es justificable sembrar alarmismo y propugnar la ruptura por ninguna acción de gobierno en un estado democrático. Todas son reversibles, por cuanto existe el recambio político y es deber de la oposición prometer lo imposible; éste es el privilegio de la democracia.

¿Qué significa aquí negociar que no sea acceder a las pretensiones del secesionismo? ¿Qué alternativas se ofrecen a la negociación? ¿Será preciso decir que la voluntad de cada uno se debe subordinar a la voluntad de la mayoría? ¿Habrá que repetir que el cumplimiento de la norma que todos nos hemos impuesto es la condición de la vida democrática?

El carácter y la composición de lo que llama "movimiento (¡uy, qué palabra!) por el derecho a decidir" es irrelevante para lo que se pretende: dirigir ciertas preguntas a los demócratas españoles con el fin, supongo, de suscitar su reflexión o despertar su mala conciencia.

Y llegamos al núcleo duro del artículo: las preguntas. Armado con a) los hipotéticos cambios en el sentimiento de pertenencia de los catalanes (justificados por los agravios infligidos por España), b) la voluntad de una mayoría de parlamentarios, c) una nutridísima representación de asociaciones y entidades cívicas y d) un movimiento ciudadano joven, moderno, supuestamente limpio de contaminaciones políticas, Borja de Riquer, en nombre de todos los catalanes, se siente dotado de legitimidad democrática suficiente para interpelar a los "demócratas españoles" con el fin de que reaccionen democráticamente y accedan a las pretensiones del secesionismo, que no otro es el trasfondo del mensaje.

Comienza interpelándoles sobre qué hacer si el gobierno español se niega a negociar. ¿Qué significa aquí negociar que no sea acceder a las pretensiones del secesionismo? ¿Qué alternativas se ofrecen a la negociación? En las preguntas que formula a continuación, la cosa queda meridianamente clara, sobre todo vistos los antecedentes que ha expuesto anteriormente. En ellas, contrapone la "legalidad constitucional" a la "legitimidad democrática". Implícita en esa contraposición está la idea de que la Constitución no es legítima, pero la voluntad de los secesionistas sí lo es. Todo ello, tapado con el trampantojo del "derecho a decidir", un supuesto derecho que nadie reconoce. Sr. Profesor, ¿será preciso decir que la voluntad de cada uno se debe subordinar a la voluntad de la mayoría? ¿Habrá que repetir que el cumplimiento de la norma que todos nos hemos impuesto es la condición de la vida democrática? ¿Que el único sistema que permitiría el libre ejercicio de la voluntad es la anarquía y que nunca ha sido posible implementarlo ni siquiera en pequeñas comunidades de un modo eficiente y completo?

Es posible que el autor crea que las circunstancias históricas en que se elaboró y aprobó la Constitución no permitían desarrollos de la misma más acordes con los intereses de los catalanistas (ni siquiera ese mínimo argumento aparece en su escrito), pero su profesión le hará conocedor de que, siendo las circunstancias muy otras, no fueron más satisfactorios para sus pretensiones los resultados durante la segunda República. Sabrá también que en España se disfruta de cotas de autogobierno que es difícil encontrar en otros países de nuestro entorno. Por último, como ya se ha mencionado, sabrá que la Constitución es un sistema abierto que permite la reforma. Da cierta vergüenza tener que recordar a un profesor que lo democrático es que lo que fue consensuado entre todos se reforme de común acuerdo entre todos. Que no arroje el adjetivo "democrático" sobre el rostro del resto de los españoles, tratando de avergonzarles con un inexistente pecado, porque se vuelve contra él como un boomerang.

Todas las naciones, habría que recordar igualmente, existen en la medida en que son imaginadas. Tan imaginada es la española como la catalana. Ambas son entelequias, abstracciones mentales, para las que la humanidad ni siquiera había construido una palabra hasta hace poco más de 200 años. Siendo común su carácter imaginario, no sirve para distinguirlas unas de otras. Todas las naciones se proponen a sí mismas –con estas u otras palabras–, como patria común e indivisible de sus nacionales (debería releer el preámbulo del Estatuto por si le parecen mejor las palabras allí empleadas). Y esa fórmula constitucional no se impuso a todos los españoles por ley, sino que se consensuó (y, se lo recuerdo una vez más, puede ser objeto de reforma). ¿Acaso estaría el Sr. Riquer dispuesto a que el texto de una hipotética constitución catalana previera mecanismos de segregación de sus territorios, pongamos la Val d’Aran o L’Hospitalet?

Y, ya para terminar, ¿acaso no es esa misma supuesta e imaginada unidad nacional –del "pueblo" de Cataluña– el argumento que él invoca para reclamar el "derecho a decidir"? (Porque las personas, hasta donde se nos alcanza, no podemos decidir por ejemplo, la cuantía de nuestra "solidaridad" ni el destino de nuestros impuestos).

En resumen, es lamentable que alguien, que no tiene necesidad del beneplácito del poder, se valga del prestigio de sus apellidos para lanzar soflamas políticas encubiertas como reproches morales y que publique panfletos tan impropios de su altura intelectual.

Antonio Roig Ribé, en nombre de la Asociación por la Tolerancia