Treinta años

-¿Qué virtud hay que tener para ser un buen catalán?

-La verdad. Decir siempre la verdad. Ir con la verdad por delante.

La pregunta es del periodista Xavier Domingo y la respuesta del que fuera primer presidente de la Generalidad restaurada en 1977 tras la dictadura, Josep Tarradellas. En un diálogo publicado en la revista Cambio 16 en noviembre de 1987 Tarradellas demuestra su sensatez y alteza de miras contestando por elevación una pregunta que suele responderse a base de tópicos, con independencia de que el gentilicio sea el de Cataluña, el del conjunto de España o el de cualquier otra comunidad política.

Tras la muerte de Franco, resultaba lógica y aun deseable la implantación de un modelo que privilegiara el uso de la lengua catalana con objeto de recuperar el tiempo perdido. Pero pronto quedó claro que el objetivo de la política lingüística de los sucesivos gobiernos de la Generalidad no era el bilingüismo sino un monolingüismo en catalán a todo trance

Lamentablemente, el discurso político que defienden los actuales inquilinos de la Generalidad y sus adeptos está en las antípodas de la virtud apuntada por Tarradellas, y muy especialmente con respecto a la cuestión lingüística.

España y su historia lingüística hasta el siglo XX no constituyen, en contra de lo que establece el dogma del nacionalismo lingüístico que impera en Cataluña, una excepción entre las naciones europeas. Al contrario, su evolución es perfectamente homologable a la de los países de nuestro entorno. Hay quien pretende que la existencia de nacionalismos periféricos en España demuestra que España no es una nación como Francia o Alemania y que la pervivencia en mayor o menor medida de lenguas como el catalán, el euskera o el gallego demuestran la resistencia de los españoles de esos territorios a sumarse a un proyecto nacional conjunto. Pero el verdadero motivo de la pervivencia de las lenguas españolas diferentes del castellano no es la determinación de catalanes, vascos o gallegos de no ser españoles, sino el fracaso del Estado liberal español allí donde otros Estados liberales triunfaron, es decir, en la obra de alcanzar la unidad nacional necesaria para garantizar el desarrollo económico. El desaparecido Juan Linz, politólogo español por excelencia, apunta las causas del fracaso del Estado español en la asimilación castellana del conjunto de los españoles: "El asimilacionismo castellano ha fracasado en buena medida porque durante siglos no existió una política expresa en tal sentido, y debido a la debilidad del Estado Español que apoyaba al castellano en el siglo XIX, y la ausencia de una política cultural nacionalista de alta calidad, como la que existió en la Francia post-revolucionaria".

Ya en el siglo XX, la dictadura de Primo de Rivera y, sobre todo, los cuarenta años de franquismo trataron extemporáneamente de resolver a sangre y fuego las ineficiencias del Estado español en orden a homogeneizar España cultural y lingüísticamente, como habían hecho el Estado francés –a partir de 1789- o incluso, más tarde, el italiano y el alemán. En todo caso, el franquismo exacerbaría sobremanera la intensidad del sentimiento nacionalista en Cataluña y el País Vasco debido a las intempestivas políticas centralistas y homogeneizadoras del régimen ordenadas a aniquilar la diversidad cultural y lingüística de España, remedo anacrónico de las políticas decimonónicas de construcción nacional que en nuestro país –lastrado por la hegemonía nobiliaria y eclesiástica, así como por la debilidad de la burguesía industrial- no alcanzaron el éxito que sí habían logrado en Francia.

Ya en 1981 Tarradellas censuraba la "falta de sentido de responsabilidad" y la "alocada política" del primer Gobierno de Jordi Pujol en materia de política lingüística. Acusaba al Ejecutivo autonómico de utilizar el truco de "convertirse en el perseguido, en la víctima"

El franquismo dio carpetazo entre otras cosas a la denominada ley del bilingüismo, promulgada por el gobierno provisional de la Segunda República a los quince días de su llegada al poder en un comedido intento de normalizar en el ámbito escolar catalán lo que ya era normal en la calle, sobre todo en la Barcelona de los años treinta del siglo pasado: el bilingüismo. La hostilidad del régimen contra toda manifestación cultural ajena a la lengua castellana y al casticismo en general supuso un torpedo en la línea de flotación del nacionalismo catalán, singularmente apoyado en la lengua, que quiso ver en aquélla la confirmación de su inmutable versión de la fatídica historia lingüística de España. Así, y aunque su supresión pueda parecer uno más de la larga lista de agravios perpetrados por el franquismo, la ley del bilingüismo republicana representaba un hito en la auténtica normalización lingüística de Cataluña. Pero, como ya se ha dicho, el franquismo radicalizó los nacionalismos periféricos hasta el punto de vedar, quién sabe si para siempre, la posibilidad de establecer un marco de convivencia realmente respetuoso con la pluralidad lingüística de España precisamente allí donde probablemente ésta se halle con mayor intensidad: Cataluña. Y es que la llegada de la democracia y el subsiguiente traspaso de competencias educativas a las CCAA resultaron en Cataluña en un modelo de inmersión lingüística en el que la presencia del castellano se ha ido reduciendo a marchas forzadas.

Tras la muerte de Franco, resultaba lógica y aun deseable la implantación de un modelo que, sin arrumbar el castellano como lengua docente –es decir, sin reducir, ni siquiera entonces, su uso a la asignatura de lengua y literatura-, privilegiara el uso de la lengua catalana en la escolaridad pública con objeto de recuperar el tiempo perdido durante la larga noche del franquismo. Pero pronto quedó claro que el objetivo de la política lingüística de los sucesivos gobiernos de la Generalidad no era el bilingüismo sino un monolingüismo en catalán a todo trance dispuesto irremisiblemente a lesionar derechos individuales consagrados por la Constitución. Todo ello, empero, en nombre de la normalización lingüística. ¡Dichosa normalidad!

Ya en 1981 Tarradellas censuraba, en una carta al director de La Vanguardia de obligada lectura, la "falta de sentido de responsabilidad" y la "alocada política" frente al Gobierno central del primer Gobierno de Jordi Pujol en materia de política lingüística, entre otras. Acusaba al Ejecutivo autonómico de utilizar el truco de "convertirse en el perseguido, en la víctima" y de ocultar tras una supuesta "política contra Cataluña (…) su incapacidad política y la falta de ambición por hacer las cosas bien". Tres décadas después… todo sigue igual en Cataluña.