Año nuevo, vida nueva. Esa es la máxima cuasi litúrgica que se exige a la sociedad para intentar exorcizar las malas pasadas del pasado, citando a mi estimado Manuel Cruz, y dirigir las miras hacia un porvenir repleto de esperanza. Sin embargo, en nuestra sociedad, año nuevo no es sinónimo de vida renovada. Más bien, acontece lo contrario y la irrupción del nuevo calendario se constituye en el motivo de reiteración de vivencias que retrotraen a lo pretérito. Un ejemplo de esta repetición cuasi cíclica de los acontecimientos históricos, lo constituye la subida de tasas en servicios públicos en nuestro país.

La irrupción del nuevo calendario se constituye en el motivo de reiteración de vivencias que retrotraen a lo pretérito

De la infinidad de servicios, sujetos a este incremento de su coste que podrían citarse, vamos a destacar el de los transportes públicos. Como es propio, tras las campanadas, empieza la celebración de la entrada de año junto con un incremento sustancial del billete de tren, metro, tranvía... En Cataluña se ha subido un 7,15 % el precio del billete sencillo (ahora cuesta 2,15 euros), así como un 5,1% en otros billetes. Dicho en otros términos, si queremos coger el metro para ejecutar cualquiera de nuestros quehaceres, deberemos de desembolsar más de 2 euros para deslizarnos por las entrañas de la ciudad. Una medida imprudente y negligente en el contexto social en el que nos encontramos, caracterizado, a brochazos, por congelación salarial desquiciante y una desocupación desbocada.

Dejando de lado las consecuencias masivas de esta salvaje medida, decisiones políticas que rozan la chapuza, como es el caso de la subida de los precios en el billete integrado 50/30, ulteriormente derogada por el Gobierno autonómico catalán, este fenómeno se entronca con las subidas efectuadas en otros sectores y servicios públicos, como es el caso de la educación universitaria pública, el incremento de tasas en tramitación administrativa pública y demás. En el concreto ámbito universitario, tras la negligente subida de las tasas de matriculación, en una conversación informal con colegas del gremio, se coligió que una gran parte de la problemática procedía de la capacidad de sumisión que tenía el alumnado, principalmente, así como del resto de profesionales universitarios. Es decir, si se hubiese acordado, en las diferentes asambleas de PAS, alumnado y PDI, que al iniciar el nuevo curso, nadie desembolsaba el precio correspondiente al nuevo valor de la matrícula, la cosa se solucionaba con cierta celeridad. Dicho en otros términos, de lo que se trataba era de llevar a la praxis la por entonces aclamada "no vull pagar" catalana.

Ahora bien, ante esta tentativa, rápidamente emergieron exasperados comentarios que hacían referencia al utopismo de la decisión, puesto que era imposible que toda la comunidad universitaria acordase una medida así, de la misma manera que se rechazaba la radicalidad de la conclusión calificándola de "suicida" o "radical en demasía". Sin embargo, estos mismos compañeros que calificaban de esta manera estas medidas, estaban absolutamente de acuerdo con las actuaciones absolutamente politizadas del "no vull pagar" catalán.

No puede ser que la sociedad civil ande tan adormecida que no sea capaz de adoptar alguna medida, mínimamente radical, para intentar paliar este bombardeo progresivo de su modus vivendi

Expresado en otros términos, lo que se exhumaba de esa actitud es de qué manera puede politizarse y, por ende, utilizarse de forma partidista e interesada, el derecho de desobediencia civil. Cómo una misma actitud, dependiendo del cobijo ideológico en el que se ubique, así como de los intereses políticos que se sigan, puede tener un signo u otro (salvador de la patria o bien transgresor estructural del status quo).

Pues bien, este control de la protesta radical, por parte de instancias del poder, se materializa hoy en día con la cuestión de la queja en torno a los exacerbados precios de los transportes públicos. Hay un movimiento social colindante a la problemática, que se manifestó el pasado viernes 10 de enero, reclamando que el despropósito, como mínimo, se reoriente. No obstante, la repercusión del evento (700 asistentes, impacto parco en los medios de comunicación...), así como el apoyo de las instituciones públicas, ha sido funesto. Una medida que afecta a millones de personas, sobre todo a la clase media de nuestra sociedad, merece una reacción más enérgica, por parte de todas las instancias implicadas. No puede ser que la sociedad civil ande tan adormecida que no sea capaz de adoptar alguna medida, mínimamente radical, para intentar paliar este bombardeo progresivo de su modus vivendi. No puede ser que los poderes políticos sigan tensando la cuerda para ver el punto, permítanme emplear la terminología física, de masa crítica de la ciudadanía y no empiecen a interceder, de forma seria, en medidas que aniquilan progresivamente. Comienza a ser imprescindible que la sociedad civil empiece a desperezarse y a tomar medidas (radicales) de forma urgente, si no quiere ser despellejado (completamente).