Durante años oímos hablar de la Transición española como el cúmulo de todas las virtudes pero como en este país (y ponga aquí cada uno el gentilicio que desee porque el resultado es el mismo) parece que no conocemos el justo medio que preconizaba Aristóteles, pues nada, ahora estamos en el otro extremo y tenemos que oír día sí y día también como la Transición fue un engaño y el mayor de los horrores. Así las cosas, parece claro que sería imprescindible que la Ética Nicomáquea fuera de lectura obligatoria y, sin embargo, a la reforma educativa se le ocurre quitar importancia a la Filosofía. Así nos va.
Junto a la Transición se denigra la Constitución o quizá se trata justamente de eso, de que porque interesa mucho desprestigiar la ley de leyes, se arremete también con todo lo que sucedió durante ese periodo. Porque, casualmente, las voces más críticas suelen oscilar entre las simpatías y la plena defensa de la secesión de Cataluña.
El artículo 1 del Título Preliminar de dicho texto dice: "España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Es decir, que España es un Estado de derecho y una democracia homologable al resto de democracias occidentales lo cual es, sin duda, un gran problema para los secesionistas, ya que lo único que podría justificar su anhelada autodeterminación externa -la interna ya la tenemos como queda recogido justamente en el artículo 2 de ese mismo texto y es equiparable a muchos estados federales y superior a la de, por ejemplo, Escocia- es que Cataluña fuera una colonia española o que imperara un régimen poco democrático. Ambas afirmaciones son absurdas, pero no por eso dejan de usarlas. Eso sí, sin ningún tipo de éxito en el ámbito internacional porque no se sostienen por ninguna parte.
La Constitución española cumple todos los requisitos del constitucionalismo moderno y está basada en otras constituciones de referencia como la Ley Fundamental de Bonn o la Constitución francesa
Se suele decir que la Constitución es ya antigua -no sé en qué lugar queda entonces la de Estados Unidos, que es de 1787- y que mucha gente no la votamos pero, sin embargo, jamás he oído nada parecido para cuestionar las de otros países de nuestro entorno que son todavía más antiguas. Eso no quiere decir que no pueda ser reformada, claro que se puede y existen mecanismos legales para ello. Obviamente, su reforma no es fácil pero eso, lejos de ser una anomalía democrática como algunos pretenden, es un garante de la misma porque si no en momentos de mayoría absoluta, como el que ahora mismo vivimos, el partido de turno podía hacer y deshacer a su antojo, lo que, creo que ahí convendremos todos, no es plato de gusto para nadie.
La Constitución española cumple todos los requisitos del constitucionalismo moderno y está basada en otras constituciones de referencia como la Ley Fundamental de Bonn o la Constitución francesa; y en cualquier democracia, el orden constitucional se respeta. En este caso, además, tiene la legitimidad que le otorga su altísimo apoyo cuando fue votada en referendo con el 87,78% (58,97% del censo electoral), tal y como recordaba el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós el pasado miércoles 27 de noviembre en la Comisión de Estudio del Derecho a Decidir en el Parlamento autonómico de Cataluña cuando la diputada de ERC Gemma Calvet i Barot aludía al "ruido de sables", uno de los argumentos recurrentes para intentar deslegitimar la validez del texto.
La Constitución alemana, por poner otro ejemplo cercano, es de 1949, cuando Alemania no era todavía propiamente un Estado soberano -por eso se denominó "Ley Fundamental" y no "Constitución"- y se encontraba ocupada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña y ni tan siquiera tras la reunificación alemana se consideró necesario someterla a referendo. Pese a esto, a nadie se le ocurre cuestionar su legitimidad como sucede aquí en boca nada más y nada menos que de diputados que deben su acta (y su sueldo) a, precisamente, esta Constitución.
Otro de los argumentos repetidos es presentar el Tribunal Constitucional como una anomalía democrática, especialmente desde la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña aunque, de nuevo, si lo comparamos con el resto de estados de derecho vemos que se trata de algo habitual, como demostraba Ignacio Martín Blanco hace un par de semanas desde estas mismas páginas.
Por todo esto, me parece una buena iniciativa la de Som Catalunya. Somos España de celebrar el Día de la Constitución con un acto reivindicativo que se iniciará a las 12:00 horas en la Plaza de Urquinaona bajo el integrador lema: "¡Juntos! Per un futur democràtic i plural", y creo que sería deseable que se sumaran todas las fuerzas democráticas, especialmente las de izquierda, que últimamente parece que coquetean con ese nuevo invento de la neolengua nacionalista de la "democracia radical".
Sin embargo, no quiero acabar este escrito sin recordar el que, sin duda, resulta el punto más denostado de nuestra Constitución, el ya citado artículo 2 cuando habla de la indivisibilidad de la Nación española. Paradójicamente, en la Declaración de Soberanía del Parlamento autonómico de Cataluña (del 23 de enero de 2013) se afirma que "es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantener Catalunya com un sol poble". Está claro que hay gente que cree que la coherencia está sobrevalorada.