No es un hecho menor que el Gobierno autonómico catalán haya presentado los presupuestos de 2014, y que estos superaran la semana pasada el primer trámite parlamentario gracias a los votos de sus socios republicanos. Recordemos que Oriol Junqueras puso dos condiciones para dar su apoyo. Que en las cuentas no hubieran más recortes y que el compromiso en el camino hacia la consulta fuera firme. Aparentemente ambas cosas se cumplen. Los grandes recortes se hicieron de forma furtiva en los prorrogados presupuestos del año pasado, aunque en los anexos de las nuevas cuentas se esconde un aumento significativo de algunas tasas y copagos sociales para personas dependientes, enfermos de SIDA, drogodependientes o enfermos mentales.

Con todo, los presupuestos contienen un misterio que, en otras circunstancias políticas o con unos medios de comunicación más incisivos, sería inadmisible. ¿De dónde van a salir exactamente los 2.300 millones de euros que faltan en el capítulo de ingresos? No se trata de una cifra irrisoria sino del 10% de los ingresos no financieros de la Generalidad. El consejero Andreu Mas-Colell lo fía a un plan de venta de activos públicos y nuevas concesiones que no quiso desvelar. Toda la oposición se lo reprochó. De lo dicho y publicado hasta ahora, parece que hay dos grandes líneas de privatizaciones. Por un lado, la venta de pisos de titularidad pública del Incasol, de los que 1.100 estarían disponibles ya sin excesivas trabas legales. Y, por otro, las 450 depuradoras de aguas residuales municipales, aunque su titularidad es muy diversa y eso supone un problema jurídico no menor. Con todo, del debate parlamentario se desprende la sensación de que Mas-Colell ha despejado sencillamente una ecuación: si solo podía generar el 1% de déficit y ERC no le dejaba presupuestar nuevos recortes, le faltaban 2.300 millones que, por ahora, se enmascaran en un indefinido plan que solo el tiempo dirá hasta qué punto puede cumplirse. De esta forma logra el visto bueno a las cuentas y gana tiempo porque 2014 puede estar repleto de sorpresas.

La clarificación política del PSC ha trasladado ahora toda la presión a ICV-EUiA, que internamente empieza a sufrir un cierto desgarro entre federalistas e independentistas

Las sorpresas pueden ser de todo orden. Políticas en primer lugar. Falta menos de un mes para que salgamos de duda sobre si los partidos soberanistas son capaces de ponerse de acuerdo en la pregunta de la hipotética consulta. La clarificación política del PSC ha trasladado ahora toda la presión a ICV-EUiA, que internamente empieza a sufrir un cierto desgarro entre federalistas e independentistas. Los ecosocialistas no se desmarcarán antes de tiempo de la consulta pero tampoco aceptarán una pregunta que solo sea sobre la secesión. Por su lado, ERC se siente cada día más fuerte. La última encuesta del CEO ratifica su ascenso al primer lugar del podio y sitúa nuevamente a Oriol Junqueras como el político mejor valorado. Paralelamente, la Assemblea Nacional Catalana sigue presionando para que la consulta se celebre antes de finales de mayo del año próximo y con una pregunta unívoca sobre la secesión. Si a ello añadimos la conocida posición de Josep Antoni Duran i Lleida a favor de un pregunta inclusiva, no es extraño que Artur Mas haya advertido este lunes muy seriamente del riesgo de ruptura ante la imposibilidad de acordar nada entre CDC, UDC, ERC, ICV-EUiA y la CUP. Con todo, cuesta creer que las fuerzas que han apoyado el derecho a decidir puedan permitirse un ridículo histórico de tal dimensión, que pondría de manifiesto la frivolidad de tal enunciado. Lo más probable es un acuerdo ambiguo de último minuto que nos retrotraiga a la declaración soberanista del pasado 23 de enero.

A las incertidumbres políticas, se añaden las económicas. El jueves pasado Mariano Rajoy anunció la reforma de la financiación autonómica para el primer trimestre del año que viene a partir de un nuevo reparto de los impuestos entre Autonomías y Estado. El enunciado es muy genérico, pero podría significar nuevos ingresos para la Generalidad con efectos de 1 de enero de 2014. En esta línea parece que avanza con fuerza la idea de que el impuesto sobre depósitos bancarios tenga carácter autonómico, aunque con unas determinadas restricciones en el tipo de gravamen. En definitiva, el agujero de 2.300 millones en los presupuestos catalanes de 2014 podría ser cubierto, no de forma completa, pero tal vez sí significativamente a partir del nuevo modelo de financiación, que complementaría el plan de privatizaciones que Mas-Colell está poniendo en marcha.

Los interrogantes políticos y financieros hace que la situación se presente bastante volátil. Si no hay pregunta, el fracaso del proceso puede imprimir un giro político de dimensiones copernicanas en pocas semanas. Si hay pregunta de compromiso, pero no se materializa la consulta ni hay tampoco elecciones anticipadas en 2014, Artur Mas tendrá que desarrollar igualmente un cambio de relato, pues ERC a partir de septiembre próximo dejará de apoyarle. En ese caso, la mejora de la financiación puede jugar una baza importante en la justificación de esa nueva estrategia posibilista, aunque nada garantiza que CDC logre sobrevivir al vendaval independentista que de forma oportunista e irresponsable ha alimentado.