Tengo que reconocer que siento una debilidad especial por Francesc Homs, consejero de la Presidencia autonómica y responsable de relaciones exteriores de la Generalidad. Y no podía ser de otra manera después de pasar quince años de mi vida profesional trabajando en ese campo. Con él, todos tenemos la fortuna de aprender cosas nuevas en la materia. Con una clarividencia inusual, hace unos días, dijo que en caso de declaración unilateral de independencia (suponemos por parte del Parlamento autonómico de Cataluña) la comunidad internacional acabaría aceptando tarde o temprano los hechos consumados, puesto que él nunca había visto a nivel internacional que se tomaran decisiones atendiendo literalmente a la literalidad del derecho.

La ventaja de una afirmación de esta índole proveniente del que parece ser el abanderado del sector más soberanista del Ejecutivo autonómico catalán es que permite comprobar cuáles son los planes que se preparan con vistas a alcanzar el que parece ser su objetivo irrenunciable: la independencia de Cataluña. Hasta el PSC empieza a darse cuenta (bueno, no todos, ya que el sector más catalanista sufre con impaciencia las dudas de Pere Navarro) de que la cuestión no es tanto preguntar a los ciudadanos de Cataluña, de preguntarnos, sobre nuestras preferencias sobre el futuro político de Cataluña (es decir, el llamado "derecho a decidir"), sino simple y llanamente el establecimiento de un Estado propio al margen de España.

"Llevamos luchando 300 años por nuestra libertad, así que algunos más no tendrían ninguna importancia"

De lo que se trataría es de convocar una consulta, ya sea directamente (incluso sin la autorización del Gobierno de Mariano Rajoy) con toda probabilidad sobre la base de la ley catalana de consultas, o indirectamente a través de unas elecciones plebiscitarias. Una vez superado el "procedimiento", el Parlamento autonómico de Cataluña subscribiría una declaración unilateral de independencia y a partir de ese momento, a esperar a que la comunidad internacional acabe aceptando lo irremediable, la voluntad del pueblo. Porque, al fin y al cabo, y como me dijo un conocido hace unos días, llevamos luchando 300 años por nuestra libertad, así que algunos más no tendrían ninguna importancia.

En el fondo de su afirmación, al menos existe el reconocimiento de que el derecho internacional no está de su lado. Ya era hora, deberíamos decir, pues desde prácticamente todos los lugares han ido llegando voces de que el llamado proceso soberanista (consulta sin que medie acuerdo con el Gobierno de España y la subsiguiente independencia unilateral) se situaría al margen de la legalidad internacional. Sin embargo, Francesc Homs parece obviar dos elementos que podrían dar lugar a un final poco feliz de su particular cuento de la lechera.

El primero, relativo a los costes de la transición hacia un Estado propio, en particular en caso de un intento de secesión unilateral. Como ya se ha dicho ampliamente, el más preocupante sería la salida de la UE, con la consabida subida de aranceles a las exportaciones catalanas, pérdidas de subvenciones en las diferentes políticas comunitarias (por ejemplo, en la agricultura), imposibilidad de acceso a sus programas de cooperación (por ejemplo, en sectores tales como la investigación y la educación), necesidad de visados para entrar en la UE, etc. Y lo que dicha exclusión significaría en términos de reducción del comercio y de la inversión extranjera, deslocalización de empresas, etc., y la consiguiente y más que probable recesión económica que acarrearía.

Pero es que, además, hay otros elementos que normalmente no son mencionados, como por ejemplo, la exclusión de Cataluña de todos los acuerdos en vigor de la UE con países terceros, sobre todo en materia de comercio de bienes y servicios, lo que supondría que las exportaciones catalanas pasarían a pagar unos aranceles particularmente altos en algunos de esos mercados.

Eso pasa en Abjasia y en Osetia del Sur, ya que desde que declararon su independencia de Georgia en 2008, sólo tienen vuelos con Rusia

Aún hay más, pues existen situaciones y sectores particulares donde el impacto económico podría suponer una verdadera debacle económica para Cataluña como sería el caso del transporte aéreo que al ser regido por la Convención de Chicago, en base a acuerdos bilaterales entre estados reconocidos internacionalmente, todos los derechos de despegue y aterrizaje del Aeropuerto del Prat podrían quedar suspendidos. ¡Imagínense, la suspensión de prácticamente todos los vuelos comerciales hacia y desde Barcelona! No habría economía que lo resistiera.

Pues sí, señor Homs, eso es lo que pasa en Abjasia y en Osetia del Sur, ya que desde que declararon su independencia de Georgia en 2008, sólo tienen vuelos con Rusia y poco más (los únicos que en la práctica han reconocido la independencia de dichos territorios); o como pasa con la autodenominada República Turca del Norte de Chipre, que al haber sido reconocida en la práctica solamente por Turquía, todas sus conexiones aéreas deben pasar forzosamente por esta última (con algunas excepciones, como es el caso de Azerbaiján). Pero como me dijo el conocido que mencioné anteriormente: no importa, lo pasaríamos mal algunos años pero después estaríamos mejor ya que todo el dinero que se recauda en Cataluña, aquí se quedaría.

El otro elemento que parece olvidar Homs es que no se trata sólo de lo que piensen en el extranjero, sino además y sobre todo de lo que se trata es de la profundización de la fractura social interna dentro de Cataluña y de la incertidumbre sobre la reacción de los ciudadanos ante una situación a todas luces ilegal, o cuando menos a la existencia de una doble legalidad. En dicha situación, ¿cómo reaccionarían las fuerzas de orden público (Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil) y cómo resolverían éstas las diferencias de opinión dentro de su seno? ¿Cómo lo harían las unidades del Ejército estacionadas en Cataluña? ¿Cómo lo harían los ciudadanos en general? ¿A qué legalidad obedecerían, a la nuevamente establecida como consecuencia de la secesión unilateral o a la que representan la Constitución española y los tribunales de justicia? Todo un escenario de incertidumbre que podría degenerar en una situación caótica y de descontrol. Porque como me dijo alguien una vez: no tomes decisiones sin tener los medios necesarios para ejecutarlas.