Quince años de sangría empresarial

La fuga de compañías catalanas a otras partes de España no amaina. El próximo otoño van a cumplirse nueve años del golpe de Estado separatista. En 2025 llegaron a estos lares 699 entidades procedentes del resto del país y se marcharon 814, con un saldo negativo entre entradas y salidas de 115.

Así lo atestiguan los datos que Informa ha extraído del Boletín Oficial del Registro Mercantil. Si elevamos el periscopio, el arranque del declive data de la lejana fecha de 2010, cuando por vez primera las bajas suman más que las altas. Desde entonces, la demarcación registra nada menos que una pérdida neta 6.500 sociedades.

El procés murió hace tiempo y ahora ocupa el Govern el socialista Salvador Illa, apoyado por ERC y el partido ultraizquierdista Comuns. La segregación ha perdido vigor. El suflé se ha deshinchado. Ya no moviliza a las gentes como antes, aunque conserva un apreciable caudal de votos. Se alimenta del enorme aparato mediático de propaganda oficial y de las mesnadas de dirigentes vernáculos que viven de vender la burra coja a la feligresía.

Aun así, todavía se siguen escabullendo compañías curso tras curso, y además en cantidades considerables. Tal circunstancia evidencia el quebranto estrepitoso ocasionado por las actuaciones demenciales de Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

La cabra tira al monte. Es estupefaciente escucharles pontificar y soltar sus peroratas infumables mientras siguen promoviendo las bondades de una independencia imposible y ruinosa para el futuro de Cataluña. Pero ahí continúan ellos, con total desparpajo, chupando del bote del presupuesto a manos llenas.

Este territorio nororiental siempre fue tierra de gentes laboriosas e industriosas, de burgueses, de pymes y de firmas de capital familiar. Resulta increíble que por culpa de una colección de políticos insensatos, los empresarios hayan tenido que tomar las de Villadiego y situar sus dineros a buen recaudo.

A las desventuras transcritas se añade el pavoroso infierno fiscal imperante desde tiempo inmemorial, con un IRPF de los más elevados de España, una inicua exacción sobre el Patrimonio y otra no menos sangrante sobre Sucesiones. Amén del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que grava la compra de las viviendas de segunda mano. En Madrid está topado en un máximo del 6%. En Cataluña, el mínimo es el 10% y puede dispararse hasta el 20%.

Para colmo de males, este rincón celtibérico bate todos los récords habidos y por haber en materia de creación de tributos propios, con un total de 15, que afectan a variados sectores. Este es un claro hecho diferencial que nos distingue perniciosamente de las otras autonomías.

Desde que Illa aterrizó en la plaza de Sant Jaume se percibe una cierta recuperación de la confianza, favorecida por una menor tensión institucional. Aunque la normalización se va afianzando, el cómputo de 6.500 firmas huidas constituye un pesado lastre que costará lustros revertir.

Los efectos siniestros de la etapa de secesionismo convulso aún pesan sobre el tejido productivo y no van camino de disiparse con rapidez, pues requieren políticas coherentes y de visión a largo plazo que no se vislumbran en el horizonte.

Los emprendedores e inversores, lejos de demandar milagros o soluciones mágicas, solo reclaman seguridad jurídica, serenidad política y un sistema impositivo razonable que no penalice su esfuerzo ni ponga en riesgo la viabilidad de sus negocios.

Solo si semejantes pilares están garantizados, las compañías planifican, crecen y crean empleo sin el temor constante a emigrar a otras regiones en busca de un trato menos opresivo.