Emergencia habitacional

En un contexto caracterizado por la exacerbación de cualquier problema y la declaración superficial de situaciones de emergencia, cada vez es más complejo distinguir entre lo trivial y lo relevante.

El acceso a la vivienda, independientemente de las crecientes posturas populistas, resulta innegable que constituye un problema social.

Durante el apogeo de la anterior burbuja inmobiliaria, España contabilizó más de 650.000 viviendas terminadas en el año 2007, una cifra que superó la suma de viviendas finalizadas en Alemania, Francia y el Reino Unido.

Este exceso, animado por una financiación fácil y barata, condujo a una crisis que acabó con un buen número de entidades financieras y a una drástica reducción de la actividad de la promoción inmobiliaria, tocando suelo en 2012 con solo 35.000 viviendas acabadas.

En la actualidad, con un mercado relativamente estabilizado, se finalizan aproximadamente 100.000 viviendas al año. Considerando que la población española ha aumentado en cuatro millones desde 2007, lo que equivale a poco menos de dos millones de hogares adicionales, el déficit de oferta de obra nueva es claro y es uno de los elementos que tensionan el mercado.

El problema no se limita a la disponibilidad de viviendas, sino también se extiende a la accesibilidad a ellas. No todo el que quiere puede comprar o alquilar una vivienda, simplemente porque no alcanza a pagárselo.

Si el parque inmobiliario no crece, tampoco lo hace el mercado de alquiler porque los precios se han disparado y la seguridad jurídica es mejorable, en especial por el fenómeno, medio consentido, de la okupación.

Un segmento significativo de la población se enfrenta a dificultades para acceder a una vivienda debido a disponer de escasos e irregulares ingresos, mientras que otro segmento, aún más preocupante, percibe ingresos recurrentes, pero insuficientes para satisfacer sus necesidades.

Esta situación afecta tanto a la vivienda social como a la vivienda accesible.  En Barcelona, por ejemplo, las estadísticas indican que el salario medio se sitúa en torno a los 2.500 euros mensuales, mientras que el alquiler medio representa aproximadamente el 50% de dicha cantidad, lo que evidencia lo difícil de la situación para la gran mayoría de las personas.

Este escenario facilita la proliferación de discursos populistas, los cuales abundan cada día más. Sin embargo, existen diversas medidas que podrían implementarse, pero que no se llevan a cabo, en parte debido a la generalizada aceptación de la situación anómala de las Administraciones, de todas, consecuencia de la recurrente ausencia de presupuestos.

Desde hace muchos años, todo el mundo en España quiere tener vivienda en propiedad, sea cara o barata, sea para un ciudadano nacido en España o en Timbuktú, la propiedad va antes que el alquiler, entendiendo las hipotecas no como lo que son, un préstamo, sino como un camino para ahorrar. Incluso las viviendas de protección oficial se venden, no se alquilan.

Eso hace que solo un 20% de la población viva en régimen de alquiler, mientras que en los países de nuestro entorno la proporción es muy diferente, premiando el alquiler en los países del centro de Europa.

En Viena, por ejemplo, el 60% de la población vive en viviendas públicas o subvencionadas con alquileres asequibles. Ellos gozan de un modelo de más de un siglo de antigüedad en el que se construyen y gestionan viviendas sociales, tanto por el ayuntamiento como por cooperativas y asociaciones.

Algo similar, con porcentajes algo menores, ocurre en Ámsterdam o en Copenhague. En España no llega al 2%.

Ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado deberían construir vivienda asequible para alquilar, siendo ésta la única manera realista de impactar en el precio del mercado. Y en la propiedad, los esfuerzos para avalar o facilitar la entrada a hipotecas son el mecanismo.

La solución pasa por construir más. Lo pueden hacer solos, en iniciativas público-privadas o como lo deseen, pero lo tienen que hacer y para eso tienen que ser generosos con la liberación del suelo. En todas las ciudades hay suelo disponible, solo es cuestión de sacarlo al mercado.

Limitar precios o prohibir compras no sirve de mucho. Hay que construir para alquilar y para vender, y hay que ser muy consistente para generar un parque de vivienda asequible que impacte en el precio de mercado. Lo demás son parches o peor aún, brindis al sol.