Hace ya un mes desde que cientos de jueces y fiscales de toda España decidimos ir a la huelga para protestar contra unas reformas tramitadas por el Gobierno y por la vía de urgencia que, de aprobarse, supondrían un grave retroceso en la independencia judicial y en el Estado de derecho.

Una movilización que, pese a lo dicho por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que trató de restar importancia a aquello que le perjudica, fue un rotundo éxito, pues nunca, en la historia de la democracia, había sucedido con tal intensidad y unidad.

Se sumaron a ella todas las asociaciones judiciales y fiscales (a excepción de las llamadas progresistas), así como una gran parte de los jueces y fiscales no asociados, que representan, más o menos, la mitad de los integrantes de ambas carreras.

En total, entre los días 1 a 3 de julio, una media de seguimiento del 70% del total de jueces y fiscales, según los datos ofrecidos por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

A pesar de ello, el citado ministro, parafraseando a Sabino Fernández Campo, “ni está ni se le espera”. Ya que, tras negar la objetividad más evidente, el número de jueces y fiscales que se sumaron a la huelga, y maquillar de forma deliberada la cifra de actuaciones judiciales suspendidas aquellos días, decidió no reunirse ni con los jueces ni con los fiscales y seguir adelante con sus reformas.

Y aunque, por fortuna, la falta de apoyos parlamentarios provocó que desistiera de llevarlas al pleno del Congreso de los Diputados del 22 de julio, anunció que lo volvería a intentar tras el periodo estival. Unas reformas que, si bien afectan a las carreras judicial y fiscal, han sido redactadas sin conversaciones previas con sus representantes y sin oírlos ni tener en cuenta su opinión.

Y, además, pese a la inexistencia de justificación (o, al menos, de alguna que pueda darse públicamente), por la vía de urgencia. La extensión de este artículo imposibilita su análisis exhaustivo, de modo que trataré de exponer, en líneas generales, en qué consisten dichas reformas y por qué no solo son innecesarias, sino peligrosas para nuestro Estado de derecho y limitativas de la separación de poderes que debe existir para que un estado sea calificado de democrático.

Primero, se refuerza el poder del Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno y actualmente investigado, como ha confirmado el Tribunal Supremo, por un presunto delito de revelación de secretos, con la consiguiente limitación de la autonomía e imparcialidad de la fiscalía. Y, además, como señaló el Consejo General del Poder Judicial, no se prohíbe que se dirijan órdenes al Fiscal General.

Segundo, se modifica el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, relegando materias jurídicas de indudable importancia a un examen tipo test, eliminando uno de los exámenes orales e introduciendo un caso práctico, lo que incrementa la subjetividad.

Tercero, la oposición, en la que impera el mérito y la capacidad, según señala la Constitución, deja de ser la vía principal o, al menos, la más atractiva, para acceder a las citadas carreras, ya que se premia a los que acceden por concurso oposición con cinco años de antigüedad ficticia para anticipar su acceso a cargos de designación discrecional.

Y lo que es peor y más flagrante, se incorporan a las carreras judicial y fiscal un total de 1.004 jueces y fiscales sustitutos, que no han superado ninguna oposición, mediante un examen ad hoc, con el consiguiente perjuicio para los miles de opositores existentes, que llevan años formándose y estudiando para convertirse en jueces y fiscales.

Cuarto, se atribuye al Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, competencias para la preparación de oposiciones, lo que implica la creación de un potencial riesgo de selección ideológica de jueces y fiscales.

Quinto, se modifica la composición de la Comisión de Ética Judicial, actualmente formada solo por jueces, elegidos por sufragio universal de todos los miembros de la Carrera Judicial, y se prevé que cuatro de sus nueve miembros sean designados por las Cortes Generales, con evidente peligro de designación partidista y politización.

Y, por último, se limita la financiación de las asociaciones judiciales y fiscales, con reducción de su capacidad operativa y de sus funciones. En resumen, unas reformas innecesarias, peligrosas y, tal vez, demasiado oportunas, que, de aprobarse, no fortalecerán, como dice el ministro, las carreras judicial y fiscal, sino que abrirán la puerta a un eventual control e influencia política que, sin duda, redundará en perjuicio del Estado de derecho, de la separación de poderes, de la democracia y de toda la ciudadanía.