Hay algunos aspectos del tratamiento dado al caso Montoro que no dejan de llamar la atención. El primero de ellos, es ver cómo se le atribuyen las presuntas felonías sólo a él sin mirar hacia otras partes. Como si en la época en que eran presidentes de Gobierno Aznar y M. Rajoy las leyes no fueran aprobadas, en primera instancia, por el Consejo de Ministros.

Si se cumplieron las ordenanzas (y en un gobierno cuartelero como el de Aznar es improbable que alguien se las saltara) las decisiones fueron colegiadas y recibieron el beneplácito de quien presidiera el Consejo. O sea que la responsabilidad del desaguisado alcanza de pleno a Aznar y a M. Rajoy.

Lo de Montoro no es un chanchullo unipersonal o de una pequeña camarilla. Exige la participación de todos los encausados y la de otros colaboradores necesarios, empezando por los miembros del bufete que recibía las comisiones y de los directivos de empresas que pagaron (lo que es delito) y callaron (que también lo es).

Pero hay otro asunto mucho más relevante: el caso ha sido investigado por un juez ordinario de un juzgado ordinario. Hoy eso es casi una garantía, porque antes, fiscales cuyo nombramiento dependía de según quién no vieron indicio de delito alguno en las actividades del ex ministro.

Seguramente no es casualidad que el caso Montoro (y también el 3% de la antigua Convergència) fueran instruidos y no archivados por jueces de a pie.

Nunca ha habido una reforma seria de la justicia en España, aunque tras la dictadura hubo que hacerle algún maquillaje de urgencia. Entre otros afeites, el antiguo Tribunal de Orden Público (pensado para defender al gobierno ilegítimo de cualquier tipo de oposición) se convirtió en la actual Audiencia Nacional.

La sede de la Audiencia Nacional en Madrid

La sede de la Audiencia Nacional en Madrid Diego Radamés EUROPA PRESS

Para un juez, la Audiencia, el Supremo y el Constitucional son una promoción, más vinculada a las simpatías que despierte en los partidos (o en sus delegados en la judicatura) que a méritos profesionales. El resultado es una justicia sobre la caben todas las dudas y alguna más, como se ha ido viendo en los últimos casos dirimidos en las instancias de jueces promocionados.

Que cada caso acabe en un juez por sorteo no es garantía absoluta de la imparcialidad en el tratamiento. Pero que los procesos que afectan a partidos políticos vayan a ser instruidos por un juez que debe el complemento de sueldo a ese mismo partido no puede dejar de suscitar suspicacias e incluso sospechas.

Esto enlaza con la cuestión de los aforamientos. Los aforados sólo pueden ser enjuiciados por jueces promocionados (Audiencias territoriales o el Supremo). Nuevamente conflicto de intereses, porque el diputado que pueda ser juzgado no ha llegado al escaño desde su casa sino que lo ha hecho en las listas de un partido, que se puede sentir herido o agradecido en función del trato que se le dé.

No parece que el ambiente político esté para modificar las normas del aforamiento. Por el encono con que se tratan los dos principales partidos del Congreso y porque esos mismos partidos han sido tradicionalmente los más beneficiados por la situación. Lo primero sirve de excusa para lo segundo y ambos perpetúan una injusticia, pero que les conviene.

Hay una última cuestión nada desdeñable. Ahora que Díaz Ayuso se harta de repetir que esto es Venezuela, convendría preguntarle si no es mucho más venezolano (en el peor sentido del término) que un gobierno utilice la policía  para espiar a la oposición y si no encuentra nada, se lo invente (como parece que hacía Fernández Díaz) y, para colmo, aproveche el acceso a la información fiscal para chantajear a periodistas y empresarios (como se sospecha que hacía Montoro).

Pregunta retórica: se lo tenían tan callado que, pese a la cantidad de gente que tuvo que colaborar, no se enteraron nunca los superiores. Ni el Aznar amigo de Bush ni M. Rajoy (sea quien sea, porque algunos jueces promocionados parecen tener dudas de quien pueda estar detrás de esa denominación tan frecuente).