Imagen de un almacén de Carburos Metálicos en Cataluña
La catalana Carburos Metálicos, enmarañada en el 'caso Montoro' destapado en Tarragona
La filial de Air Products pagó presuntamente a una empresa del exministro a cambio de legislación favorable
Más información: Un juez imputa al exministro Montoro por favorecer a empresas gasistas
La histórica empresa afincada en Cataluña Carburos Metálicos es una de las enmarañadas en el caso Montoro destapado en Tarragona, y que investiga si diversas firmas pagaron al exministro de Hacienda y a otros altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) a cambio de legislación favorable. La filial de Air Products, con sede en Cornellà de Llobregat (Barcelona), pudo participar en compensaciones a una empresa del expolítico.
Cree que hay mimbres de ello Ruben Rus, juez de la sala de Instrucción 2 de Tarragona, que ha citado al exministro y a otros ocho altos cargos de aquel Ejecutivo como investigados, tal y como ha explicado El Español. En el marco de esta causa, que ve indicios de hasta siete delitos --como falsedad documental, fraude a la Administración y tráfico de influencias--, hay imputadas 28 personas y seis personas jurídicas. Una de ellas es Carburos.
La asociación
El togado, que ha levantado el secreto de las actuaciones respecto de una causa abierta en agosto del 2018, ha citado también a la francesa Air Liquide, las catalanas Abelló Linde y Messer Ibérica de Gases, la estadounidense Praxair y a la entidad que las agrupa, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales (AFGIM).
A su vez, las personas físicas citadas como investigadas son el mismo Cristóbal Montoro, así como Miguel Ferré, ex secretario de Estado de Hacienda y ahora alto cargo de la consultora Kreab; Diego Martínez-Abril, ex director general de Tributos, y Santiago Menéndez, ex director general de la Agencia Tributaria.
Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, en un acto público
780.000 euros
Ahora, el juez alerta de que hubo supuestos pagos de las enseñas por valor de 779.705 euros al despacho Equipo Económico (EE), fundado por el exministro, entre 2011 y 2019.
Las transferencias perseguían, cree el juez, reformas legislativas favorables a sus intereses. Para ello, hacían los citados "pagos" a EE, que provocaban que los cargos públicos moldearan los cambios de ley. Ello suponía un "presunto abuso del ejercicio de la función pública".
El ex secretario de Estado Miguel Ferré Europa Press
EE lo niega todo
Ante la magnitud de la acusación, EE ha salido al paso para negar de forma "tajante" y "rotunda" cualquier vínculo con esta supuesta trama. En un comunicado, recuerda, además, que Montoro "dejó" el despacho a comienzos de 2008 y que, desde entonces, "ha permanecido completamente desvinculado de la firma". Del mismo modo, se pone a disposición de la justicia para "esclarecer los hechos" que "falsamente" se le imputan.
Asimismo, ha denunciado "la indefensión" que, a su juicio, ha sufrido al haber permanecido el procedimiento judicial durante siete años en una situación de secreto de las actuaciones, "algo absolutamente anómalo", así como "la indefensión derivada" de que no se le haya permitido personarse en el procedimiento para el ejercicio de sus derechos, "pese a haberlo solicitado con carácter reiterado desde octubre de 2023", una vez que conoció por los medios de comunicación la existencia de esta causa.
Historial polémico
Esta muesca en la reputación de las empresas citadas, a la espera de que la justicia determine si incurrieron en prácticas ilícitas, no es, sin embargo, la primera que sufren en los últimos años. De hecho, desde 2016, Carburos Metálicos, Abelló Linde, Praxair y Air Liquide, entre otras, han sido investigadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La sospecha: posibles prácticas anticompetitivas.
La CNMC puso el foco en supuestos acuerdos para el reparto de mercado, fijación de precios e intercambio de información privilegiada. Esto habría afectado directamente a las licitaciones para el suministro de gases medicinales a escala nacional, dañando la competencia y, potencialmente, encareciendo servicios esenciales.
Estafa y corrupción
Más recientemente, en noviembre de 2020, Messer Ibérica y Carburos Metálicos se vieron envueltas en una investigación judicial. Varios de sus directivos fueron detenidos en Tarragona por un presunto fraude millonario a Endesa. La acusación: estafa, falsedad documental y corrupción en el mercado eléctrico.
Se les señalaba por supuestamente manipular datos de consumo eléctrico durante décadas para conseguir contratos ventajosos. El perjuicio estimado para la compañía eléctrica se cifró en unos 100 millones de euros.
