Un empresario usa la facturación electrónica EP
Ya es oficial: el Gobierno obliga a los empresarios a facturar de manera electrónica por ley a partir de este día
La orden ministerial que desarrollará el nuevo sistema electrónico se aprobará antes del 1 de julio de 2026
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El Gobierno ha dado un paso definitivo contra la facturación en B, con la implantación de la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales.
Tras la publicación en el BOE del Real Decreto 238/2026, el sistema español que desarrollará esta obligación queda ya encauzado normativamente, a la espera de que una orden ministerial concrete los últimos detalles técnicos y operativos.
La medida desarrolla lo previsto en la Ley 18/2022, conocida como Ley Crea y Crece, y fija un cambio de calado para los procesos de facturación en España.
La norma establece un modelo basado en una solución pública de facturación electrónica a la que deberán conectarse todas las empresas. Esa plataforma actuará como punto de intercambio y también como repositorio de las facturas, con acceso permanente para la Agencia Tributaria.
Qué dice la ley
El sistema no se limita a la simple emisión de un archivo digital, exige que la facturación se gestione dentro de un entorno estructurado, interoperable y trazable.
Según la información difundida por Hacienda, la orden ministerial que desarrollará las especificaciones técnicas del nuevo sistema se aprobará previsiblemente antes del 1 de julio de 2026.
Cuándo entra en vigor
A partir de ahí empezarán a correr los plazos de entrada en vigor para las empresas, que dependerán de su volumen de facturación anual.
El calendario previsto distingue entre dos grandes grupos de empresas. Para las compañías con una facturación anual superior a ocho millones de euros, la obligación sería exigible un año después de la aprobación definitiva del desarrollo técnico, lo que situaría la fecha aproximada antes del 1 de julio de 2027. Para el resto de empresas, el plazo se extendería dos años.
![Imagen de archivo de un gato y un perro](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/04\/25\/recomendados\/1003742652190_14481689_320x180.jpg"])
Ese despliegue escalonado pretende dar margen a las organizaciones para adaptar sus sistemas internos, revisar sus procesos y garantizar que la emisión, recepción y archivo de facturas se haga conforme a la nueva norma.
Novedades
En la práctica, el cambio afecta tanto a la relación con clientes como a la relación con proveedores, porque ambas partes deberán operar dentro del mismo circuito electrónico.
El nuevo marco también incorpora una novedad relevante: la obligación expresa de comunicar la fecha de vencimiento del plazo de pago por parte del destinatario de la factura electrónica, junto con la fecha de pago efectivo.
Cómo funcionar el sistema
La facturación electrónica obligatoria no se reducirá a adjuntar una factura en PDF ni a enviarla por correo electrónico. El modelo que se implanta exige el intercambio de facturas en formatos estructurados y compatibles con los requisitos del sistema.
La Agencia Tributaria mantendrá acceso a la información almacenada en la solución pública y al flujo de facturación que se canalice por ella.
Cómo afecta a las empresas
Las empresas podrán operar de tres maneras. Podrán conectarse directamente a la solución pública, podrán utilizar plataformas privadas interoperables conectadas con esa solución o podrán combinar ambas opciones.
En cualquiera de los casos, tanto la emisión como la recepción de facturas deberá realizarse a través de alguno de esos canales válidos.
![Guía para consultar el borrador de la renta](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2021\/12\/30\/business\/638706126_7587282_320x180.jpg"])
La norma prevé además que la solución pública pueda convivir con proveedores privados, siempre que exista interoperabilidad y conexión efectiva con el sistema central.
El cambio tendrá efectos directos sobre los procesos internos de facturación, gestión documental y control de cobros.
Impacto en las compañías
Las empresas deberán mejorar la calidad y coherencia de los datos de clientes y proveedores, además de adaptar sus sistemas para gestionar las comunicaciones obligatorias sobre aceptación o rechazo de facturas, vencimiento y pago efectivo.
Ese ajuste afectará especialmente a compañías con mayor volumen de operaciones, pero también a pymes y profesionales que hasta ahora trabajaban con sistemas más simples.
Qué persigue la ley
En cualquier caso, el nuevo entorno obliga a revisar los programas de facturación, los flujos de validación y las relaciones con proveedores tecnológicos, porque la adaptación no será únicamente legal, sino también operativa.
El Ejecutivo enmarca esta obligación dentro de una estrategia más amplia de digitalización y control de plazos de pago, pero el objetivo es dotar al sistema de mayor transparencia, reducir errores y mejorar el seguimiento de las operaciones entre empresas y profesionales.
