Bruselas marca el camino a España: prohibirá a los inmigrantes regularizados mudarse a otros países de la UE

La nueva regularización de migrantes impulsada por el Gobierno español ha reabierto el debate sobre los límites de la movilidad dentro de la Unión Europea.

Bruselas ha recordado que un permiso de residencia concedido por un Estado miembro no da derecho automático a circular ni a instalarse en el resto del espacio Schengen.

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Esto se traduce en una realidad muy clara y directa: los migrantes que obtengan la autorización en España seguirán sometidos a las normas comunes de entrada y permanencia del conjunto de la UE.

La Comisión Europea ha insistido en eso, la regularización de personas migrantes es una competencia nacional, sin embargo esas decisiones no pueden alterar el funcionamiento del sistema europeo.

Qué implica

En la práctica, eso significa que un permiso emitido por España no convierte a su titular en residente legal en otro país de la Unión.

Si esa persona se desplaza y no cumple los requisitos del Estado de destino, podrá ser devuelta a territorio español, que sería el país responsable de la autorización inicial.

Qué dice Bruselas

Ese mensaje ha sido trasladado con claridad por el portavoz de Migración de la Comisión, Guillaume Mercier, al recordar que cualquier persona con un permiso de residencia nacional que se encuentre en situación irregular en otra parte de la UE, o que solicite asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al país que emitió el permiso.

El mensaje que lanza Bruselas es contundente: la regularización en un país no puede convertirse en una vía indirecta de acceso al resto del espacio comunitario.

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La advertencia europea cobra especial relevancia después del anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que prevé regularizar a más de medio millón de inmigrantes mediante un Real Decreto.

Según el planteamiento del Gobierno, podrán acceder a una autorización de residencia de un año quienes acrediten un tiempo mínimo de permanencia en España y no tengan antecedentes penales graves.

Posibilidad de expulsión

La medida también prevé suspender los procedimientos de expulsión en curso para los beneficiarios que entren en el nuevo marco legal. Mientras, desde la Comisión evitan valorar el fondo político de la iniciativa española, pero sí remarcan sus efectos sobre el sistema migratorio europeo.

La normativa comunitaria en materia de retorno y asilo establece mecanismos para impedir que una regularización nacional se traduzca en movimientos libres por toda la Unión.

Detalles de la UE

En otras palabras, el permiso español no equivale a una puerta abierta al resto de países Schengen, sino a una autorización limitada al territorio que la concede.

Pero la posición de Bruselas no es nueva. El comisario europeo de Interior e Inmigración ya había advertido en ocasiones anteriores de que un permiso de residencia nacional no constituye un “cheque en blanco” para moverse sin restricciones por la UE.

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Con esa idea, la Comisión pide a los Estados miembros que evalúen no solo el impacto interno de sus decisiones, sino también sus posibles efectos en sus socios europeos.

Este mensaje se ha tomano como una advertencia. Y es que el anuncio del Gobierno español ha generado inquietud en varias capitales europeas.

Los miedos de Europa

Algunos ejecutivos temen que una regularización de gran escala pueda tener un efecto llamada, al atraer nuevos flujos migratorios y facilitar después desplazamientos hacia otros Estados con condiciones laborales o sociales más favorables.

Esa preocupación se inscribe en un clima político más amplio, marcado por la presión sobre los sistemas de acogida y por el endurecimiento progresivo de la política migratoria europea.

Qué quiere Bruselas

En los últimos años, la Unión ha apostado por reforzar el control de fronteras, frenar las redes de tráfico de personas y acelerar las devoluciones de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario.

Es por eso que cualquier regularización nacional de gran alcance se examina con atención por parte de Bruselas. No es cuestión de analizar solo el impacto doméstico, recuerdan, sino por sus posibles consecuencias en el equilibrio del espacio Schengen.