El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

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Ya es oficial: España prohíbe la entrada al país a las personas a las que les falte un documento en vigor

Las autoridades subrayan que la mejora de los controles fronterizos y la verificación sistemática de la documentación contribuyen a reforzar la prevención de la inmigración irregular

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España ha endurecido de forma oficial el control en sus fronteras al reforzar la exigencia de documentación necesaria para entrar en el territorio nacional.

Desde ahora, todas las personas que intenten acceder al país, tanto por motivos laborales como turísticos, deben acreditar su identidad mediante un pasaporte válido o un documento nacional de identidad en vigor, requisitos que ya existían en la normativa general de Schengen, pero que se aplican con mayor rigor en la práctica.

Esta medida afecta tanto a ciudadanos de países de la Unión Europea como a terceros países, a pesar de la libertad de circulación entre los Estados miembros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado que, de acuerdo con la legislación vigente, no es posible franquear la frontera sin uno de estos documentos en regla.

Normativa reforzada

Aunque la normativa no es nueva, el cambio se ha materializado en una mayor vigilancia en puntos de entrada aéreos, marítimos y terrestres, así como en controles más estrechos sobre el tiempo de estancia y la justificación del viaje.

La decisión se enmarca en el refuerzo general del control fronterizo y de los flujos migratorios que se ha venido impulsando en los últimos años en la Unión Europea.

Objetivo de la norma

La medida cobra especial relevancia en un país como España, donde el turismo y el empleo relacionado con el sector servicios representan un peso destacado en el PIB y en el mercado laboral.

La Administración insiste en que la exigencia de un pasaporte o del DNI en vigor no busca dificultar los desplazamientos, el objtivo es asegurar que la entrada y la estancia en el territorio nacional se realicen de forma ordenada, trazable y conforme con la normativa europea.

El control documental permite, además, conocer mejor quién entra, quién permanece y por cuánto tiempo, información clave para la gestión migratoria y la seguridad interior.

Las autoridades fronterizas señalan que el hecho de no presentar el documento necesario puede derivar en la negativa de entrada al país, aunque la legislación contempla cierto margen de discrecionalidad.

Contexto europeo

En el caso de ciudadanos de la Unión Europea que acrediten su identidad por otros medios, como tarjetas sanitarias europeas, permisos de residencia o documentos complementarios, las autoridades pueden valorar la situación de forma individual y, en algunos casos, permitir la entrada o facilitar la tramitación de la documentación que falta en un plazo razonable.

El objetivo es evitar perjuicios innecesarios en la libre circulación dentro del espacio comunitario, que sigue siendo un principio fundamental del tratado.

Normas generales

Por otra parte, el esquema de salida del país se mantiene alineado con el resto de Estados miembros de la UE.

La normativa española establece prácticamente las mismas reglas para abandonar el territorio que las vigentes en otros países del bloque, sin que, en general, se exijan controles internos adicionales dentro del espacio Schengen.

La diferencia principal radica en la atención específica a la documentación del pasajero a la hora de cruzar la frontera exterior, tanto al llegar como al salir de España.

Desde el punto de vista de la seguridad, las autoridades subrayan que la mejora de los controles fronterizos y la verificación sistemática de la documentación contribuyen a reforzar la prevención de la inmigración irregular, la delincuencia transfronteriza y otros riesgos para el orden público.

Apuesta por la movilidad

Al mismo tiempo, el Gobierno insiste en que la nueva rutina se diseñe de forma proporcional, evitando fichajes masivos y garantizando el respeto a los derechos fundamentales de quienes viajan al país.

En cualquier caso, España, como uno de los destinos más visitados del mundo, intenta así equilibrar la necesidad de seguridad y control con la preservación de la movilidad de personas dentro de la UE, siempre que estas cumplan con los requisitos básicos de identificación y permanencia.