El problema de la vivienda no solo afecta a quien quiera emanciparse en una ciudad accediendo a una casa o piso. Ahora, también es uno de los principales problemas para los que inician sus estudios universitarios o los que buscan oportunidades profesionales fuera de sus ciudades o país.
En el caso de Barcelona, hay más demanda que oferta y dentro de esta curva es digno de estudio los precios inaccesibles que pueden encontrar los estudiantes y sus familias, teniendo que asumir un precio medio de alquiler supera los 450 euros por habitación más gastos aparte, siendo la capital catalana una de las ciudades más caras de España.
El mercado es escaso y se convierte en una prueba de fuego debido a la reducida oferta con la que cuentan. Los altos costos de vivienda, el bajo poder adquisitivo y la precariedad laboral hacen que la emancipación sea difícil.
En Talent Match, recogen el testimonio de un argentino de 34 años que es “intérprete de inglés, pero trabajo en una empresa de integraciones de casinos de videojuegos”. Un puesto de trabajo que gana una franja salarial desde 28.000 a 32.000 euros".
El trabajador, actualmente, vive de alquiler y destina gran parte de su sueldo a ello, ya que los precios que hay en Barcelona son elevados, mientras que los sueldos se mantienen. "Estoy alquilando una habitación en Sagrada Familia, estoy pagando 570 € mensuales. Vivir hoy en día en Barcelona creo que me cuesta de mi salario un 65%", afirma.
¿En qué consiste las zonas tensionadas?
Cataluña ya cuenta con numerosas zonas tensionadas, entre ellas Barcelona, lo que permite al Ayuntamiento limitar los precios del alquiler y, por ende, sancionar a los propietarios que no respeten los límites o ponga vivienda turística que en zonas tensionadas no se puede incrementar.
Por tanto, la Ley de Vivienda regula un procedimiento para tratar de contener los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en años anteriores fueron especialmente elevados.
Este mecanismo establece una serie de bonificaciones fiscales para que los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior.
También, se establece un índice de precios de referencia para los alquileres de la vivienda y sobre el que los grandes tenedores están obligados a fijar los precios de sus contratos.
Además, se fija la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.