Los propietarios de salas de cine han seguido los pasos del ocio nocturno llevando la orden de cierre de la Generalitat ante los tribunales.
El Gremio de Cines de Cataluña ha presentado este lunes un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Govern por la que se adoptan medidas especiales para contener el brote de coronavirus. Para el sector, la suspensión de actividad es "arbitraria" y "desproporcionada" y piden su anulación inmediata.
"Buscar el amparo judicial"
El Gremio de Cines ha denunciado que "siguen esperando la respuesta del Procicat a su solicitud de reapertura tras diez días cerrados", por lo que "ante la indefensión creada por la falta de respuesta" ha tomado la decisión de "buscar el amparo de la justicia para proteger a los cines afectados".
La entidad ha defendido que participa en la comisión Actúa Cultura Segura y sigue en interlocución con el Govern para buscar soluciones que "flexibilicen la resolución" y que permitan "reanudar la actividad de manera inmediata".
Un cierre político
La asociación ha asegurado que el cierre "no responde a base científica ni médica, ya que son entornos más seguros que otras actividades que se mantienen abiertas". Asimismo, han reivindicado los protocolos de seguridad europeos y del Procicat que siguen las salas catalanas.
El Gremio de Cines ha incidido en que según el plan aprobado el 3 de julio, sus negocios "son espacios más seguros y más aptos para la implementación de medidas y protocolos de seguridad" que otro tipo de locales.
Ruina económica
Las salas han reivindicado que, según un estudio reciente, la mayoría de espectadores están "altamente satisfechos con las medidas de seguridad" y han alertado de que el cierre total "supone unas pérdidas económicas inasumibles e irrecuperables".
En ese sentido, el gremio ha destacado que la exhibición de cine en la comunidad catalana representa el 18% del total del mercado en España. Durante el estado de alarma un 83,3% de las salas han sufrido problemas de solvencia y, por cada día de cierre, se pueden perder 1,3 empresas y 214.000 euros a las arcas públicas.