Las discotecas recurren al TSJC el cierre decretado por el Govern

La patronal catalana del ocio nocturno Fecalon ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la decisión del Govern de ordenar el cierre de discotecas al considerar que vulnera derechos fundamentales como la libertad de empresa: "La necesidad y el miedo no lo justifican todo".

En un recurso presentado ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, la patronal ha solicitado la suspensión cautelar de la medida y alega que la decisión del Procicat, tomada para contener los rebrotes de coronavirus, vulnera el ejercicio del derecho a la libertad de empresa, la dignidad de la persona y la igualdad ante la ley. "No pueden limitarse (los derechos fundamentales) aunque todos podamos pensar que existe una justificación como es el caso. Hemos de exigir que las limitaciones de derechos se hagan conforme a nuestro sistema constitucional. La necesidad y el miedo no lo justifican todo", sostiene Fecalon en su escrito.

Crítica contra el señalamiento

La organización acusa al Ejecutivo catalán de "señalar a unas actividades como foco de contagio cuando ello no se ajusta a la realidad" y de no haber acreditado la necesidad de adoptar una medida "tan drástica" que atenta "claramente contra la libertad de empresa de infinidad de establecimientos".

"Las medidas higiénico sanitarias adoptadas en los establecimientos de ocio nocturno, no consta acreditado que sean insuficientes, del mismo modo que carece de sentido señalar a discotecas y salas de fiestas como lugares de riesgo", sostiene el escrito.

Salas sin abrir

Recuerda además que, ante la prohibición de abrir las pistas de baile, la mayoría de discotecas y salas se han convertido en "simples locales de hostelería con un volumen de música más elevado", lo que ha provocado que "multitud" de ellos "directamente hayan optado por no abrir sus puertas". De hecho, según Fecalon, sólo entre el 30% y el 40% de estos establecimientos había retomado la actividad tras el estado de alarma.

"Se está apuntando a unas actividades, estigmatizándolas, y adoptando medidas sobre la base de hipótesis sin fundar, lo que demuestra que la norma que hoy se impugna es un despropósito, dicho en estrictos términos de defensa", insiste la organización empresarial, que acusa a la Generalitat de un "trato discriminatorio (...) del todo injustificable".