El Govern tira de los Next Generation para regenerar los barrios más pobres de Barcelona

“Que no nos hablen de nanosatélites y de 5G”. Los vecinos de Nou Barris discrepan de las prioridades de la Generalitat de Cataluña. Barrios humildes como Canyelles, Torre Baró, Vallbona, Roquetes o Ciutat Meridiana no entienden de nuevas tecnologías, pero sí de vivir en pisos que necesitan con urgencia ser rehabilitados. El paso del tiempo ha castigado duramente estas zonas donde se construyeron edificios deprisa y corriendo para acoger el aluvión de trabajadores procedentes del resto de España en los años 60.

La mala calidad de los materiales derivó en aluminosis (en el Turó de la Peira todavía recuerdan el hundimiento de una finca que causó una víctima mortal y varios heridos) o carbonatosis (en Canyelles). Sin embargo, los recortes aplicados por el gobierno de Artur Mas y su rechazo a la ley de barrios aprobada por el tripartito han frenado la rehabilitación de esas viviendas, hasta derivar a una situación insostenible.

"Huérfanos de la Generalitat"

“Nos sentimos huérfanos de la Generalitat”, explica un habitante de Torre Baró, cuyos vecinos tienen la renta más baja de Barcelona. Hace unas semanas, los partidos que apoyan al Govern votaron en contra de una propuesta de resolución (PR) presentada por el PSC-Units consistente en una línea de ayudas para la rehabilitación y el mantenimiento de las viviendas de Torre Baró, un barrio situado entre el río Besós y las pendientes de Collserola “con fuertes pendientes y una calidad en sus edificaciones que dista mucho de la calidad urbanística que presenta Barcelona, tanto como capital de Cataluña como ciudad referente a nivel europeo”, explica la PR.

“Su carácter aislado, acentuado con la discontinuidad urbana con su entorno más inmediato”, así como “el aislamiento de las infraestructuras viarias provenientes de la Avenida Meridiana” y “el desorden de los trazados urbanos, con una red viaria realizada sobre líneas de acceso de grandes pendientes con trazados tortuosos e irregulares”, son algunos de los argumentos utilizados por los socialistas para instar al Govern a aprobar una línea de ayudas específicas para la rehabilitación y mantenimiento de las viviendas. Pero los independentistas tumbaron la iniciativa parlamentaria.

La consejera de Derechos Sociales del Govern, Violant Cervera / EP

La PR dio lugar a un intenso debate en la Comisión, así como a una batería de preguntas formuladas por el diputado Mario García, primer secretario del PSC en Nou Barris, sobre la situación en esos barrios degradados.

En respuesta a esas preguntas, la Consejería de Drets Socials, con Violant Cervera al frente, ha explicado que el principal programa de rehabilitación que se lleva a cabo en Nou Barris es el de Canyelles, con una aportación por parte de la Generalitat del 60% del importe que corresponde al Consorcio de la Vivienda de Barcelona desde donde, en las primeras seis fases ejecutadas, se han destinado 16,5 millones a la rehabilitación. Se prevé que, para las fases 7 a 11, se atienda a más de 1.000 viviendas, unas “nuevas actuaciones que irán a cargo de fondos obtenidos del programa Next Generation y de aportaciones del Consorcio financiadas parcialmente por la Generalitat”. Los fondos europeos van destinados a proyectos de sostenibilidad urbanística y la administración catalana recurre a ellos para apoyar esa regeneración en barrios degragados.

Mantenimiento e inspecciones

Sobre las viviendas adquiridas por la Agencia de Vivienda, de las 194 con resolución positiva de ejercicio de tanteo y retracto en Barcelona a fecha 14 de febrero, 88 corresponden al distrito de Nou Barris, lo que supone un 45% del total. Informa también el Govern de actuaciones de mantenimiento e inspecciones realizadas en ese distrito, que incluyen limpieza de alcantarillado, ascensores, protección de incendios, baja tensión, placas solares o prevención de plagas.

Pero para Mario García, esas actuaciones no son suficientes. “Hay deficiencias históricas que no pueden resolverse con una cosmovisión centrada en el presente. Las políticas de vivienda están incluidas en Drets Socials, pero deberían estar asociadas al urbanismo y el crecimiento de la ciudad. Corregir las desigualdades pasa por cuidar los espacios públicos y la vivienda”, explica a Crónica Global.

Y también por una mayor inversión, afirma el socialista, quien recuerda los 1.350 millones de euros que debe la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona, pues “por sí solo, no puede asumir todas las políticas de vivienda”.