Barcelona limitará la implantación de bares, restaurantes y tiendas en el Eixample

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este viernes que limitará la implantación de bares, restaurantes, locales musicales y tiendas de alimentación en el Eixample para que la pacificación con la "superisla" no incentive la sustitución de los comercios tradicionales y para evitar la gentrificación.

El plan especial de usos, que ha sido aprobado por el gobierno de Colau, se abrirá a un periodo de exposición pública durante dos meses. Con la implementación de la nueva medida, el ayuntamiento permitirá un máximo de 5 locales dedicados a estas actividades en un radio de 50 metros y un máximo de 18 locales en un radio de 100, en todo el Eixample.

Evitar la gentrificación

La nueva regulación municipal, que fue aprobada ayer, no tiene efecto retroactivo, por lo que no afectará a aquellos establecimientos que ya cuenten con estas licencias. Por este motivo, en algunas zonas del Eixample se superarán los cupos que impone la nueva medida.

Janet Sanz, la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad ha señalado que el propósito es evitar la gentrificación comercial y proteger a los pequeños negocios, No obstante, Sanz aclara que, aunque el consistorio fijarán límites, no prohibirá ninguna actividad.

El 28% de los locales son de restauración

Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Barcelona, en la actualidad hay 14.216 locales comerciales en el Eixample. De estos, el 28% están dedicados a la restauración, al autoservicio, a comercios de alimentación y locales musicales. Solo las actividades de restauración y degustación suman el 20% de los establecimientos del Eixample y el 30% de los de toda la ciudad, una cifra que la teniente de alcalde ha calificado como “sobrerrepresentación”.

La propuesta para el plan de usos tendrá vigor en todo el Eixample excepto en los mercados municipales y sustituirá los planes de usos de Sant Antoni y la calle Girona. Ahora se abrirá un periodo de prueba de dos meses y un proceso participativo en el que vecinos, comerciantes y entidades podrán opinar para mejorarlo o decidir si su vigencia será definitiva.