Lidl, Sareb y BBVA denuncian el caos urbanístico de un pueblo de Tarragona

El gigante de los supermercados alemán Lidl ha decidido tirar por la vía judicial para solventar los obstáculos urbanísticos que le han impedido instalarse en una pequeña localidad de la costa de Tarragona, Ametlla de Mar. El municipio que está gobernado por el vicepresidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni (ERC). 

La multinacional ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los planes municipales que están vigentes. Intenta obtener por este camino un marco normativo del territorio que le permita finalmente empezar las obras y construir en una parcela de terreno que es de su propiedad en la entrada de la población.

El consistorio aseguró en agosto de 2016 que no entraba en sus planes facilitar las licencias necesarias para que Lidl ejecutara su inversión por un compromiso electoral. El de no facilitar la instalación de nuevas superficies comerciales fuera del núcleo urbano de la población.

La denuncia de Sareb

No plantea la batalla judicial en solitario. El ayuntamiento debe hacer frente a un corolario de recursos que el alto tribunal catalán ha admitido a trámite.

Al de Lidl se le suma la demanda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El llamado banco malo de España también persigue que se anule la regulación urbanística vigente y se empiecen desde cero los trámites. Intenta conseguir las licencias necesarias de las promociones que le fueron traspasadas en la zona costera y poder iniciar su comercialización.

La inmobiliaria de BBVA y otras entidades locales

Otras compañías que también han presentado una demanda ante el TSJC son la inmobiliaria vinculada al BBVA, Anida Operaciones Singulares, la empresa local Bon Capo y la asociación de afectados por el plan de mejora urbana Sant Jordi D’Alfama Polígono 1, además de dos particulares, María Elisa Andrés y Jaime García.

En línea a las demandas del gigante del gran comercio y de Sareb, intentan conseguir la ordenación urbanística más favorable para las inversiones que tienen o han planificado en la zona.

El caos urbanístico de Ametlla de Mar

El Ayuntamiento de Ametlla de Mar arrastra problemas urbanísticos desde hace años. Fuentes municipales indican que el caos actual parte de dos sentencias que el Tribunal Supremo emitió el año pasado que dejaban sin efecto el último Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), aprobado en 2010.

Ante este escenario, el consistorio republicano decidió reiniciar los trámites. Recuperó la aprobación inicial de todo el organigrama territorial, la de 2008, y dio el primer paso en mayo para conseguir la redefinición urbanística del municipio. Un proceso complejo que puede prolongarse cuatro años.

Los denunciantes han recurrido al juez para enmendar el proceso que se acaba de abrir. Temen que se repita el esquema urbanístico que anuló el Supremo hace un año y que les impedía desarrollar sus respectivos proyectos en el municipio. Será el TSJC el que tenga la última palabra.