Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana
La Generalitat Valenciana ha tenido que rehacer el macroconcurso de ambulancias después de que el tribunal de contratación tumbara el primer pliego por exigir más de 600 millones de euros de experiencia previa.
Sanidad ha bajado ahora el listón a 120,6 millones y confía en que la corrección abra la licitación a nuevos operadores.
El problema es que el sector sigue viendo un campo de juego bastante más cómodo para quien ya está dentro.
El contrato continúa concentrado en un único lote de 579,8 millones de euros que obliga a cualquier aspirante externo a desplegar de golpe bases, vehículos y personal en las tres provincias.
Las empresas locales, en cambio, ya tienen buena parte de esa estructura y pueden concurrir con una flota que el propio pliego permite mantener durante años.
En Cataluña, por ejemplo, el concurso del SEM exige que las ambulancias de soporte vital sean nuevas desde el inicio; Valencia ofrece bastante más margen para aprovechar vehículos usados.
A eso se suma un antecedente que debería hacer levantar la ceja a Sanidad. En el concurso anterior al de 2017, la Comisión Europea ya cuestionó requisitos de la licitación valenciana por su posible efecto discriminatorio sobre operadores externos.
No se puede decir que la historia se repita, porque el nuevo pliego ha corregido precisamente una de las barreras que tumbó el tribunal.
Pero tampoco parece que el presidente Juanfrán Pérez Llorca haya conseguido disipar las dudas sobre quién parte con ventaja.
El 24 de septiembre se acaba el plazo para presentar ofertas y entonces se podrá comprobar si la rebaja de la solvencia ha abierto realmente la puerta a la competencia o si las mismas empresas de siempre siguen teniendo el mejor sitio en la ambulancia valenciana.
