Fabio Manrique, director general de SSG
Un nuevo escándalo ha estallado en el sector de las ambulancias. La Junta de Extremadura abrirá un expediente sancionador a la concesionaria del contrato para el transporte sanitario terrestre en esta Comunidad, que lidera SSG. El segundo operador de España en este mercado ha operado el servicio durante algo más de un mes sin que los vehículos contaran con las autorizaciones pertinentes.
A todas luces, se trata de una actuación notablemente irresponsable. Cualquier incidencia que se hubiera producido en este periodo hubiera multiplicado su gravedad de manera exponencial. Y además, también hubiera dejado al Gobierno extremeño en una situación más que delicada.
En numerosas ocasiones, los trámites administrativos son demasiado lentos y provocan retrasos en elementos tan relevantes como la operación de un servicio tan sumamente crítico como el de las ambulancias. En este caso, la concesionaria realizó los trámites oportunos para obtener las licencias pero, ante los reiterados requerimientos de la Consejería de Transportes, optó por continuar con las operaciones sin contar con la documentación reglamentaria.
La decisión ante un escenario como éste nunca debe pasar por una actitud de, en términos coloquiales, "tirar por la calle de enmedio". En buena medida, también supone un descrédito para el sector. SSG no es un actor cualquiera en este segmento. Comportamientos como éste socava la imagen de compañías que, además, optan a contratos voluminosos por su duración y los elevados costes que implican. En ningún caso es la manera más adecuada de actuar. Pero aun menos si hay vidas en juego.
