El rector de la UB, Joan Guàrdia
La rápida reacción de la Universitat de Barcelona (UB) ante el incidente de seguridad informática detectado en algunos de sus sistemas merece ser reconocida.
Desde el momento en que tuvo conocimiento de lo sucedido, la institución que dirige Joan Guàrdia como rector activó los protocolos correspondientes y puso el caso en conocimiento de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
La adopción en tiempo récord de medidas de contención, monitorización y refuerzo de la seguridad, incluida la renovación de las credenciales de acceso y la interrupción preventiva de determinados servicios, ha permitido reducir el riesgo de nuevas intromisiones.
Además, hasta el momento no se ha detectado ninguna afectación a los datos de la institución. Una respuesta diligente ante un problema que podría haber tenido consecuencias mucho mayores.
Sin embargo, la actuación posterior al incidente no debería impedir plantear algunas preguntas sobre la prevención.
Fuentes del sector de la ciberseguridad consultadas por este medio lamentan que muchos ataques pueden anticiparse, dificultarse o contenerse de manera mucho más eficiente mediante una actualización constante de los protocolos y mecanismos de protección frente a una ciberdelincuencia cada vez más sofisticada.
La UB no permanece, ni mucho menos, ajena a estos sistemas de seguridad. Pero precisamente por su condición de institución pública, por sus dimensiones y por la enorme cantidad de información sensible que gestiona, la exigencia debe ser máxima.
En materia de ciberseguridad, apagar un incendio con rapidez es imprescindible, pero el verdadero reto es conseguir que el fuego encuentre cada vez menos puertas por las que entrar.
