Mònica Sales, líder de Junts per Catalunya en el Parlament
Junts per Catalunya se ha aliado con el Partido Popular (PP) para llevar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposición de ley que busca prohibir la compra especulativa de vivienda.
Esta maniobra parlamentaria consigue dilatar y paralizar de facto la tramitación de una de las reformas habitacionales más relevantes de la mayoría progresista, impulsada por los Comuns y avalada por el Govern, justo en el último pleno del período de sesiones.
Al recurrir al órgano consultivo del Parlament, el debate se pospone previsiblemente hasta el mes de octubre, ganando tiempo para un sector inmobiliario que está en pie de guerra contra la norma.
Los de Mònica Sales defienden el movimiento alegando que la ley invade las competencias municipales al trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad de aplicarla, además de vulnerar el derecho fundamental a la propiedad privada y la libertad de empresa.
Sin embargo, esta pinza puntual con los populares en el Parlament —que calca el bloque de bloqueo que mantienen en el Congreso de los Diputados— les ha costado duras críticas de la izquierda catalana.
Formaciones como los Comuns ya acusan directamente a Junts de "actuar por encargo" de la patronal inmobiliaria y priorizar los intereses del negocio privado frente a la crisis de acceso a la vivienda que sufren los ciudadanos.
