Oriol Junqueras, presidente de ERC
El colapso crónico que sufre la AP-7 desde la liberación de los peajes no es un problema administrativo nuevo ni una crisis que pueda resolverse a golpe de titular o con el clásico cruce de reproches entre administraciones.
La gestión de la movilidad en Cataluña ha entrado en una fase crítica que requiere, de forma urgente, la máxima responsabilidad, rigor técnico y altura de miras por parte de todos los actores políticos.
Una exigencia que se vuelve todavía más perentoria para ERC, dada su condición de socio estratégico y pieza clave para la gobernabilidad tanto en la Generalitat como en el Congreso de los Diputados.
En este contexto, las declaraciones de Oriol Junqueras instando al Gobierno central a “traspasar la titularidad y los recursos” de la autopista si “no sabe hacer el mantenimiento” resultan una aportación estéril que se sitúa lejos de la madurez política necesaria.
Eludir el problema de fondo mediante la reclamación competencial no alivia las retenciones kilométricas que sufren los ciudadanos catalanes a diario ni ofrece una hoja de ruta viable para el mantenimiento futuro de las vías de alta capacidad.
