Pila amarilla a Alba Vergés Crónica Global
La gestión de una crisis sanitaria de la magnitud del Covid-19 exigía rigor, sentido de Estado y, por encima de todo, equidad. Por haber fallado estrepitosamente en este último principio, la exconsellera de Salut, Alba Vergés, afronta un severo juicio en la Audiencia de Barcelona por el trato discriminatorio en la vacunación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El banquillo de los acusados que ocupará Vergés junto a su antigua cúpula no es el resultado de una simple discrepancia de gestión, sino de una flagrante anomalía estadística que el Ministerio Público califica de prevaricación administrativa.
Los datos de la primavera de 2021 son demoledores y hablan por sí solos: mientras el Departament de Salut inmunizaba de forma masiva al 77% de la plantilla de los Mossos d'Esquadra, las tasas de cobertura en la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña apenas alcanzaban un residual 3,6% y 2,8%, respectivamente.
Esta brecha de más de 70 puntos porcentuales supuso dejar desprotegidos a miles de servidores públicos por motivos ajenos a la salud. Tanto es así que tuvo que ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que interviniera de urgencia para obligar a la Generalitat a corregir de inmediato semejante agravio.
Utilizar la salud pública y el calendario vacunal como una herramienta de sesgo político es una línea roja intolerable. La petición fiscal de 12 años de inhabilitación refleja la gravedad de una decisión que se sospecha deliberada. Se pueden cometer errores bajo la presión de una pandemia, pero la arbitrariedad con recursos vitales merece la máxima rendición de cuentas.
