La 'consellera' de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, en el Parlament de Cataluña
La conselleria de Derechos Sociales e Inclusión no se limita a aplicar la ley ELA, sino que redobla la apuesta del Gobierno. La Generalitat hará una aportación extra de recursos para garantizar que los pacientes más dependientes estén acompañados las 24 horas del día, convirtiéndose en la única comunidad autónoma en hacerlo.
El departamento de Mónica Martínez Bravo, con Raúl Moreno Montaña como secretario general, además de contribuir en los mismos términos que el ministerio, tal y como establece la norma, incrementará la cantidad movilizada en los casos más graves hasta llegar a los cerca de 15.000 euros que cuesta un servicio pleno de atención profesional en casa.
Una prestación que libera del copago a las familias sacudidas por esta enfermedad neurodegenerativa motora de fatal desenlace, que implica la contratación de un equipo de varios profesionales para cubrir las necesidades más básicas de centenares de catalanes totalmente dependientes.
Las fundaciones dedicadas a la ELA asistieron ayer con cierto alivio al Parlament para escuchar del president Salvador Illa el anuncio del despliegue, que entrará en vigor a partir del 19 de marzo. Las entidades han celebrado, asimismo, que la aportación extraordinaria de la Generalitat cubre las lagunas de la ley estatal y de la ley de dependencia, a todas luces insuficiente a estos efectos.
