Josep Albert Vallcorba
El presidente de Grup Plana, Josep Albert Vallcorba, ha vuelto a tensar la cuerda en el siempre complejo mapa del transporte interurbano catalán. La compañía, que ya opera más de 90 líneas en Tarragona y el Garraf, ha optado por judicializar la licitación del bus urbano de Calafell –7,4 millones de euros en juego y un servicio esencial para miles de usuarios– pese a no haberse presentado a la convocatoria.
Los tribunales ya habían rechazado un primer recurso de Plana y obligado al Ayuntamiento a corregir aspectos del pliego a raíz de las alegaciones de otra operadora. Pero, incluso después de esta segunda licitación, con Hife como adjudicataria en solitario, Vallcorba ha decidido llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en lo que en el consistorio califican abiertamente como un intento de bloquear el proceso más que de defender un interés real y acreditable.
No es la primera vez que una gran compañía del sector intenta estirar los márgenes de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para preservar posiciones históricas, pero la insistencia de Plana resulta difícil de justificar cuando hablamos de un operador que ni siquiera concurrió al concurso y cuya afectación –según la administración y la propia Hife– es poco más que hipotética.
Mientras tanto, el municipio sigue atrapado en los habituales retrasos por recursos encadenados, y el servicio, crítico en una zona dispersa como el Baix Penedès, queda de nuevo condicionado por la batalla entre operadores.
Vallcorba defiende el peso territorial y la trayectoria del grupo, pero en esta ocasión la estrategia transmite más obstruccionismo que voluntad de competir.
