El expresidente de la Generalitat Artur Mas
La chapuza de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) costará 480 millones de euros de dinero público. La Generalitat de Cataluña deberá pagar ahora 103 millones más a Acciona, que se sumarán a los 377 que ya satisfizo el año pasado a la constructora por la fallida privatización de ATLL. Lo estipula el acuerdo alcanzado entre ambas partes que permitirá cerrar el conflicto y que aún debe validar el Tribunal Supremo.
El litigio se remonta a 2012, cuando el Govern de Artur Mas, con Andreu Mas-Colell al frente de la conselleria de Economía, inició una concesión de la entidad gestora de recursos hídricos sin garantías de legalidad. Agbar, que también competía por la adjudicación, la impugnó, con acierto: los tribunales dictaron que la operación debía revertirse.
Esto llevó a la constructora de la familia Entrecanales a reclamar a la Generalitat hasta 900 millones de euros en indemnizaciones por invertir 50 millones en saco roto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón a la compañía, y forzó a la Administración catalana a emitir una serie de compensaciones.
El pleito seguía abierto a falta de un último pacto que estableciera la cifra definitiva o de que el Tribunal Supremo resolviera los recursos y emitiera su fallo. 13 años después, a la espera de que el alto tribunal lo valide, Acciona dará por cerrado el conflicto con la recepción de una última transferencia de 103 millones de euros adicionales. Un error garrafal que le ha salido caro a los contribuyentes catalanes.
