Esta semana el TSJC ha rechazado los recursos de la Generalitat contra 12 autos del propio tribunal que ordenaban aplicar el 25% en castellano en 12 aulas de sendos colegios catalanes.
A pesar de que el Ejecutivo autonómico trató de esquivar el bilingüismo escolar que establece la jurisprudencia aprobando el Decreto ley 6/2022, los jueces se mantienen firmes: español y catalán deben ser lenguas vehiculares en proporciones razonables.
De momento, en un 25% como mínimo. Pero lo verdaderamente razonable sería impartir alrededor del 50% del horario escolar en cada una de las dos lenguas oficiales. Tiempo al tiempo.
En todo caso, suerte que la justicia (más o menos) funciona en nuestro país. De lo contrario, como ocurre en muchos ámbitos, el nacionalismo catalán camparía a sus anchas también en la educación. Y, en cambio, en este campo hay partido, a pesar de la infame acción de este y de los anteriores gobiernos autonómicos a la hora de perpetrar lo que muchos consideran -con razón- un genocidio cultural.
Pero este optimismo y satisfacción no debe hacernos dejar de denunciar la barbaridad que supone tener que acudir a los tribunales para que nuestros hijos reciban una pequeña parte de la educación en castellano en una comunidad autónoma española.
A cualquier persona de fuera de nuestro país que se le explique lo que ocurre en Cataluña le debe parecer marciano. Y no habrá quien considere a los padres de estos 12 alumnos como héroes solitarios que luchan contra una injusticia.
Sin embargo, no me parece una buena estrategia presentarlos así. Calificar de héroes a los padres que acuden a la justicia para que sus hijos reciban una educación bilingüe en Cataluña puede desincentivar a otros a seguir el mismo camino.
Yo mismo conozco en primera persona a muchos padres indignados porque la administración autonómica catalana somete a sus hijos a la inmersión lingüística obligatoria pese a ser ilegal. Pero todavía tienen miedo de recurrir a los tribunales.
Tienen miedo de las represalias que puedan recibir. Tienen miedo de que sus hijos sean señalados en la escuela. Tienen miedo de que profesores y otros padres les presionen. Tienen miedo de que profesores y compañeros arrinconen a sus hijos.
Pero eso no es así.
A pesar de que se han dado situaciones de acoso impropias de una democracia occidental y más parecidos a una caza de brujas medieval, lo cierto es que la mayoría de las veces los colegios cumplen las órdenes concretas del TSJC. Las propias direcciones de las escuelas se encargan de que así sea, pues el riesgo de no hacerlo es demasiado grande para los implicados.
Por eso, debemos animar a los padres que quieran una educación bilingüe para sus hijos en Cataluña a que no tengan miedo a acudir a los tribunales. Debemos recordarles que no estarán solos, que hay entidades como la Asamblea por una Educación Bilingüe (AEB) -de la incombustible Ana Losada-, o Convivencia Cívica Catalana -del infatigable Ángel Escolano-, que les guiarán en todo el proceso.
Debemos alentarles a que den el paso. Y debemos explicarles que, gracias a que otros padres tomaron la iniciativa hace años, ahora los tribunales sentencian rápido y siempre a favor de los demandantes frente a la Consejería de Educación.
Este es, sin duda, el mejor regalo que unos padres les pueden hacer a sus hijos en la Cataluña actual. Y seguramente se lo agradecerán el resto de sus vidas.