Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, en el Palau de la Generalitat ayer
El acuerdo entre PSOE y Junts para transferir las competencias de fronteras e inmigración a los Mossos d’Esquadra ha abierto un escenario de incertidumbre absoluta para los agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en Cataluña.
A día de hoy, cientos de ellos desconocen su futuro profesional, los plazos del traspaso o las condiciones en las que se llevará a cabo. Tan preocupante como la incertidumbre en sí resulta la actitud del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska quien, lejos de ofrecer explicaciones o garantías a los afectados, ha optado por el silencio administrativo.
Este mutismo no es sólo una falta de cortesía institucional, sino una grave irresponsabilidad política. Un ministro de Interior no puede ignorar la inquietud de los agentes que dependen de su departamento, ni dejar sin respuesta una cuestión que afecta directamente a la estructura de las fuerzas de seguridad del Estado.
Su ausencia de liderazgo en un asunto de tanta relevancia alimenta el malestar entre los policías, genera dudas sobre la viabilidad del traspaso y erosiona la confianza en la gestión del Gobierno.
Marlaska debería pronunciarse. No basta con cerrar acuerdos en los despachos sin considerar el impacto sobre quienes están en primera línea.
Es su deber ofrecer claridad y certidumbre a los agentes que, con o sin traspaso, seguirán velando por la seguridad en Cataluña y en el resto de España. Su silencio no se lee como una actitud prudente: es una falta de respeto hacia el colectivo perjudicado, que agrava el problema en lugar de solucionarlo.
